Tegucigalpa.
El diputado liberal Marco Antonio Andino presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley encaminada a uniformar los salarios de los altos funcionarios públicos.
La propuesta de ley marcaría una política general de salarios para los empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, principalmente de algunas instituciones desconcentradas y descentralizadas, muchas de ellas improductivas.
Andino manifiesta en su exposición de motivos que constituye una afrenta a la crisis financiera del Estado y a la pobreza que abate a la población hondureña que algunos funcionarios devenguen al mes más de 200,000 lempiras, un salario que excede lo que gana cada uno de los presidentes de los tres poderes del Estado.
Esta situación se debe a que no hay política salarial uniforme para todo el sector público; vemos empleados del Gobierno que devengan el salario mínimo y otros con salarios excesivamente altos e incluso con grandes prebendas, recibiendo hasta 16 salarios al año.
Se hace necesario que el Poder Ejecutivo elabore un estudio de clasificación de puestos y salarios que comprenda no solo a los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo, sino a los órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas y todos los cargos o nombramientos especiales de miembros de comisiones y otros.
Salario máximo
El salario del Presidente de la República debe ser el más alto de la escala y quien lo exceda debe ser sancionado con la devolución del pago en exceso y, como varios funcionarios ya están encima del salario del Presidente, debe solicitárseles que renuncien al exceso o presenten su renuncia para no entrar en conflicto con la legislación laboral por la disminución del salario, expuso Andino.
La ley propuesta por Andino ordena “fijar el salario máximo que pueden devengar los empleados y funcionarios de la administración pública centralizada y descentralizada en la cantidad que devenga el Presidente de la República, exceptuando los gastos de representación.
En aquellos casos en que ya existan funcionarios o empleados públicos que devengan salarios en exceso del que devenga el Presidente de la República, deberán renunciar al monto en exceso y, en caso de no hacerlo, deberán presentar su renuncia al cargo que desempeñan o se procederá al despido si es el caso”.
