Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobó ayer en primer debate la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
El proyecto de decreto fue remitido al Congreso por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El objetivo de la ley es “reconocer, promover y proteger” los derechos humanos y las libertades fundamentales de “toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales”, señaló el Legislativo en una nota informativa.
En el Capítulo 3 se establece que toda autoridad civil, policial y militar está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por las instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.
Consejo Nacional
La ley crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Este consejo estará integrado por un representante propietario y suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodistas de Honduras y cinco representantes de organizaciones civiles que luchan por los derechos humanos.
Según la ley se propondrá a Gobernación una terna de candidatos para el nombramiento del director y subdirector general de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
Se propondrá al ministro de Seguridad la terna de los candidatos para la jefatura y subjefatura de la Unidad de Protección de Personas en Riesgo y cualquier otra análoga a las presentes.
Se crea la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales para recibir las denuncias de riesgo que se promuevan ante la Secretaría de Derechos Humanos.
Medidas de protección
El mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia se realizará a través de la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y Reacción Inmediata; Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis; y la Unidad de Protección de Personas en Riesgo de la Secretaría de Seguridad.
Las denuncias se podrán interponer ante cualquier autoridad competente, que remitirá el caso a la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, según sea pertinente.
Cuando la Dirección General determine que la o las personas beneficiarias se encuentran en peligro grave e inminente, podrá recomendar a la Secretaría de Seguridad una o varias medidas de protección como la asignación de equipo celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces y otras, en inmuebles de trabajo o casas de habitación; asignación de chalecos antibalas; instalación de detector de metales; asignación de protección policial personal; asignación de protección policial de inmuebles y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas beneficiarias.
El proyecto de ley estipula que en situación de peligro muy grave se podrá determinar una evacuación inmediata, reubicación temporal en el territorio nacional o fuera del país, reubicación definitiva en el territorio nacional o fuera del país.
El Congreso Nacional aprobó ayer en primer debate la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
El proyecto de decreto fue remitido al Congreso por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El objetivo de la ley es “reconocer, promover y proteger” los derechos humanos y las libertades fundamentales de “toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales”, señaló el Legislativo en una nota informativa.
En el Capítulo 3 se establece que toda autoridad civil, policial y militar está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por las instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.
Consejo Nacional
La ley crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Este consejo estará integrado por un representante propietario y suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodistas de Honduras y cinco representantes de organizaciones civiles que luchan por los derechos humanos.
Según la ley se propondrá a Gobernación una terna de candidatos para el nombramiento del director y subdirector general de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
Se propondrá al ministro de Seguridad la terna de los candidatos para la jefatura y subjefatura de la Unidad de Protección de Personas en Riesgo y cualquier otra análoga a las presentes.
Se crea la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales para recibir las denuncias de riesgo que se promuevan ante la Secretaría de Derechos Humanos.
Medidas de protección
El mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia se realizará a través de la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgos y Reacción Inmediata; Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis; y la Unidad de Protección de Personas en Riesgo de la Secretaría de Seguridad.
Las denuncias se podrán interponer ante cualquier autoridad competente, que remitirá el caso a la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, según sea pertinente.
Cuando la Dirección General determine que la o las personas beneficiarias se encuentran en peligro grave e inminente, podrá recomendar a la Secretaría de Seguridad una o varias medidas de protección como la asignación de equipo celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces y otras, en inmuebles de trabajo o casas de habitación; asignación de chalecos antibalas; instalación de detector de metales; asignación de protección policial personal; asignación de protección policial de inmuebles y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas beneficiarias.
El proyecto de ley estipula que en situación de peligro muy grave se podrá determinar una evacuación inmediata, reubicación temporal en el territorio nacional o fuera del país, reubicación definitiva en el territorio nacional o fuera del país.
