Tegucigalpa, Honduras
Por la vía de la reconsideración del acta donde se reflejaría la aprobación de la Ley de Secretos Oficiales, el Congreso Nacional dejó en suspenso dicha normativa que había generado el rechazo por ser considerada inconstitucional.
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Fue el secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo, el que presentó la moción de reconsideración en el sentido de dejar en suspenso la polémica Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información y hacerle las rectificaciones.
La ley, tal y como está redactada, permite que desde secretarios de Estado hasta el presidente de la República puedan clasificar documentos públicos como secretos y que la población no pueda tener acceso a los mismos. Los funcionarios podrán decretar secretividad en casos de “interés para la seguridad, la defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales”. Se definieron cuatro niveles de secretividad: Reservada, confidencial secreta, supersecreta.
La información reservada estará oculta durante 5 años, la confidencial 10 años, la secreta 15 años y la supersecreta 25 años. El presidente de la República es el único que podrá hacer la clasificación de supersecreta y el resto de categorías los jefes de instituciones y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La Ley de Secretos le quita al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la potestad de declarar en reserva o desclasificar información, según su presidenta, Doris Imelda Madrid.
Correcciones
El diputado Chang Castillo pidió que se nombre una comisión para que revise si existe una dicotomía de esta ley con la Ley de Acceso a la Información Pública, y que se hagan las debidas correcciones.
Chang Castillo advirtió que se ha tergiversado el objetivo de esta ley, en el sentido de que lo que busca el próximo Gobierno es ocultar varias cosas y no ser transparente en sus actuaciones.
El congresista justificó que por un lapsus se incluyeron varios artículos que podrán malinterpretarse creyendo de que el nuevo Gobierno no quiere la transparencia.
Chang Castillo precisó que es importante que esta ley sea revisada por una comisión especial para que el domingo se decida cómo quedaría redactada con las rectificaciones, en el sentido que la clasificación de la información en materia de seguridad solo le compete al Consejo de Defensa y Seguridad y que ningún funcionario de otra naturaleza puede clasificar la información como secreta y ultrasecreta.
El diputado liberal Darío Banegas intervino para decir que esta es una oportunidad para hacer una rectificación porque los argumentos del Instituto de Acceso a la Información Pública son sólidos e irrebatibles.
El pinuista Mario Rivera Vásquez afirmó que esta ley ha causado mucha polémica y es necesario que se honre la hiperactividad del Congreso, que en los estertores de su legislatura ha tenido una hemorragia de leyes.
“Ya es tiempo que paremos esto, a lo que yo le llamo hemorragia, y ojalá le entremos a la discusión y aprobación del Presupuesto de la República”, pidió el congresista.
La polémica ley que fue aprobada el martes de esta semana fue devuelta a la Comisión Especial de Seguridad que preside el diputado nacionalista Mario Pérez.
El alcalde de la capital, Ricardo Álvarez, consideró que la Ley de Secretos Oficiales solo debe aplicarse para seguridad nacional y no de forma general. “Si esa ley es general y le da amplios poderes a los funcionarios para no dar información, requiere una revisión, porque solo debe ser para el área de seguridad nacional”, opinó Álvarez.
