Tegucigalpa, Honduras.
La mayoría de las cámaras de seguridad instaladas en las principales avenidas de la ciudad de La Ceiba eran simples adornos porque no eran funcionales, con el agravante de que fueron sobrevaloradas en más de 7.4 millones de lempiras, lo que causó un enorme perjuicio económico a la sociedad ceibeña, reveló ayer el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La compra y la instalación de los equipos de vigilancia inteligentes, que supuestamente servirían para hacer la vida de los ceibeños mucho más segura, estuvieron plagadas de irregularidades desde su inicio, según una amplia investigación del CNA.
En noviembre de 2013, LA PRENSA publicó un artículo en que se denunció que muchas de las cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad eran falsas y no prestaban ningún servicio.
En marzo de 2012, la Corporación Municipal de este municipio licitó la compra de 100 cámaras inteligentes, valoradas en 621,902.43 dólares -es decir más de 12 millones de lempiras- para ser parte de un proyecto de seguridad ciudadana.
El contrato
En conferencia de prensa, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, y el jefe de investigación de este organismo, Dagoberto Aspra, ofrecieron los pormenores de la irregular compra de este equipo.
Los principales hallazgos de la investigación están en el informe 026-CNA-2014, surgido a partir de la denuncia de un ciudadano.
El irregular contrato fue suscrito el 20 de marzo de 2012 entre el titular de la Municipalidad de La Ceiba, Carlos Alejandro Aguilar Ponce, y el representante de la sociedad Comunicaciones Globales-Navega, S.A. de C.V., Alejandro Carbajal.
“El objeto de este contrato fue la prestación de servicios, venta, instalación y puesta en marcha del proyecto de seguridad ciudadana Video de Vigilancia IP y contrato de monitoreo por más de 12 millones de lempiras”, precisó Castellanos.
El convenio establecía la instalación de 55 cámaras de vigilancia IP nuevas y 45 dummies o cámaras falsas, también nuevas.
Dijo que tras conocer la denuncia se pidió la información al alcalde Carlos Alejandro Aguilar y la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos hizo una inspección técnica para constatar la cantidad, tipo, estado y ubicación de las cámaras en toda la ciudad.
Los principales hallazgos
En la investigación e inspección de campo, los técnicos del CNA localizaron 87 cámaras de las 100 compradas a la empresa y solo 14 de ellas se funcionaban y las demás no eran operativas.
Muchas de las cámaras dummy solo consistían de una carcasa vacía, en cuyo interior había dos baterías que activaban una luz roja para dar la apariencia de que funcionaban.
Aspra explicó que los montos de la compra son superiores a los valores de mercado y lo más grave fue que para instalar los equipos se utilizó material de baja calidad y no el original que establecía el contrato.
“Los equipos encontrados en los postes son de menor calidad y mucho menor precio que los propuestos; es decir que los propuestos ya estaban sobrevalorados y los instalados fueron aún más baratos”, indica el CNA en su informe.
En el contrato se cobran varios ítems en más de una ocasión; por ejemplo, el costo de instalación se establece en el renglón de mano de obra y nuevamente se cobra en el de servicio de instalación de cámaras.
Por otro lado, el centro de monitoreo no estaba operando y se constató que el edificio donde debía funcionar se encuentra abandonado, sin electricidad y con equipo inutilizable.
Con base en lo anterior, el organismo anticorrupción concluyó que en este contrato hubo una sobrevaloración de los aparatos, “lo cual es constitutivo de abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude”.
Aspra dijo que es inconcebible que en un proyecto de seguridad se introduzcan o utilicen cámaras falsas o señuelos porque se pretende combatir la inseguridad con equipo operable para identificar y capturar a los delincuentes.
