Con sorpresa recibieron los oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras la decisión del Ejército de Estados Unidos de retirar el lucha contra el crimen organizado con Estados Unidos.
El radar
El sistema satelital que permitía desde mayo tener las trazas ilegales en tiempo real de las aeronaves que entraban en el espacio aéreo hondureño ya no está en el territorio hondureño.
Dos aviones de carga, un C-17 y un C- 5, trasladaron las piezas del radar y las llevaron a Estados Unidos limitando las operaciones que hacían los militares hondureños en Puerto Lempira.
Los uniformados no se explican qué ocurrió, ni el porqué de la inesperada medida que limita la lucha contra el narcotráfico.
“Tenemos varios años de operaciones coordinadas. Por la falta de recursos, el radar era una herramienta vital que se ubicaba en un punto estratégico. Desde el 13 de agosto dejamos de contar con el recurso y si antes desde Miami se emitían las alertas que nos informaban de la salida de una aeronave y su ubicación, ahora no tenemos manera de tener datos precisos de los movimientos aéreos que se generan desde América del Sur”, comentó uno de los oficiales.
Suspenden
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó ayer la versión de los oficiales hondureños al notificar que suspendió el intercambio de información que proporcionaba el radar con Honduras, medida que se adoptó después de que la FAH (Fuerza Aérea Hondureña), aseguran, derribó dos aviones sospechosos de drogas en violación de los acuerdos de Estados Unidos.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, por medio de su portavoz William Ostick, habló sobre la decisión.
“La decisión se produjo después de dos incidentes separados en julio, cuando los aviones fueron derribados en las costas de Honduras. Un acuerdo bilateral de Estados Unidos prohíbe el derribo de aviones civiles”, manifestó Ostick.
El Departamento de Estado y los agentes estadounidenses antidrogas hicieron una operación conjunta con militares hondureños hasta mediados de julio, donde perseguían a los aviones que transportan cocaína en el país.
Hasta ayer no se informaba si los aviones fueron derribados durante la operación conjunta. Sin embargo, Stephen J. Posivak, consejero de Prensa y Cultura de la embajada de Estados Unidos en Honduras negaba la participación de agentes de la DEA en el vuelo del 13 de junio.
“Puedo confirmar que no hubo ningún agente de la DEA presente en un vuelo de 13 junio que se ha mencionado por unos medios de comunicación”, dijo Posivak.
La representación diplomática en el país no quiso referirse a las capacidades operacionales que desarrollaban ambos países en el combate al narcotráfico.
Sin intervenir
Ante el involucramiento que se le hace a Estados Unidos por una posible intervención en la separación de Ruiz Pastor Landa, comandante de la FAH, el consejero de prensa de la embajada en el país negó que Estados Unidos tuviera alguna injerencia en la destitución del oficial.
“Estados Unidos no se involucra en las decisiones internas de los hondureños sobre la cúpula militar en Honduras. Estados Unidos no presionó al Gobierno hondureño para destituir al excomandante de la Fuerza Aérea Hondureña”, informó Posivak.
“Tratados se cumplen como la Constitución”
Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que procede hacer una investigación por la violación de un tratado internacional entre Honduras y Estados Unidos.
Esta semana, el presidente Porfirio Lobo Sosa afirmó que se violentó un tratado, en relación con el derribo de una avioneta en Guanaja por una autoridad nacional que irrespetó un protocolo de combate contra la narcoactividad.
El incidente le habría costado el puesto a Ruiz Pastor Landa, exjefe de la FAH (Fuerza Aérea Hondureña).
Se consultó a Rivera Avilés si con la violación del tratado quien lo provocó habría incurrido en responsabilidad y respondió: “Si el Presidente lo ha manifestado, la Fiscalía de la Nación está obligada a hacer las investigaciones y deducir las responsabilidades del caso”. Explicó: “Los tratados en nuestro país se cumplen como se cumple la Constitución de la República”. Dijo que en el presente caso podría existir una responsabilidad de tipo penal o incluso acarrear perjuicios que tendrían que resarcirse.
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