La seguridad ciudadana y la seguridad jurídica son las prioridades para pequeños y medianos empresarios en el país. Así lo revela un estudio realizado por la CCIT (Cámara de Comercio e Industrias
de Tegucigalpa), donde el 94% de los encuestados calificó la inseguridad como el problema a atacar por el Gobierno.
De 3,000 empresas afiliadas a la Cámara, el 90% de ellas ha sido víctima de algún delito, reveló el primer estudio que esta organización realizó en enero.
Sin embargo, un segundo estudio dispara las estadísticas al víctimas de extorsiones, aunque aseguraron que hasta ahora de las 1,650 afiliadas ninguna ha cerrado por
inseguridad.
El estudio
El resultado es alarmante, 1,600 empresas en su mayoría pertenecientes al sector comercial, han sido víctima de extorsionadores que comenzaron con cantidades pequeñas, luego aumentaron la cuantía y después de cobrar semanalmente el impuesto de guerra, exigieron el pago diario.
“El pago que se exige es diario, empiezan con poco y ahora son grandes cantidades las que se exigen, lo que hace imposible la operación de las empresas, y por eso deciden cerrar.
Hay mucho temor a denunciar y no hay confianza. La gente prefiere cerrar e irse del lugar”, refirió Bustillo.
Cálculos en base al salario mínimo muestran que estos comercios inyectaban en pagos de salarios más de 107 millones de lempiras mensuales y unos 1,500 millones al año.
Las zonas más afectadas por la inseguridad son: Comayagüela, colonia Kennedy, colonia 15 de Septiembre, el centro de la capital, colonia San Miguel y bulevar Morazán.
El estudio revela además que si un empresario dejara de invertir en Honduras el 41% prefiere hacerlo en Costa Rica, el 23% en Panamá, el 29% preferiría llevarse su capital a Nicaragua y un 12% se iría hacia El Salvador.
Temor
El operar de los extorsionadores afecta, incluso a grandes empresas, que toman medidas para enfrentar las acciones delictivas de estos grupos. “No sólo hablamos de pequeños negocios, la extorsión va a grandes negocios, en muchos casos los gerentes han tenido que renunciar por las amenazas a muerte a ellos y sus familias. Otros están saliendo a radicar a otras ciudades o se van del país”, dijo Bustillo. Víctor Carrao, director ejecutivo de la CCIC (Cámara de Comercio e Industrias de Cortés), afirmó que hasta ahora ninguna de las empresas afiliadas a la Cámara ha registrado un cierre por extorsión, la mayoría asegura cierra por la crisis económica.
“No tenemos conocimiento que algún socio o afiliado que se halla retirado por extorsiones. No dudo que sí hay bastantes empresas en el sector informal que han tenido que cerrar sus negocios por ese asunto. Estamos tratando de hacer un estudio por ese tema en particular. El ambiente que hay en el país, está dejando que mucha inversión deje de venir a Honduras, hay eventos que se han tenido que cancelar porque la gente no quiere venir al país”, dijo Carrao.
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