Una cosa es que el Congreso Nacional produzca muchas leyes y otra que la mayoría de estas violenten la Constitución.
A juicio de Rafael Pineda Ponce, eso es lo que ha sucedido en el hemiciclo legislativo que preside Juan Orlando Hernández, también candidato presidencial por el Partido Nacional.
“Se habla mucho de un Congreso productivo, es verdad que ha habido muchas leyes, pero la gran mayoría de ellas inconstitucionales, violatorias de la Constitución, disminuyendo algunas garantías de los ciudadanos, y en algunos casos hasta atentando contra los intereses supremos de la nación”, dijo.
Juicio político
Pineda Ponce también se refirió a temas sensibles como la aprobación en diciembre del año pasado de los modelos de ciudades de desarrollo, que han sido duramente cuestionados por suponerlos atentatorios de la soberanía nacional.
El maestro de profesión, se refirió además al tema del juicio político, una nueva figura constitucional mediante la cual se le pretende deducir responsabilidades a funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos al propio presidente de la República. “Los juicios políticos nos llevan a una tremenda inestabilidad, a un momento en que ningún funcionario podrá estar tranquilo porque tendrá 128 señores en el Congreso que estarán vigilándolo para ver el momento en que haya una falla, un error, un desliz y provocar su caída y tanto más si alcanza al presidente de la República que es un ciudadano elegido por el pueblo”.
Así como están las cosas, advirtió, al aplicar la figura del juicio político el Congreso Nacional se convertirá “en juez acusador, juez defensor y en juez que sentencia. Eso no puede ser”.
Pineda Ponce dijo que conociendo la rivalidad política que hay en Honduras en cualquier momento se destituirá a un presidente de la República. Esto “puede ocurrir, somos muy emotivos, no somos muy cerebrales, no tenemos hábito de medir las consecuencias con lo que hacemos, nos desbordamos por las pasiones”.
Pineda Ponce considera que la Constitución debió haber conservado la figura del “llamado a formación de causa”. Mediante este sistema un alto funcionario con problemas con la justicia podría ser entregado a la justicia por el Congreso Nacional en caso de haber méritos.
