El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, anunció este viernes que se encuentra estudiando junto a un grupo de abogados la implementación de medidas de seguridad que impidan que las prisiones de Honduras sigan siendo fuertes de extorsionadores.
Un tema pendiente para la Secretaría de Seguridad de Honduras, es la restricción de llamadas desde los centros penales.
'Estamos tratando de establecer un contrato para el control de las llamadas en los centros penitenciarios, pero como se protegen los derechos humanos de los mismos (presidiarios), en detrimento de los derechos humanos del gran volumen de la población hondureña, entonces hay que hacerlo en una forma muy correcta', explicó Bonilla.
El funcionario sostuvo que se revisan los recursos legales disponibles, con el ojetivo de 'no dejar nada donde se nos pueda en el futuro ser apelados, que estamos dañando los derechos humanos de quienes están en esos sitios penitenciarios cumpliendo una pena'.
El titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Miguel Velez, aseguró que se está preparando la normativa que permita bloquear por completo la señal en el área de los centros penales.
Velez sostuvo que hace cuatro o cino meses se mantuvieron los bloqueos, pero los aparatos fueron dañados intencionalmente y luego cambiados por los delincuentes.
Mientras se aplica un bloqueo temporal, se retomará la iniciativa de que cada usuario registre su número, de manera que los portadores estén ingresados en una base de datos.
'Los (números) que no sean registrados, serán dados de baja, porque son personas que no quieren que se registren sus números', anunció.
Por su parte, el director de centros penales, Danilo Orellana, aseguró que para cumplir el cometido es necesario fortalecer la estructura de revisión de personas que ingresan a las cárceles de Honduras, con la instalación de equipos de control en las áreas de requisa.
Lo ideal, de acuerdo a Orellana, es que las llamadas controladas, que puedan ser escuhadas, al tiempo que se instala un control electrónico eficaz en la zona de ingreso de las penitenciarías.
Orellana urgió al Congreso Nacional a aprobar un decreto de portabilidad numérica, que reduciría notablemente la extorsión desde los centros penales.El comisionado puso como ejemplo el módulo de máxima seguridad, más conocido como 'la jaula', donde guardan prisión los criminales más peligrosos.
En dicho módulo de segregación administrativa, señaló Orellana 'no entra nada', pues hay arcos de seguridad donados por embajada americana, escáner y filtros que imposibilitan el ingreso de artículos prohibidos.
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