El ambiente en el palacio municipal es tenso. Funcionarios y empleados de la alcaldía de San Pedro Sula saben que la Fiscalía descubrió el nido de corrupción de una mafia que ha operado durante años. Pero nadie habla del tema.
“Esos borrones no son nuevos” se atreven a decir muchos contribuyentes afectados que relatan los abusos de que han sido objeto y piden a los fiscales desenmarañar la situación que ha generado zozobra entre empleados y los afectados de la comuna.
La investigación de Diario LA PRENSA establece que los fiscales ya tienen suficientes indicios para presentar requerimientos contra los implicados en los “borrones” y “jineteo de cuentas” que han propiciado la desaparición de 60 millones de lempiras pagados por los contribuyentes. Pueden ser hasta más de 60 millones, establecen las investigaciones.
Cuatro equipos seguían trabajando ayer en el caso y la oficina de informática fue prácticamente tomada por el Ministerio Público.
El equipo de cómputo fue decomisado y trasladado al Ministerio Público para su peritaje e igualmente legajos de documentos que contenían información sobre los desvíos de fondos de contribuyentes.
Las investigaciones revelan que, con el tiempo, el delito antes llamado borrón ha evolucionado y hoy es conocido como “jineteo de cuentas”, es decir que antes el funcionario o empleado borraba la deuda de quien pagaba por el servicio y ahora se reacomoda dinero de contribuyentes a las cuentas de algunos ciudadanos o empresas.
Las averiguaciones revelan que la próxima semana podría estar listo el informe sobre el caso porque, aunque hay indicios suficientes de la comisión de delitos, se debe ahondar en las investigaciones para desenmarañar la red de corrupción en la Alcaldía que ha operado desde hace años y durante varias administraciones.
Los equipos de fiscales y técnicos que trabajaban en la Municipalidad y en las oficinas de la Fiscalía contra la Corrupción continuaron las indagaciones sobre representantes de empresas afectadas y las víctimas de las irregularidades.
Alrededor de 10 funcionarios y empleados comparecieron el miércoles ante la Fiscalía como testigos para explicar sus funciones en las dependencias de la alcaldía, las cuales fueron intervenidas el lunes.
Informe actual
Trascendió que, este año, un funcionario municipal elaboró el informe Relación de hechos probatorios de borrones de cuentas de contribuyentes, Municipalidad de San Pedro Sula, el cual fue conocido por las autoridades actuales y hoy está en poder de la Fiscalía.
En ese informe se citan como antecedentes las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el delito de malversación de caudales públicos y defraudación fiscal. La primera data del 11 de mayo de 2009 por la comisión de transparencia municipal y la segunda, el 20 de abril de 2013 por una contribuyente.
También se especifica en ese informe que hay pruebas documentadas, entre ellas los comprobantes de reclamo de contribuyentes que pagaron correctamente sus tributos en tiempo y forma y todavía aparecen como deudores en el sistema electrónico de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Se cita la existencia de comprobantes de facturas municipales pagadas con sellos falsos de varias instituciones bancarias locales y las constancias emitidas por dichos bancos.
El documento, elaborado por el funcionario que conoce muy bien el funcionamiento de la Municipalidad porque trabaja allí desde hace muchos años, también contempla que estuvieron a vista de las autoridades los comprobantes de reclamos de contribuyentes pendientes de resolver encontrados en el escritorio de un auxiliar de tesorería. Existe como prueba documentada también un caso de recuperación de la mora atendido por una de las abogadas que laboran en esa dependencia.
Nombres
El informe menciona el nombre de seis testigos, entre funcionarios y empleados municipales de tesorería, auditoría, superintendencia de economía y finanzas y recuperación de la mora. La mayoría de esos testigos son personas que atendieron reclamos de grandes y pequeños contribuyentes afectados.
En ese documento se menciona a implicados directos en los delitos de malversación de caudales públicos de la Municipalidad y existe un apartado de personas sindicadas como altamente sospechosas en la malversación de caudales públicos que aún laboran en las dependencias antes mencionadas y que fueron intervenidas por el Ministerio Público.
Más pruebas
Entre la documentación que está siendo analizada por el Ministerio Público hay un legajo de facturas-recibos de industria y comercio donde se desglosa el impuesto sobre volumen de venta, desechos sólidos y otras tasas con valores millonarios, que supuestamente presentan sellos falsificados de bancos. Hay recibos correspondientes a los años 2011 y 2012.
También hay una serie de requerimientos extrajudiciales emitidos por abogados de las oficinas de recuperación de la mora a empresas y contribuyentes que aparecen como deudores, pero estos al ser requeridos presentaron los recibos pagados.
La lista de 19 empresas que aparecen con mora en la Alcaldía y fueron requeridas mostraron sus recibos y constancias de los bancos donde efectuaron los pagos. Esta información también forma parte del expediente en poder del Ministerio Público.
Las cartas que los contribuyentes han enviado a la Alcaldía expresando su malestar por la negación de solvencias y otros permisos requeridos porque supuestamente están en mora en el sistema -pese a que han efectuado los pagos como hacen constar con los recibos- fueron anexadas al expediente. Hay recibos hasta por 3,082,532 lempiras de instituciones afectadas. Los montos que se investigan van desde 1,200 lempiras hasta cantidades millonarias. La mayoría de los recibos investigados, que suman cantidades exorbitantes, fueron pagados correctamente en instituciones bancarias, pero no aparecen aplicados en el sistema electrónico del banco.
Más casos
Otra denuncia fue de la propietaria de una empresa contra dos empleados que ocupaban cargos de su confianza y, por lo tanto, sus firmas estaban autorizadas para girar cheques a nombre de la compañía.
Según la denuncia, los empleados fotocopiaban cheques en blanco para adulterar la información real de los cheques y supuestamente falsificaban documentos públicos de la Municipalidad de San Pedro Sula. Lo que pretendían, según la denuncia, era hacer creer a la propietaria el cumplimiento puntual de las obligaciones con la alcaldía, pero lo que ocurría es que los denunciados cobraban el dinero y se apropiaban ilegalmente de los fondos, por lo que la compañía aparecía como morosa.
Al descubrir las irregularidades, la perjudicada hizo un arreglo de pago por los impuestos no cancelados a la comuna sampedrana, más intereses y multas por más de 300 mil lempiras.
En este caso supuestamente se falsificaron las firmas de varios empleados y funcionarios municipales. El Ministerio Público establecerá la veracidad de las firmas de los jefes, auditores y empleados que aparecieron en los recibos supuestamente pagados.
Esta denuncia fue puesta en abril pasado y se suma a las que están en investigación, las cuales desnudan la corrupción dentro de la Alcaldía.
Lo que dice el código penal
ART. 370. Malversación de fondos. El funcionario o empleado público que se apropiare de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo o que sin habérsele confiado interviene en dichos actos por cualquier causa.
Art. 392. Defraudación fiscal. Constituye delito de defraudación fiscal toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del fisco.
