Tegucigalpa, Honduras
Por considerarla atentatoria a los derechos y garantías individuales de la persona, así como a la libertad de emisión del pensamiento y de la comunicación, representantes de diferentes sectores de la sociedad pidieron ayer al Congreso Nacional reconsiderar y derogar la recién aprobada Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información.
Ver pdf de la Ley de Secretos Oficiales
La referida normativa fue aprobada el pasado martes a iniciativa del diputado nacionalista Rodolfo Zelaya, este arguyó que es necesario que el Estado cuente con un instrumento especial para poder clasificar y proteger aquellos asuntos considerados como materias clasificadas, cuya revelación “podría poner en riesgo la seguridad y la defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales”.
La iniciativa ha despertado la alerta de los gremios de la comunicación, defensores del derecho a la información, organizaciones de derechos humanos e instituciones que salvaguardan esa garantía constitucional, aduciendo que la misma busca garantizar la impunidad en los actos del Gobierno y evitar que decisiones oficiales controversiales sean de dominio público.
Varias organizaciones advirtieron que pedirán la inconstitucionalidad de la normativa ante la Corte Suprema de Justicia.
El nuevo entramado legal tiene como “objetivo establecer el marco jurídico que regula la clasificación especial, sus efectos y las medidas protectoras que se deben brindar a aquellas materias consideradas como clasificadas, por ser estas de interés para la seguridad, la defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales”.
Tendrán carácter reservado, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por el ordenamiento jurídico vigente en el tema. Muchos consideran que la ley es ambigua por cuanto cualquier funcionario podrá alegar la reserva o secretividad de la información alegando que pone en riesgo los “objetivos nacionales”.
La clasificación especial de reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta se declarará a través de resolución especial del presidente de la República, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, de los secretarios de Estado, presidentes, gerentes y directores de entidades descentralizadas del Estado, en el ámbito de sus competencias.
Un aspecto controversial es el que hace referencia a que pueden ser declaradas materias clasificadas todos los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar la seguridad del país.
Este controversial marco jurídico establece varias categorías y plazos para la clasificación de la información tales como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, en atención al grado de protección que requieran.
La desclasificación de la información reservada se hará después de los cinco años, la confidencial después de los 10 años, la secreta después de los 15 años y la ultrasecreta al cabo de los 25 años de solicitada su clasificación, bajo el entendido que el órgano correspondiente podrá ampliar el período de la clasificación.
Otro aspecto que ha despertado la preocupación de los periodistas y los defensores de la libertad de pensamiento y de la comunicación es el contenido en el artículo 11 que se refiere a que cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificara a estos el carácter de clasificado para evitar su divulgación.
Indica que la “persona a cuyo conocimiento o poder llegue cualquier materia clasificada, conforme a esta ley, siempre que le conste esta condición, estará obligada a mantener el secreto y entregarla a la autoridad civil, policial o militar más cercana y, si ello no fuese posible, a poner en conocimiento de ésta su descubrimiento o hallazgo”.
También contempla que los funcionarios y empleados públicos estarán obligados a guardar reserva y mantener el carácter de las materias clasificadas y su contenido aún después de la finalización de sus funciones y no estarán obligados a revelarlos aun en audiencias públicas o privadas administrativas o judiciales.
Retroceso en transparencia
Juan Ramón Mairena, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), deploró que el Congreso Nacional no haya convocado al gremio periodístico y otras organizaciones que defienden la libertad de expresión e información para pedir su opinión en torno a esta controversial normativa.
Mairena fue muy puntual en sus observaciones y dijo que su análisis preliminar es que la Ley de Secretos Oficiales atenta contra el derecho de acceso a la información y menoscaba la existencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la ley que dio origen a esta institución, cuya vigencia ha sido un logro de la sociedad hondureña.
Manifestó que a todas luces la referida legislación limitará el trabajo de los comunicadores sociales para recabar información oficial que sea de interés público y representa un retroceso en materia de transparencia.
“Esperamos que esta ley sea reconsiderada por los diputados y que no sea sancionada por el Poder Ejecutivo para que no quede ninguna duda de la transparencia de la que han venido hablado las nuevas autoridades electas”, apuntó.
Mairena confió que esta polémica iniciativa no haya sido avalada por el presidente electo, Juan Orlando Hernández, a quien pidió hacer una revisión de las implicaciones que conllevan y efectuar las enmiendas que afectan el derecho a la información.
Recalcó que el Colegio de Periodistas profundizará en el análisis de la ley y junto a otras organizaciones que defienden la libertad de expresión y de pensamiento estarán atentos hacer las denuncias correspondientes ante las instancias nacionales e internacionales.
“En la Ley de Acceso a la Información Pública ya había quedado cubiertas todas las excepciones de información que podían afectar la seguridad del Estado, por tanto, vemos innecesaria otra legislación que establezca nuevas reservas a la información oficial”, concluyó.
Carlos Hernández, coordinador de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), compartió que la Ley de Secretos Oficiales representa un retroceso en materia de derechos humanos y de transparencia en las acciones gubernamentales.
“Lo que busca esa ley fundamentalmente es transgredir los derechos de los ciudadanos para acceder a la información pública y garantizarles a los funcionarios públicos que van a poder blindarse a la hora de cometer actos de corrupción”, apuntó.
Enfatizó que en materia de derechos humanos no hay retroactividad, sino progresividad y aquí lo que hay es un total retroceso.
Recordó que después de 2006 Honduras registró un notable avance con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada mediante decreto 160-2006 y en el posicionamiento del IAIP.
Explicó que la nueva legislación aprobada por los diputados faculta a los funcionarios a determinar qué tipo información es reservada o secreta, quitándole esa responsabilidad al IAIP.
“Cada funcionario podrá determinar qué información es de carácter público y reservada y cuál no es conveniente que el pueblo hondureño la sepa, sean estos contratos, licitaciones, contrataciones o adjudicaciones”, afirmó.
Omar Rivera, del Grupo de Sociedad Civil, deploró la ligereza con la que actuó el Congreso Nacional en este tema y advirtió que “una administración pública sin frenos y una institucionalidad pública sin contrapesos puede ser nociva para los intereses del país y de todos los hondureños”.
Rivera dijo que las organizaciones de sociedad civil, los gremios de periodistas, las instituciones sociales y los investigadores deben buscar un mecanismo para revertir esta legislación, aún cuando los diputados no tengan la intención de hacerlo.
Rectora preocupada
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, afirmó que esta legislación es motivo de profunda preocupación en vista que cualquier legislación que se apruebe en el país solo debe ser para el fortalecimiento de la democracia, del Estado de derecho y la defensa de los derechos humanos que ya se han conquistado.
“Ninguna ley que restrinja derechos, que restrinja información, es una ley que beneficia a la democracia, por lo tanto nosotros vemos con preocupación estas legislaciones que se están aprobando porque no sabemos el rumbo que van a tener a futuro”, indicó.
Castellanos reafirmó que lo que hacen este tipo de iniciativas es potenciar a los funcionarios y otorgarles un nivel de discrecionalidad que impedirá saber las determinaciones que están tomando y a quienes benefician. “No podemos entender que se aprueben leyes que debilitan las instituciones y los derechos que ya hemos adquirido como sociedad”, reflexionó.
Concluyó que no es bueno que un funcionario tenga un gran nivel de discrecionalidad por cuanto puede atropellar, transgredir y tomar decisiones que perjudican a la sociedad con el agravante que se va a sentir protegido en sus decisiones.
“Si a un funcionario se le dan atribuciones legales que lo protegen de adelantado, no va tener ninguna restricción, ni se va sentir inhibido en las decisiones que tome porque será consciente que no se van a conocer y van a quedar a la impunidad, lo cual no es bueno para el Estado”, acotó.
Doris Imelda Madrid, comisionada presidenta del IAIP, ratificó que la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales es retroceso a la transparencia y los avances en materia de rendición de cuentas. Además es un menoscabo a la institucionalidad del IAIP.
“Esta ley ha dejado sin acción al Instituto de Acceso a la Información Pública. Otra cosa que no se ha dicho es que limita el actuar del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), linda con la ley orgánica y reglamento del TSC porque le está diciendo a toda la administración central y descentralizada que no tienen por qué dar información”, objetó.
