Tegucigalpa, Honduras.
El Juzgado de Letras Penal de Comayagüela dictó la medida cautelar de detención judicial contra Carlos Humberto Zúniga, exjefe de la división de Finanzas del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), y medidas sustitutivas a la prisión contra Manuel de Jesús Barahona, yerno del exdirector de la institución, Andrés Torres Rodríguez.
Las acciones se concretan casi seis meses después de que LA PRENSA revelara la compra anómala de bonos soberanos por 250 millones de lempiras y varias irregularidades que continúan en proceso de investigación.
El Juzgado Unificado en Materia Penal de Francisco Morazán emitió orden de captura contra el representante legal de la empresa Diazgar, S. de R.L., César Antonio Díaz.
Los tribunales acusan a Zúniga de abuso de autoridad, violación de los deberes de los ciudadanos y malversación de caudales públicos. Díaz es inculpado de fraude en perjuicio del Injupemp y Barahona fue acusado de encubrimiento por el MP y se determinó aplicar medidas sustitutivas a la prisión, por lo que se debe presentar a los juzgados todas las semanas.
La audiencia inicial en la que debe comparecer Manuel de Jesús Barahona se fijó para el próximo 3 de septiembre a las 9:00 am con el juez número 24, quien conoce el caso.
Detenciones
Después de la detención de dos de los sospechosos, el Tribunal emitió detención judicial contra Carlos Zúniga y decretó medidas cautelares a Barahona por ser un delito inferior. Se desconoce el paradero de Díaz.
“El 6 de agosto de 2014 a las 5:00 de la mañana se decretaron los requerimientos fiscales. Estos hechos se llevan a cabo por compras de bonos realizadas el 23 de diciembre de 2011 y el 23 de agosto de 2012. En ambas transacciones consideramos que se ocasionaron pérdidas por el delito de fraude en contra del Injupemp por 1.8 millones de lempiras y en otra ocasión por la cantidad de 3.5 millones”, explicó Ricardo Matute, fiscal Anticorrupción.
Matute manifestó que la Fiscalía continúa investigando 14 líneas de investigación sobre contratos hechos con abogados para llevar casos que manejaba el Injupemp y también se investigan sobre la relación con una sala de velatorios que la institución construyó y luego remodeló, entre otros casos.
Vea: Organizada red de corrupción operaba en el Injupemp
Delitos
Rolando Argueta, director de fiscales, explicó a LA PRENSA que el fraude de que se acusa a Díaz tiene una pena de 6 a 9 años de reclusión. “Por encubrimiento son de tres a cinco años de reclusión; por eso se le dictaron medidas sustitivas (a Barahona) porque no es una pena gravísima. No pudimos ingresarlo a otra conducta delictiva más grave y también por la responsabilidad en la que actuamos”, dijo.
Argueta explicó que han comenzado los procesos penales contra los tres, aunque no se atrevió a señalar el estado de Díaz, quien no ha sido capturado pese a la orden. “Vienen más requerimientos en el caso de Injupemp. No podemos mencionar a cuántas personas más, pero esta actuación de ayer se refiere solo a la venta y compra de bonos soberanos. La Unah se amparó en la documentación dada por Zúniga y aceptó hacer la transacción”.
Además lea: Directora del Injupemp se receta millonarios préstamos
La Fiscalía informó que las investigaciones sobre los bonos duraron varios meses para encontrar los indicios de responsabilidad penal contra los tres ciudadanos.
Una investigación de Diario LA PRENSA publicada en febrero de este año puso al descubierto la compra irregular de bonos en la institución.
