La reforma de la Ley de la Tasa de Seguridad que cambió el destino de los fondos de esa iniciativa y ahora la intención del Gobierno de poner en reserva las inversiones en seguridad y defensa son acciones que solo pueden compararse con dejar “abierta al público la caja del Estado o abrir los portones del Estadio”
De esta forma ilustró el analista y excandidato presidencial Olban Valladares las cuestionadas medidas adoptadas en los últimos meses por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional respecto a la administración y el manejo de los fondos de la tasa de seguridad poblacional.
“La reforma que se hizo el año pasado abrió la caja y los portones del Estado para que esos recursos funcionaran para gastos operativos del Gobierno y ahora con esta intención de que todo se haga confidencial se va ir, como dicen en los pueblos, chancho con mazorca porque no habrá manera de que el pueblo hondureño sepa en qué se están invirtiendo los recursos”, advirtió.
Al igual que otros sectores políticos y económicos, Valladares cuestionó las reformas que se le hicieron a la Ley de Seguridad Poblacional que trastocó el destino de los recursos para fortalecer las finanzas del Estado y la anunciada pretensión de declarar en reserva la información relacionada con las inversiones en seguridad y defensa.
“Con la solicitud de clasificación se corre el riesgo que a toda la inversión le caiga el mote de confidencialidad por aspectos de seguridad; entonces en ese costal se van ir todos los demás gastos”, cuestionó el analista y exdiputado pinuista.
Cuestionadas reformas
La tasa de seguridad ha estado rodeada de cuestionamientos desde el mismo momento de su creación, ya que antes de aprobarse fue considerada un impuesto más del Gobierno al pueblo hondureño.
Con todas las críticas, la ley fue aprobada el 24 de junio de 2011 y entró en vigor el 8 de julio del mismo año.
Dos meses después, el 13 de septiembre de 2011, se introduce y aprueba una cuestionada reforma a la ley que modificó la finalidad de la tasa de seguridad, estableciendo que su objetivo ya no era apoyar a los operadores de justicia para el combate de la delincuencia, sino “fortalecer las finanzas del Estado”.
Esta modificación se efectuó sin mayores aspavientos mediante propuesta del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría del Despacho Presidencial, pero el documento fue introducido por el diputado Oswaldo Ramos Soto en su calidad de diputado proyectista y aprobado en menos que canta un gallo. De todos los cambios, el más polémico fue la modificación del artículo 1 de la legislación en referencia, ya que altera la finalidad de la tasa, que es el fortalecimiento de los operadores de justicia y los cuerpos de seguridad para el combate de la criminalidad y la delincuencia.
No conforme con este cambio, el Poder Ejecutivo en enero de 2013 vuelve a proponer una modificación de la ley para se le conceda al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que dirige el presidente de la República, la potestad de decidir el destino y manejo de los fondos de la tasa de seguridad.
Según Olban Valladares, esta enmienda dejó al Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad como “un simple cajero”, puesto que la discrecionalidad del uso y destino de los fondos lo tiene ahora ese consejo, que integran los titulares de los tres poderes del Estado y los cuerpos de seguridad y defensa.
Todos estos cambios han sido objeto de cuestionamientos de empresarios y diputados de la oposición, quienes consideran que con esto el Gobierno allanó el camino para destinar parte de los dineros de la tasa a gasto corriente y otros fines que no son precisamente los que motivaron la creación de la ley.
Nueva jugada
Después de todas estas manipulaciones y cambios en la ley, ahora el Poder Ejecutivo pretende pedir que toda la información relacionada con las inversiones en seguridad y defensa sea clasificada o puesta en reserva ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El argumento de esta nueva medida es que existe información confidencial que pone en riesgo la seguridad interior del Estado y los planes del Gobierno para afrontar la inseguridad que tiene de rodillas a los hondureños.
Valladares opinó que con la solicitud de reserva de información de las instituciones del Gobierno se corre el riesgo de que toda inversión quede en confidencialidad por aspectos de seguridad y que todos los demás gastos se echen en el mismo costal.
“Esos gallos son solo cajeros, no deciden absolutamente nada; sin embargo, para esconder toda la negligencia de la maldita burocracia, se han buscando chivos expiatorios, que es lo mismo que han hecho con la Fiscalía”.
El analista dijo que desde el principio la tasa de seguridad no fue apegada a las realidades del país y muestra de eso es que desde que entró en vigor apenas se han recaudado 1,200 millones de lempiras, cuando la meta era recaudar 1,500 millones anuales.
Sobre los cambios que se han efectuado a la ley desde que fue creada y las suspicacias que esto ha generado, Valladares manifestó que es ilógico todo lo hecho hasta el momento y “todas las cosas ilógicas, como dice un amigo abogado, son ilegales o son inmorales”.
“La información debe hacerse pública y entre más ampliamente posible, mejor. Además eso evita el manoseo de recursos de la manera grosera que se está viendo en este momento en salud pública y en educación, recursos que les cuestan a los hondureños sudor, lágrimas y sangre”, concluyó.
“Solo cierta información será clasificada”
Juan Ramón Molina, representante de la empresa privada ante el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad (CTF), aseguró que no toda la información será clasificada y puesta en condición de reserva.
“Hay ciertas cosas especiales que se van a clasificar, pero no todas”, aseveró en una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA.
Indicó que hay cierta información que por motivos de seguridad nacional siempre será de carácter confidencial porque no se pueden dar a conocer las herramientas o estrategias para combatir al crimen organizado.
Indicó que la información de carácter general de los proyectos de seguridad y defensa, como las cifras de las inversiones, será puesta a disposición del público en el portal digital del Comité Técnico.
“El Comité de la Tasa de Seguridad acaba de habilitar una página en Internet donde va a salir todo lo que se hace y ahí se publicarán los montos globales. Lo que no va salir son los detalles de los proyectos”, apuntó.
A su juicio, la reserva de información no debería generar suspicacias, pues el Comité Técnico del Fideicomiso se creó para velar por el adecuado uso de este dinero.
“Por eso hay tres instituciones velando por la administración de los fondos. Ninguna de las tres puede hacer algo a escondidas de la otra ni nada por el estilo. Ahí tienen que estar de acuerdo la empresa, el Gobierno y la sociedad civil.
Todo lo que se está haciendo con la tasa de seguridad se está verificando que se haga de forma transparente”, dijo.
