04/11/2024
04:33 AM

Imparable la tala en la reserva Mico Quemado de Honduras

En cabildo abierto piden que se frene el cultivo de palma.

El Progreso, Yoro, Honduras.

La tala e incendios que provocan los dueños de terrenos para el cultivo de palma de aceite en la reserva Mico Quemado genera preocupación a los progreseños, quienes exigen a sus autoridades la aplicación de la Ley para que también se frene el daño que se causa a las fuentes de agua.

En un cabildo abierto desarrollado en la Alcaldía de El Progreso, los habitantes de La Perla del Ulúa pidieron a la Corporación Municipal que haga algo para evitar que dichos cultivos arrasen con las 24 fuentes de agua que abastecen a los municipios de Santa Rita y El Negrito.

“Hacemos lo que está a nuestro alcance. Lamentablemente, el atraso en la aplicación de la Ley en contra de los depredadores y quienes están destruyendo la reserva se da en la Fiscalía del Ambiente. Presentamos 16 casos bien documentados, pasaron más de tres años y esas autoridades aún no dan respuesta”, dijo Guillermo Galeas, regidor de la comuna de El Progreso.

“No hay voluntad”

Carlos Ramírez, presidente de la Federación de Patronatos, es del criterio que no ha habido voluntad de las autoridades locales para parar la deforestación.

“Desde hace cinco años se dice que está trabajando para castigar a los responsables y nada de eso ocurre. Las hectáreas de plantas de esa fruta siguen acaparando más zonas de la montaña”, indicó Ramírez.

El dirigente se quejó además del alto grado de contaminación en los ríos, por lo que exigió que se detenga esa “mala práctica” que atenta contra la salud de decenas de personas del sector de Guaymas.

Zulay Rivas, jefa del Departamento Ambiental de la Alcaldía, manifestó que ellos dependen de las denuncias que haga la población.

“Si los habitantes que residen en la montaña no avisan de lo que está ocurriendo, es difícil conocer la situación y a la vez proceder contra los depredadores”, explicó Rivas. LA PRENSA trató de conocer la versión de los encargados de la Fiscalía del Ambiente en San Pedro Sula, pero fue imposible contactarlos.