Washington, Estados Unidos
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró ayer que es “falso” que el Gobierno del presidente Donald Trump esté considerando utilizar la Guardia Nacional para detener y deportar inmigrantes indocumentados.
“No es verdad en un cien por cien. Es falso. Es irresponsable que se diga eso”, señaló Spicer en el Air Force One.
Spicer negó la información de la agencia Associated Press (AP) que aseguraba que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había propuesto en un borrador el despliegue de 100,000 efectivos de la Guardia Nacional (una fuerza militar desplegada en situaciones de emergencia y coordinada por los estados) para detener a indocumentados.
“No hay ningún esfuerzo en marcha para acorralar inmigrantes utilizando a la Guardia Nacional”, aseguró Spicer, quien añadió que el documento en el que se basa la información no está originado en la Casa Blanca.
Sin embargo, el portavoz no negó categóricamente que esa posibilidad hubiera formado parte de las discusiones o propuestas para acelerar las deportaciones de indocumentados en algún momento.
Pero el borrador circula entre el personal de Seguridad Nacional desde hace dos semanas. Ayer, empleados de diversas oficinas informaron que se habían iniciado las discusiones respectivas.
El uso de la Guardia Nacional, pensada para 11 estados, según el borrador, iniciaría una militarización sin precedentes de la política migratoria, que se encargan de hacer cumplir autoridades federales dependientes del DHS. El proyecto filtrado incluye el envío de tropas a cuatro estados fronterizos con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Así como a otros siete contiguos a esos cuatro: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana.
| En la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, uun grupo de personas se manifestó en contra del uso de la Guardia Nacional para detener a los inmigrantes y por la detención del “dreamer” mexicano Daniel Ramírez. También salieron a las calles en Nueva York y en Chicago, Illinois
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El memo está dirigido a los entonces directores interinos de dos agencias: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP). Se supone que el memorándum serviría de guía para la aplicación del decreto ejecutivo sobre inmigración y seguridad fronteriza que Trump firmó el 25 de enero. Memos como éste son el complemento habitual de las órdenes ejecutivas.
El proyecto, fechado 25 de enero, dice que la tropa participante estaría autorizada a “realizar las funciones de un agente de inmigración en relación con la investigación, aprehensión y detención de extranjeros en EUA”.
El “dreamer” mexicano
Un juez de Seattle rechazó ayer liberar a un inmigrante indocumentado mexicano detenido hace una semana por agentes migratorios que quieren deportarlo pese a que un decreto presidencial impide su expulsión, informaron sus abogados.
Mientras decenas de personas protestaban frente a la corte reclamando su liberación, el juez federal James Donohue dijo que Daniel Ramírez Medina, que llegó ilegalmente a EUA con sus padres a los siete años y hoy tiene 23, puede solicitar una audiencia para pedir fianza ante un juez migratorio, que debe escucharlo en una semana como máximo. Si en ese plazo no es posible realizar la audiencia, Donohue aseguró que está dispuesto a retomar el caso.
Los abogados de Medina, que reclamaban su liberación, no ocultaron su decepción.
“Seguiremos luchando por la liberación de Daniel mientras el gobierno prosiga con su detención injustificada e ilegal”, aseguró uno de ellos, Mark Rosenbaum, de la asociación Public Counsel. No obstante, la audiencia migratoria expeditada “nos dará una nueva oportunidad para solicitar su liberación”, afirmó.
El gobierno asegura que Ramírez confesó ser integrante de una pandilla. Pero sus defensores dicen que fue presionado para hacer esa afirmación, que el joven -padre de un niño de tres años- no tiene antecedentes penales, nunca cometió un crimen y nunca perteneció a ninguna banda criminal.
“Liberen a Daniel”, “Ningún ser humano es ilegal”, “Paren con las deportaciones; no más familias separadas”, se leía en algunos carteles de los manifestantes frente a la corte federal de Seattle.
