Ocho de cada diez reclusos en el país son asesorados legalmente por abogados de la Defensa Pública.
Paulina Pérez de Licona, directora nacional de la Defensa Pública, expresó que el 80% de la población penal recluida en los 24 centros penitenciarios en el país no tienen los recursos para pagar un profesional del derecho privado.
“La Defensa Pública está adscrita al Poder Judicial y nuestra labor es exclusivamente a atender a las personas que carecen de recursos económicos para contratar los servicios de un abogado en el ejercicio privado”, dijo la funcionaria.
Paulina Pérez agregó que, según las estadísticas, 6,000 personas privadas de libertad han sido atendidas por la Defensa Pública a nivel nacional en materia de derecho penal.
La abogada explicó que de los 6,000 expedientes en materia penal que conoce la Defensa Pública, han obtenido un 35% de resoluciones favorables en sus representados.
Conocen casos civiles
“A partir de 2010 que entró en vigor el nuevo Código Procesal Civil, en la Defensa Pública atendemos en materia de familia, civil y en todo lo que se deriva de la aplicación del Código”, manifestó la abogada.
Pérez de Licona agregó que el Código Procesal Civil aún no es del conocimiento de toda la población, por lo que los abogados en esa dependencia de Poder Judicial solo han visto 600 casos en todo el país.
Situación de las cárceles
“Como Defensa Pública nos sentimos consternados con la tragedia ocurrida en la Granja Penal de Comayagua; pero esperamos que las autoridades al más alto nivel tomen cartas en el asunto para que se mejoren las condiciones físicas de las cárceles”, expresó la directora nacional de la Defensa Pública.
