La irregular compra de bonos de inversión por más de 250 millones de lempiras por la anterior administración del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) es investigada por fiscales del Ministerio Público y un grupo de auditores que comenzaron a verificar las finanzas de la entidad.
Una investigación de diario LA PRENSA confirmó la anómala transacción de los títulos valores en dos casas de bolsas e intermediarias financieras que operan en la capital del país entre diciembre de 2011 y agosto de 2012, la cual contó con el aval en su momento de los responsables de esa institución.
El Injupemp es una de las principales entidades de previsión social del país, junto con el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Este último atraviesa por una de las peores crisis financieras de su historia a raíz del despilfarro y el latrocinio al que fue sometido en los cuatro años del pasado Gobierno.
El IHSS se encuentra intervenido por una comisión especial compuesta por la expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Vilma Morales, el exdiputado German Leitzelar y el superintendente de seguros y pensiones de la CNBS, Carlos Roberto Salinas, quienes también han sido designados para intervenir el Injupemp.
¿Otro escándalo?
De acuerdo con la información en poder de LA PRENSA y corroborada por fuentes de la CNBS y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), las autoridades del Injupemp habrían incurrido en abuso de autoridad al haber avalado la compra de L.250 millones en bonos de inversión en el mercado secundario, obviando los procedimientos y la autorización de las instancias legales.
Usualmente el Injupemp invierte gran parte de su patrimonio en títulos valores y bonos del Estado adquiridos directamente por Gobierno a través del Banco Central y la Secretaría de Finanzas; pero otras veces lo hace en el mercado secundario, es decir, a través de casas de bolsa e instituciones financieras legalmente constituidas en el país.
Según las fuentes, esta ha sido una práctica inveterada en la institución, pero siempre han requerido el cumplimiento de una serie de normas establecidas en un reglamento emitido por la CNBS y deben contar con el visto bueno del Comité de Inversiones del Injupemp para evitar poner en riesgo los fondos y pensiones de los agremiados.
Este Comité lo componen, entre otros, el director del Injupemp o su asistente, la jefe de la División de Presupuesto, el actuario de la institución, la representante del Comité de Beneficios y los jefes de las divisiones de Finanzas y Tesorería.
Pese a que la transacción se efectuó hace más de 17 meses, es hasta ahora que comienzan a salir a luz los pormenores del caso, luego que el presidente de la República anunció el nombramiento de una comisión interventora para investigar algunos “problemas delicados” que han venido ocurriendo en el Injupemp. Este nuevo escándalo sale a la luz pública justamente cuando el jefel de Gobierno se apresta a recibir este lunes el informe sobre las anomalías encontradas en el IHSS y las medidas para su rescate del despeñadero financiero.
Hermetismo oficial
La compra irregular de los bonos se ha manejado en el más estricto hermetismo por los órganos fiscalizadores del Estado y el propio Gobierno; pero las indagaciones se encuentran avanzadas y en los próximos días se conocerán los resultados y las acciones legales a ejecutar para llevar a la justicia a los responsables de este acto doloso, confió una fuente oficial.
En medio de la investigación se produjo la salida intempestiva del anterior director Andrés Torres Rodríguez, quien el pasado 6 de febrero interpuso su renuncia irrevocable en el cargo.
La dimisión de Torres Rodríguez, quien se desempeñó en el puesto durante los cuatro años del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, fue aceptada sin miramientos por el nuevo titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, que en pocas horas designó en su sustitución a la subdirectora, Martha Doblado.
Las transacciones
La Unidad de Investigación de LA PRENSA tuvo acceso a los detalles de la forma en la que se realizaron las transacciones, las empresas que fueron seleccionadas para la negociación de los bonos y los responsables de su aprobación y posterior adquisición.
Si bien el Injupemp afortunadamente no sufrió un grave perjuicio económico en las negociaciones, hubo inadecuados procedimientos internos y un claro abuso de autoridad por parte del director y los encargados administrativos que se saltaron el Reglamento de Inversiones y la autorización del Comité de Inversiones de la institución.
En ese sentido, las indagaciones que realiza el Ministerio Público se orientan a confirmar la comisión de determinados delitos y porque los responsables de las transacciones favorecieron a las entidades financieras seleccionadas o a las instituciones tenedoras de los bonos negociados.
La primera compra de este paquete de títulos valores se efectuó el 23 de diciembre de 2011 por un valor de 150 millones de lempiras a una casa de bolsa que opera en esta ciudad.
Estos 150 millones correspondían a bonos del Estado otorgados a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) en pago a las transferencias presupuestarias que por ley le corresponden a la máxima casa de estudios. Hay que recordar que el Gobierno atravesaba en aquel momento por una difícil situación financiera que le impedía cumplir con el pago de sus obligaciones, por lo que tuvo que recurrir a la colocación de bonos estatales para suplir la demanda de dinero y cumplir con los pagos a contratistas, proveedores y las transferencias a varias instituciones públicas.
En ese contexto, la Unah, en calidad de tenedora de los bonos, buscó los servicios de una intermediaria financiera que le ayudara colocar los títulos valores en el mercado local a una determinada tasa de interés.
En vista de la premura de ubicar los títulos valores y facilitar los fondos requeridos por la organización educativa, la fuente oficial indicó que hubo una “orden del más alto nivel de decisión del país” para que el Injupemp procediera a comprar los bonos puestos a la venta por la Unah por un valor de 150 millones de lempiras.
“Metieron gol”
Las indagaciones establecen que una vez que se recibió la “orden superior”, el gerente de la División Financiera de ese entonces, Carlos Alberto Zúniga, procedió a la transacción el 23 de diciembre de 2011, sin que la misma fuese aprobada previamente por el Comité de Inversiones, cuyos miembros aparentemente ignoraron este hecho.
Posteriormente y aprovechando la primera sesión del año 2012, Zúniga mandó un legajo de actas a firma de los miembros del Comité, dentro del cual incluyó la autorización de la compra de los bonos a la intermediaria financiera en alusión con fecha anterior a la negociación. El acta fue firmada y en consecuencia se revistió de legalidad.
“Con esto lo que hicieron fue meter gol, como se dice popularmente, aunque todo estaba calculado y algunos de los miembros del Comité conocían de la negociación que se estaba realizando”, reveló el informante.
En todo el proceso se soslayaron los procedimientos legales establecidos para hacer cualquier tipo de inversión en la institución y fundamentalmente se pasó por alto el reglamento y la aprobación previa del Comité. Este hecho dio lugar a una investigación interna por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La siguiente compra
Después en agosto de 2012, el director del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez, sometió a consideración del Comité de Inversiones la compra de un nuevo paquete de títulos valores por 100 millones de lempiras a otro intermediario financiero local; pero en esta oportunidad las opiniones del Comité se dividieron dos a dos entre los asistentes de la sesión de ese día.
En vista de la falta de acuerdo, los miembros del Comité resolvieron que antes de tomar una decisión se procediera a emitir un análisis financiero y en función del informe actuarial se tomaría la decisión final de adquirir o no los títulos valores. Sin embargo, hay pruebas documentales y testimonios en poder de la Fiscalía que indican que el director con el apoyo del gerente financiero, Carlos Alberto Zúniga, y el tesorero, Mario Ramón Córdova, pasaron por alto la determinación del Comité y decidieron unilateralmente efectuar la inversión.
En este caso la responsabilidad de los tres funcionarios es más comprometedora en vista de que en el acta de esa fecha está plasmada la opinión de los dos miembros que votaron en contra de la adquisición de los títulos aduciendo que la negociación “era improcedente” para los intereses del Injupemp.
“Don Andrés desacató la orden que quedó plasmada en el acta en cuanto a que el director no iba a tomar ninguna acción mientras el Comité no se lo autorizara. Cabe decir que no hubo perjuicio económico en esa negociación, pero sí hubo un claro abuso de autoridad por parte del funcionario”, indicó la fuente.
Esta situación irregular llegó a conocimiento del TSC que de inmediato ordenó una investigación y a finales de septiembre se sometió a audiencias de descargos al gerente financiero y al tesorero por desobedecer la orden de la citada instancia y por firmar los documentos de compra de los bonos sin la debida autorización.
Para evitar que el caso trascendiera a la opinión pública y generara un escándalo mayor, el director del Injupemp se vio obligado a despedir a Zúniga y a Córdova sin que la decisión se conociera en los medios.
La fuente indicó que a raíz de este hecho el Ministerio Público emprendió una investigación más exhaustiva del caso para deducir las responsabilidades legales; mientras que el TSC está por emitir un informe especial sobre el caso.
El documento ya fue concluido y está en manos de la jefa de Auditorías Especiales. Se determinó que en adelante la división de auditoría interna designaría un representante para que conozca y de seguimiento a todas las decisiones que se tomen en el Comité de Inversiones para evitar que estos hechos se repitan.
“Vamos a investigar posibles acciones constitutivas de delito”: Salinas
El interventor Carlos Roberto Salinas aseguró que en el Injupemp se han dado algunas irregularidades y por eso el presidente de la República ha ordenado una intervención para que se presenten las pruebas y se hagan los requerimientos fiscales correspondientes a las personas involucradas en esos hechos ilícitos.
Salinas, quien forma parte de la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mencionó que una investigación en esta institución iría encaminada a poner en marcha las reformas a la ley aprobadas recientemente por el Congreso e investigar las anomalías que se han venido cometiendo en la institución.
“Le puedo decir que sería un procedimiento diferente al del IHSS porque en este caso hay que reformar la ley y darle vuelta de calcetín a la institución; en el caso del Injupemp la reforma ya se hizo en el Gobierno pasado y está por publicarse, de modo que el tema de cambio de la ley ya no es prioridad”, dijo.
En ese sentido, afirmó que lo pendiente en el Injupemp es ahondar en las investigaciones y facilitar el trabajo del Ministerio Público.
“Entonces nosotros entraríamos ahí para dos cosas: para implementar la ley como debe ser, y lo otro sería todo lo que se refiere a gobierno corporativo óptimo, procesos transparentes y apoyar e investigar posibles acciones constitutivas de delito y en su caso pasárselas al Ministerio Público”, afirmó.
Sobre la situación financiera del Injupemp, el experto dijo que antes de las reformas a la ley el déficit actuarial ascendía a más de 35 mil millones de lempiras, pero con los cambios aprobados las pérdidas se reducirían en un 90%.
“Con los cambios a la ley ese déficit actuarial se corrige porque automáticamente el valor presente de los aportes aumenta porque se mejoran los ingresos y también aumentan las capacidades de inversión del instituto, con lo cual se va obtener una mayor rentabilidad, y por otro lado se disminuyen las obligaciones”, acotó.
Reiteró que la interventora se limitará a documentar las irregularidades y facilitar el trabajo del Ministerio Público y los demás órganos contralores del Estado.
