San Pedro Sula, Honduras
Más de la mitad de los salvadoreños y hondureños beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen más de dos décadas de residir en Estados Unidos.
La reciente cancelación del TPS a más de 44,000 compatriotas ha despertado el interés de organizaciones civiles dispuestas a agilizar la formalización del estatus migratorio de hondureños.
Un grupo legal en Boston, Massachusetts, llamado Comité de Abogados por los Derechos Civiles y la Justicia Económica, anunció que enmendará una queja legal contra la anulación del TPS para incluir a hondureños.
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La queja original desafió la decisión de la administración Trump de dar por terminado un programa similar que protege a los inmigrantes de Haití y El Salvador.
Para estos dos últimos países, el programa termina en 2019 y beneficia a 250,000 personas en conjunto.
Según los abogados, la decisión de la administración del presidente Donald Trump “viola los principios de igualdad de protección”.
En redes sociales, este Comité, con más de 50 años de existencia, ha expresado su malestar por el fin del TPS.
“Esto es un abuso de poder. Privar a estas familias y niños de la protección de la inmigración humanitaria es cruel e inconstitucional. No nos quedaremos de brazos cruzados, ya que el gobierno federal discrimina a los inmigrantes. ¡Lucharemos esto en la corte!”, expresaron como comentario a noticias de medios que reportaban el fin del TPS para Honduras.
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La demanda fue presentada junto con la organización Centro Presente y, según informaron, está previsto que hoy los congresistas Joe Kennedy y Jim McGovern, más otros funcionarios, se unan en solidaridad con las personas protegidas bajo el TPS y otros inmigrantes indocumentados que han sido criminalizados.
Oportunidad. Para Francisco Portillo, presidente de la Asociación Hondureña Francisco Morazán de Miami, los dieciocho meses de espacio que da el Gobierno de EEUU para que los hondureños busquen opciones.
“Hay tepesianos con hijos nacidos en Estados Unidos y que ya cumplieron los 21 años, pueden hacer un pedido de residencia. También hay otros casados con personas residentes o por medio de sus empleadores y pueden hacer la petición”, expresó el dirigente.
Anunció que en junio se reunirán con más de 430 congresistas y 100 senadores para entregarles una carta en la que solicitarán un proyecto de ley que legalice a beneficiados de Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras, entre otros países afectados. “Nos da suficiente tiempo para trabajar y lo importante es que los hondureños busquen opciones, que no sean apáticos y conformistas”, agregó.
Los hondureños que tenían derecho a solicitar el TPS ingresaron a los Estados Unidos antes del 30 de diciembre de 1998.
Otras reacciones con el fin del TPS
Expectativas de organizaciones civiles “Honduras no está listo para recibir y reintegrar a los inmigrantes que están siendo deportados de los EEUU y otros países como México”, dijo Patricia Montes, directora de Centro Presente.
El 85% de los receptores del TPS tiene un empleo y casi uno de cada cinco trabaja por su propia cuenta. Su salario medio anual ronda los $24,000. La mayoría de los hondureños protegidos bajo el programa TPS trabaja en el sector de la construcción.
