San Pedro Sula, Honduras.
Las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer lamentan que se estén aplicando leyes en Honduras que protegen a los agresores.
El Congreso Nacional reformó hace unos meses la Ley contra la Violencia Doméstica e impide que los medios de comunicación hagan públicos los procesos sobre este delito.
El 6 de septiembre de 2013, el Legislativo reformó el artículo 23 de la referida norma, en la que se indica, en el inciso ocho, que los medios de comunicación se abstendrán de publicar o divulgar información relacionada con los procesos de violencia doméstica, sean estos realizados en sede administrativa o judicial.
El numeral señala que los medios de comunicación que publiquen noticias de violencia doméstica serán sancionados con una multa de 10 a 25 salarios mínimos en su valor más alto.
También sanciona a los funcionarios administrativos o judiciales que revelen información que viole el derecho a la intimidad de la víctima.
En el Juzgado contra la Violencia Doméstica fueron interpuestas en los dos primeros meses del año 561 denuncias, de las cuales 484 corresponden a mujeres agredidas y 77 a hombres. El año pasado en esta sede judicial llegaron a denunciar 3,036 mujeres y 420 hombres.
La diputada Welsy Vásquez expresó que, como periodista, la considera una violación a la libertad de expresión en Honduras. “No estuve en la discusión de esa ley, pero al leerla considero que es una clara violación y hasta habla de multar a los medios de comunicación. Creo que algo incorrecto porque el deber de los medios es informar. ¿Qué tal si se trata de un funcionario público que haya cometido violencia doméstica? No se tendrá acceso a esa información”.
La parlamentaria agregó que algo se esconde tras la reforma del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica. “Según las estadísticas que manejo hay un informe que indica que el 10% de los funcionarios públicos habrían cometido violencia doméstica y habrían sido denunciados en el Ministerio Público”.
Yadira Minero, coordinadora del programa Mujer y Trabajo Digno, del Centro de Derechos de Mujeres), comentó que la reforma no se socializó con las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres e indicó que no se hizo ninguna publicidad, sino que solo se publicó.
“Consideramos que tiene la receta de que no se denuncien muchos funcionarios públicos o gente de poder en el país y que no quieren que la gente se dé cuenta. Toda persona que sea funcionario o que lo ostente se debe revisar si hay denuncias en su contra, no solo de violencia doméstica, para saber si tiene suficiente ética”.
Minero dijo que la mujer que denuncia ante un medio su caso es porque quiere que se conozca sobre la violencia a la que es sometida.
“La sanción es mucho más fuerte para quien hace la publicación que lo que establece la Ley para el agresor. El trasfondo es proteger a las personas que están ostentado el poder en este país y que tienen denuncias por violencia doméstica”.
Laura Rivera, coordinadora del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, manifestó que sí hay un control contra los medios de comunicación que “va más que todo a proteger los derechos de la intimidad tanto de la víctima como de su familia”.
“No se puede publicar el contenido de las denuncias que obran en sede administrativa y entendemos las denuncias que están en la DNIC y en las estaciones de la Policía y Ministerio Público”, explicó la jueza.
