Tegucigalpa. El Ministerio Público se apresta a entablar acusaciones judiciales contra varios funcionarios y exfuncionarios del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) implicados en la compra ilícita de bonos de inversión por más de 250 millones de lempiras en ese ente de previsión, informaron fuentes oficiales.
De acuerdo con la información suministrada a diario LA PRENSA, las investigaciones de la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción en el Injupemp se encuentran en su etapa final y en las próximas semanas se presentarán los primeros requerimientos fiscales contra los involucrados en este presunto acto de corrupción.
El pasado 16 de febrero del año en curso, LA PRENSA publicó en exclusiva una investigación sobre la supuesta operación irregular de compra de bonos por las anteriores autoridades del Injupemp, que implicó una transacción de 250 millones de lempiras.
La presunta irregular negociación de los títulos valores se efectuó en dos casas de bolsas e intermediarias financieras que operan en la capital del país entre diciembre de 2011 y agosto de 2012 por 150 y 100 millones, respectivamente.
La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) abrieron sus investigaciones sobre este hecho y emitieron una serie de recomendaciones a las autoridades para evitar un perjuicio económico a la institución.
De las investigaciones se desprende que las autoridades del Injupemp incurrieron en un claro abuso de autoridad porque no estaban facultadas para comprar los instrumentos fiscales sin la previa autorización del comité de inversiones, con el agravante de que lo hicieron obviando todos los procedimientos y la autorización de las instancias legales.
Usualmente, el Injupemp invierte parte de su patrimonio en títulos valores y bonos del Estado adquiridos directamente al Banco Central y la Secretaría de Finanzas; pero otras veces lo hace en el mercado secundario, es decir, a través de casas de bolsa e instituciones financieras.
En el momento en que ocurrió este hecho, encabezaban el comité el director del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez, y la subdirectora Martha Doblado.
Los hechos
Según las indagaciones de LA PRENSA, la primera compra de los títulos valores se efectuó el 23 de diciembre de 2011 por un valor de 150 millones a una casa de bolsa que opera en la capital.
Estos L150 millones correspondían a bonos del Estado concedidos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en calidad de pago por las transferencias presupuestarias que le adeudaba el Gobierno en aquel momento.
La Unah, en calidad de tenedora de los bonos, buscó los servicios de una intermediaria financiera que la ayudara a colocar los títulos valores en el mercado local, pero ante la premura de hacerlo hubo una “orden superior” desde el Poder Ejecutivo para que Injupemp los adquiriera.
El gerente de la división financiera de ese entonces, Carlos Alberto Zúniga, procedió a realizar la transacción el 23 de diciembre de 2011 sin que fuese aprobada por el comité de inversiones, cuyos miembros aparentemente ignoraron este hecho, según la investigación.
En un intento de “legalizar” la transacción, Zúniga pasó el acta en la que plasmaba la negociación en la primera sesión de 2012, logrando que la misma fuese autorizada por el comité. Una auditoría efectuada por el TSC concluyó que en todo este proceso se soslayaron los procedimientos legales para realizar inversiones de esta naturaleza y se pasó por alto el reglamento y la aprobación previa del comité. Posteriormente, en agosto de 2012, el director del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez, propuso la compra de un nuevo paquete de títulos valores por un valor de L100 millones a otro intermediario financiero local.
Sin embargo, en esta ocasión los miembros del comité se dividieron y tres de los que estaban en contra propusieron que antes de hacer la negociación se elaborara un análisis financiero y en función de eso se tomará la decisión. El director de Injupemp, el gerente financiero Carlos Alberto Zúniga y el tesorero Mario Ramón Córdova pasaron por alto la recomendación de los representantes del Comité y decidieron unilateralmente realizar la inversión.
La investigación establece que en este caso los tres funcionarios actuaron en un claro abuso de autoridad, pues no se autorizó la compra. En septiembre de ese mismo año, el TSC ordenó una investigación y se sometió a audiencias de descargo al gerente financiero y al tesorero por haber pasado por alto la orden del comité de no hacer la compra sin contar con el informe financiero.
Por presiones del TSC y la CNBS, Zúniga y Córdova fueron obligados a renunciar, pero su salida se hizo en el más estricto silencio. En enero de este año, el exdirector del Injupemp, Andrés Torres, también puso su renuncia irrevocable.
CNA investiga al Injupemp
Dagoberto Aspra, jefe de la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó que en los próximos días iniciarán las investigaciones en el Injupemp por este y otros hechos de presunta corrupción antes de que asuma sus funciones la comisión interventora.
Reveló que el CNA ya remitió una notificación a las autoridades de esa institución pidiéndoles información sobre todas las inversiones efectuadas y el destino de los fondos de pensiones, pero lamentó que aún no han respondido, por lo que se les girará un segundo escrito.
Mencionó que la unidad de investigación del CNA se está adelantando al trabajo que efectuará la comisión interventora para tener alguna información adicional que le sirva a esta instancia en el momento en que tomen posesión de sus funciones.
Sobre la compra irregular de bonos, Aspra detalló que este caso fue presentado al CNA por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y trasladado posteriormente al Ministerio Público, órgano que está concluyendo las investigaciones.
