Tegucigalpa, Honduras.
El Gobierno, con el apoyo del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), lanzó ayer una iniciativa para reducir la deforestación y la degradación de los bosques.
Con este fin, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que depende del Banco Mundial, financiará con 3.6 millones de dólares el proyecto, el cual involucra a los grupos étnicos en cuya influencia está la mayor parte del bosque afectado.
En las últimas cuatro décadas, en Honduras se han deforestado 1.7 millones de hectáreas de bosque y, pese a este problema, el país aún no tiene las herramientas adecuadas para definir y medir el impacto en los activos forestales, las emisiones de gases de efecto invernadero, ni la información detallada y analizada sobre las causas reales de la deforestación.
Tala ilegal
Estudios de evaluación forestal de la FAO y del Instituto de Conservación Forestal estiman que en Honduras se pierden anualmente entre 46,000 y 67,000 hectáreas de bosque debido al avance de la frontera agropecuaria y la tala ilegal, especialmente en bosques de hoja ancha o latifoliados.
El viceministro de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Carlos Pineda, hizo oficial la puesta en marcha del proyecto, que consiste en una alianza global que promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de bosques, que aceleran el cambio del clima.
Este proyecto fortalecerá los marcos políticos e institucionales de gobernanza forestal. El viceministro explicó que los protagonistas de esta iniciativa serán los pueblos indígenas, ya que -según el mapa forestal, elaborado por el Instituto de Conservación Forestal- el 26% del territorio lo constituyen áreas protegidas en las que en su mayoría viven poblaciones indígenas.
Con anticipación se pusieron en marcha por medio de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras los primeros diálogos nacionales entre población indígena y Gobierno, generando acuerdos encaminados a fortalecer prácticas democráticas y de gobernanza desde la cosmovisión indígena en el tema de ambiente. Esta iniciativa lleva más de cuatro años gestándose dentro de un proceso de país, con una participación excepcionalmente activa de los diferentes involucrados.
El Gobierno, con el apoyo del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), lanzó ayer una iniciativa para reducir la deforestación y la degradación de los bosques.
Con este fin, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, que depende del Banco Mundial, financiará con 3.6 millones de dólares el proyecto, el cual involucra a los grupos étnicos en cuya influencia está la mayor parte del bosque afectado.
En las últimas cuatro décadas, en Honduras se han deforestado 1.7 millones de hectáreas de bosque y, pese a este problema, el país aún no tiene las herramientas adecuadas para definir y medir el impacto en los activos forestales, las emisiones de gases de efecto invernadero, ni la información detallada y analizada sobre las causas reales de la deforestación.
Tala ilegal
Estudios de evaluación forestal de la FAO y del Instituto de Conservación Forestal estiman que en Honduras se pierden anualmente entre 46,000 y 67,000 hectáreas de bosque debido al avance de la frontera agropecuaria y la tala ilegal, especialmente en bosques de hoja ancha o latifoliados.
El viceministro de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Carlos Pineda, hizo oficial la puesta en marcha del proyecto, que consiste en una alianza global que promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de bosques, que aceleran el cambio del clima.
Este proyecto fortalecerá los marcos políticos e institucionales de gobernanza forestal. El viceministro explicó que los protagonistas de esta iniciativa serán los pueblos indígenas, ya que -según el mapa forestal, elaborado por el Instituto de Conservación Forestal- el 26% del territorio lo constituyen áreas protegidas en las que en su mayoría viven poblaciones indígenas.
Con anticipación se pusieron en marcha por medio de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras los primeros diálogos nacionales entre población indígena y Gobierno, generando acuerdos encaminados a fortalecer prácticas democráticas y de gobernanza desde la cosmovisión indígena en el tema de ambiente. Esta iniciativa lleva más de cuatro años gestándose dentro de un proceso de país, con una participación excepcionalmente activa de los diferentes involucrados.
