Tegucigalpa. El presidente Porfirio Lobo reiteró ayer que no sacará a los militares hondureños que durante años han permanecido en la isla ubicada a unos 600 metros de tierra firme en el sector de Goascorán, Valle, sobre el Golfo de Fonseca.
A la vez advirtió ayer que Honduras defenderá la soberanía de la isla Conejo “a costa de lo que sea”.
El gobernante reiteró claramente que las pretensiones salvadoreñas sobre la isla tienen un trasfondo político al señalar que desde que comenzaron los reclamos no ha recibido ninguna llamada telefónica de su homólogo, Mauricio Funes.
“No vamos a retirar a los militares que están ahí hace no se cuantos años, no estamos provocando ningún conflicto, pero como es lógico tenemos que defender nuestra soberanía a costa de lo que sea”, indicó el gobernante.
El próximo lunes una comisión hondureña encabezada por la canciller, Mireya Agüero, viajará a Estados Unidos para solicitar al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) ayuda para lograr el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1992.
El fallo define las fronteras terrestres y marítimas entre Honduras y El Salvador y garantiza la posesión de la isla Conejo, pues esta nunca estuvo en disputa como lo confirmó la misma Corte al rechazar en 2002 un recursos de revisión de la sentencia de 1992. “Yo lamento las tensiones en la zona, no tiene sentido, lo que debemos hacer es tratar de llevar juntos un proceso de desarrollo como lo hemos hablado tanto con el presidente Ortega como con el presidente Funes”, dijo.
Al igual que Honduras el Gobierno de El Salvador también ha acudido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano al cual envió el pasado lunes una carta en la que expone su posición sobre isla Conejo y pide el retiro de los militares hondureños del islote.
La crisis diplomática entre ambos países se avivó luego de que el Gobierno salvadoreño oficializara la compra de 10 aviones de combate Cessna A-37. Honduras calificó la compra como un acto de intimidación, y Nicaragua expresó ayer que respeta la decisión salvadoreña.
