Tegucigalpa, Honduras.
La modelo hondureña Ilsa Vanessa Molina deberá declarar ante el Ministerio Público por el presunto desfalco de 9.2 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se informó ayer.
Molina, que trabaja en un programa deportivo de televisión, fungió como gerente de Insumedic, una empresa que no ha probado su legalidad, pero que se benefició de fondos del Seguro Social, de acuerdo al informe de una junta interventora.
“Corresponde a información de una de las investigadas que, efectivamente, aparece recibiendo alrededor de nueve millones de lempiras”, indicó el jefe de la Unidad de Reacción Fiscal del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, al ser consultado sobre la participación de la modelo. Se presume que Molina cobró cheques por esa suma sin prestar ningún servicio ni insumo al IHSS, de acuerdo a la Fiscalía.
Explicó que “empresas de portafolio” hacen negocio, existen en documentos, pagan impuestos, pero físicamente no existen. Las “de fachada” que no tienen documentación de respaldo, no pagan impuestos, pero tienen un establecimiento físico, con el nombre de la empresa.
Las “de maletín” son muy similares, realizan ciertos negocios con documentación de respaldo. En el escandaloso caso de corrupción en el IHSS hay una mezcla de estas tres modalidades, explicó el fiscal.
Citación
Dijo que la modelo será llamada por el MP para que rinda explicaciones sobre el presunto desfalco de 9.2 millones. Informó que la dama “está en la lista de las personas que van a ser citadas, muchas de estas , como el caso de ella (Ilsa Molina), no le hemos encontrado domicilio, ya que han estado fuera del país también ocultándose”, indicó.
Afirmó que Molina se encuentra en el catálogo de investigados. Espera que pueda ser localizada para citarla y que comparezca al MP acompañada de sus apoderados legales.
“Son investigadas personas que aparecen como beneficiados, en algunos casos cuando el cobro de cheques ha sido excesivo o la cantidad de recursos transferidos a una persona. También procedemos a investigar el núcleo familiar por el ocultamiento de los bienes o delegación en comisión de testaferrato”, explicó.
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“Estamos en un proceso para determinar la responsabilidad penal de estas personas para que sean llevados a los tribunales de la República”, advirtió. A su criterio, este es un “caso lamentable”, en el cual tienen documentado, hasta este momento, más de 300 millones de lempiras erogados a 10 “empresas fachada”, beneficiando a más de 320 personas.
Dada su complejidad, el MP dividió el caso en varias sublíneas de investigación. Puede demorar dos años más la investigación, que podría traer como resultado varias acusaciones en contra de al menos 60 personas, dijo.
