La Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) inició el análisis de las principales irregularidades detectadas en la Empresa Nacional Portuaria (ENP) como primer paso para emprender una investigación mucho más amplia y puntual que permita determinar posibles responsabilidades penales en esa entidad estatal.
Así lo informó ayer Gabriela Castellanos, directora del CNA, quien confirmó que ya tiene en su poder el informe de auditoría que detalla la contratación irregular de 40 proyectos de obras menores por 21.4 millones de lempiras y cuyo contenido fue entregado al equipo de investigadores para estudiarlo.
“Me dieron la documentación y se la entregué al abogado Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación, y ya la están revisando”, afirmó.
Castellanos indicó que del análisis de la documentación se desprenderán las líneas de investigación del caso.
“Tenemos que considerar la evaluación de la información. Una vez que tengamos ese análisis, si hay hechos importantes que se deban destacar, investigar y analizar, por supuesto que lo vamos a hacer”.
Los hallazgos
Una amplia investigación de Diario LA PRENSA reveló el excesivo e injustificado pago de horas extraordinarias, aumento desmedido del personal y asignación de aumentos selectivos en la Portuaria, a pesar de que, desde principios de este año, la concesionaria OPC asumió la operatividad y administración de las terminales de contenedores.
Además se detectó la adjudicación de contratos amañados, sobrevaloración de obras, contratación de empresas de maletín, compras directas sin licitación pública, proyectos inconclusos y con signos de deterioro por la mala calidad de los materiales y la mano de obra, en lo que se invirtió un poco más de 21.4 millones de lempiras.
Conforme a un auditoría de campo, el 50% de todos esos proyectos y obras pudo ejecutarse con mano de obra interna de la empresa, lo que hubiese significado un ahorro del 40% de lo invertido, es decir, unos nueve millones de lempiras.
Todas estas irregularidades están plasmadas en un voluminoso informe de auditoría interna, al que tuvo acceso LA PRENSA y que motivó a la Fiscalía contra la Corrupción a intervenir esa empresa pública con el fin de acreditar posibles ilícitos y responsabilidades penales.
Sobre estos hechos, la directora del CNA explicó que el primer paso será analizar toda la información y posteriormente abrir una investigación formal.
“Ya estamos analizando la información. La verdad es que la documentación es muy valiosa. Lo que queremos es estudiarla para luego ver qué medidas vamos a tomar”, apuntó.
La ejecutiva comparó que similar procedimiento se efectuó en los escándalos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos.
Con el análisis preliminar de la información, las autoridades del CNA lograron determinar el fraccionamiento de contratos de obras contraviniendo disposiciones presupuestarias y de la Ley de Contratación del Estado.
“Vamos a ocupar el fin de semana para estudiar la información y posiblemente el lunes ya vamos a tener un indicativo de cuáles serán las líneas de investigación”, acotó Castellanos.
Como el CNA, el Tribunal Superior de Cuentas emprendió sus propias gestiones para determinar posibles ilícitos en la contratación de personal, pago de horas extras y adjudicación de contratos en la ENP.