San Pedro Sula, Honduras
El presidente Juan Orlando Hernández confirmó ayer que las dos empresas operadoras de la telefonía móvil en Honduras bloquearon al 100% las llamadas de teléfonos celulares en los 24 presidios del país.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia le informaron al mandatario que las compañías telefónicas cumplieron a cabalidad la ordenanza gubernamental que les había fijado plazo hasta hoy para que cumplieran con la ley.
Según el Gobierno, “un porcentaje de la ciudadanía se ha visto afectado por la implementación de esta ley, que lo único que busca es evitar que desde las cárceles se sigan ordenando actos ilícitos”.
“He instruido a Conatel, al Ministerio de Seguridad y a la Unidad de Inteligencia para que encuentren alternativas y podamos minimizar el impacto que ocasiona esta medida en los pobladores que residen o trabajan en los alrededores de los centros penales, pero manteniendo el cumplimiento de la ley”, dijo el presidente Hernández.
“Espero que Conatel, el Ministerio de Seguridad y la Unidad de Inteligencia me brinden un informe en las próximas 24 horas”, agregó.
La ordenanza, que prohíbe que los reos puedan hacer o recibir llamadas desde el interior de las cárceles, es una de varias medidas que el presidente Hernández ha puesto en marcha para reducir la violencia y criminalidad en el país.
El gobernante recordó esta semana que el crimen organizado ha venido dirigiendo su accionar delictivo desde las cárceles a través de llamadas con teléfonos móviles.
“Fíjense ustedes, solo un individuo de la cárcel allá en Támara (cerca de Tegucigalpa) fue responsable de más de cien llamadas que resultaron en la muerte de casi cien personas, cómo es posible eso”, enfatizó Hernández.
El bloqueo se implementó en los presidios de Puerto Cortés, El Progreso, Yoro, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Gracias, Santa Bárbara, El Porvenir, Tela, Olanchito, Trujillo, Puerto Lempira, Juticalpa, Danlí, Comayagua, La Paz, La Esperanza, Intibucá, Marcala, Choluteca, Nacaome, San Pedro Sula, La Ceiba y el valle de Amarateca.
En diciembre de 2013, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en los Centros Penales , que prohíbe a las telefónicas prestar servicios en los espacios físicos donde están ubicados los centros o granjas penales de Honduras.
Las operadoras de telefonía tenían plazo hasta hoy, 14 de febrero, para acatar la disposición de bloqueo, en un radio de un kilómetro, de lo contrario iban a ser sancionadas con una multa de 20 millones de lempiras.
Remezón en centros penales
Dos de los tres miembros de la Comisión de Transición de los Centros Penales fueron destituidos ayer a petición del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
Los dos comisionados separados son los abogados José Augusto Ávila, quien presidía dicha comisión, y la abogada Delmy Anarda Banegas; ambos habían tomado posesión de sus cargos el 3 de junio de 2013.
Vía teléfono, Banegas confirmó que en efecto se le había entregado la notificación de cancelación de su cargo como miembro de dicha comisión.
También fue separado el director interino de los centros penales, Santos Simeón Flores.
La Comisión de los Centros Penales también estaba integrada por el abogado Servando Alcerro Saravia, quien queda al frente de dicha entidad, que depende de la Secretaría del Interior.
Como director interino de los centros penales queda asignado Anael Pérez Suazo.
Los tres miembros de la comisión de transición se encargaron de nombrar a Santos Simeón Flores como director interino de los centros penales y a Pérez Suazo como subdirector.
El presidente Juan Orlando Hernández explicó que la comisión se nombró durante el gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo, “pero luego de una evaluación en el período de la transición constató junto al exgobernante que existe mucha burocracia y que se permitía que desde las cárceles se ordenaran robos, secuestros y asesinatos”.
“Y que debido a esa excesiva burocracia no podían trasladar a áreas de máxima seguridad a los cabecillas de esas bandas criminales que operan en interior de los centros penales”.
“Entonces yo le dije al ministro del Interior, al abogado Rigoberto Chang Castillo, usted me cancela a esa gente y vamos a poner a alguien que realmente quiera ser diligente”, dijo Hernández Alvarado.
“Se cancelaron dos y se quedó uno que es pastor, que se encargará de ser diligente y contundente cuando la Fiscalía o el juez le ordene trasladar de un lugar a otro y empezar a ser también sumamente severos en el registro de quienes ingresan y salen”, dijo el mandatario durante una comparecencia en el canal de televisión HCH.
“Ningún director de un centro penal me va a venir a justificar a mí que alguien tiene dos, tres, cuatro teléfonos, tuvo que pasar por algún lado”, aseguró.
El Presidente es del criterio que terminar con la corrupción en los centros penales “no es fácil” y va a tomar su tiempo; pero se tiene que poner orden en esos centros. “Esa es la orden que yo recibí del pueblo hondureño”, concluyó.
La comisión asumió la administración de las cárceles hondureñas el 2 de febrero de 2013 con la finalidad de evitar el ingreso de droga, armas y que se generaran más muertes dentro de las mismas.
Durante su gestión, la comisión no logró recuperar el control de los centros penales, ya que los reos siguieron aplicando sus leyes por encima de las leyes hondureñas.
Cifras oficiales indican que los centros penales tienen una sobrepoblación de 4,300 reos, los cuales permanecen hacinados en instalaciones que carecen de espacio y condiciones higiénicas.
Según organismos de derechos humanos, durante la administración de la Comisión Interventora no se reportaron cambios y siguió el ingreso de armas, droga y crímenes en donde se usaron pistolas para cometerlos.
En Honduras, la situación carcelaria “es alarmante” si se toma en cuenta que los 24 centros penales que hay en el país tienen la capacidad para albergar cerca de 8,300 personas; sin embargo, la población penitenciaria supera los 12,600 reos.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, es del criterio que la mayor parte de las cárceles hondureñas “carecen de espacio y las condiciones higiénicas son infrahumanas”.
Según Custodio, “en el país no hay ningún sistema de rehabilitación para que los privados de libertad se puedan reinsertar en la sociedad y más bien muchos salen perfeccionados en su conducta antisocial y delictiva”.
Matanzas
En los últimos años, al menos cuatro cárceles hondureñas han sido escenarios de matanzas y tragedias que han dejado pérdidas de vidas.
El 5 de abril de 2003 se suscitó una matanza en la granja penal de El Porvenir, Atlántida, que dejó 69 personas muertas.
El 17 de mayo de 2004 ocurrió un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula, adonde perdieron la vida 107 reclusos y resultaron lesionados 25 reos, hecho violento por el cual Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Entre 2011 y 2012, fueron 360 los presidiarios que murieron quemados en la Granja Penal de Comayagua.
Solo en 2011 murieron en forma violenta alrededor de 30 reclusos, de los cuales 19 perecieron en el penal de San Pedro Sula y ocho en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto.
El sistema de alimentación en los centros penales de Honduras es deplorable.
Hace algunos años, el presupuesto era de trece lempiras diarios por persona recluida, lo que significa que se gastaban 4.33 lempiras por tiempo de alimentación.
Sin embargo, esa cantidad se redujo a 11 lempiras al día, lo que significa que se gastan 3.66 lempiras en cada tiempo de alimentación.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), debido al hacinamiento que hay en las cárceles de Centroamérica existe un sector de la población privada de libertad que está siendo “condenada a muerte” por infecciones como el VIH y la tuberculosis.
Datos estadísticos indican que en Centroamérica los mayores índices de hacinamiento están en las cárceles de El Salvador y Honduras, situación que tiende a agudizarse.
