San Pedro Sula, Honduras
El Ministerio Público designó ayer un fiscal especial para investigar el nuevo escándalo que sacude a la alcaldía de San Pedro Sula, donde los contratistas de desechos sólidos son obligados a depositar porcentajes en una cuenta bancaria cada vez que les pagan sus contratos.
El cuerpo de regidores lamentó la situación y exigió al alcalde Juan Carlos Zúniga un informe de lo que sucede en la dependencia municipal sobre este supuesto acto de corrupción.
La investigación se inició de oficio y a partir de ayer el fiscal asignado comenzó a recolectar la información.
LA PRENSA publicó ayer una investigación donde se establece que en una cuenta de cheques, personal y mancomunada son depositadas las cuotas que los recolectores de la basura son obligados a “aportar”.
Los pagos, según copias de los depósitos, oscilan entre 1,500 y 17,000 lempiras por cada contrato, cuyo monto depende de lo pagado.
En la publicación también se estableció que hay sociedades de familiares que reciben pagos de más de 8 millones de lempiras al año, según informes del año anterior.
La investigación revela que existen ocho sociedades beneficiadas con millonarios contratos y las mejores rutas de recolección, a las cuales la Municipalidad les pagó unos 45 millones de lempiras por servicios prestados, equivalentes al 34% del total del presupuesto anual de la dependencia.
El jefe de desechos sólidos, Jesús Paz, manifestó que los contratos de basura se manejan con transparencia y confirmó que hay una cuenta bancaria a nombre de “César”, que es un grupo de apoyo político de los contratistas para el alcalde Juan Carlos Zúniga.
El funcionario dijo que los aportes de los contratistas de desechos sólidos son voluntarios y según él no hay nada que ocultar.
El vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán, dijo que el procedimiento es el mismo que se ha seguido con otras investigaciones y el personal de la Fiscalía procederá a decomisar la documentación correspondiente.
“Se tienen que realizar las citaciones con todas las personas involucradas en el caso, además de la información que se le debe solicitar a la institución bancaria”, dijo.
Guzmán aseguró que ya comenzaron las averiguaciones y en los próximos días se harán las intervenciones necesarias para confirmar lo denunciado.
Piden investigación
Ayer, cuando los corporativos habían evacuado la agenda de la sesión, el regidor Diógenes Aguilar pidió la palabra y se refirió a la publicación del nuevo escándalo.
Rememoró lo ocurrido en la oficina de control de ingresos y la investigación que aún está en proceso sobre los borrones electrónicos.
“Es lamentable que estén saliendo a luz pública situaciones que solo nos dicen que hay un alto grado de corrupción en esta administración y es lamentable que a estas alturas no se haya rendido un informe sobre lo que pasó en control de ingresos y recuperaciones. Hoy sale a luz pública otro problema en desechos sólidos y el alcalde sigue sin presentar informe”, dijo.
Aguilar detalló que la iniciativa presentada al pleno es que en la próxima sesión se presente un informe sobre la dependencia municipal, “ya que nos interesa que se aclare la situación y pedimos al Ministerio Público que de oficio tome las riendas, deduzca responsabilidades si las hay y se proceda hasta llegar a las últimas consecuencias”.
Para el regidor es importante que se nos explique en manos de quién están los desechos sólidos, los contratos y para qué son esos depósitos que hacen los contratistas en esa cuenta en Banco del País y si se trata de la misma de la que habla el funcionario encargado de la basura.
El regidor Aníbal Kelly calificó la denuncia de que la alcaldía cobra “impuesto de guerra” a contratistas de la basura como un problema serio para la Municipalidad. “Es una denuncia seria y nos preocupa a todos como corporativos. Para despejar las dudas es importante hacer una investigación y debe brindarse una explicación al pleno corporativo de parte del funcionario que está al frente de esa dependencia”, enfatizó.
“Hablar de cuentas donde se depositan cuotas obligatorias de los contratistas es un asunto sumamente delicado y debe ser aclarado ante el pueblo de San Pedro Sula y el pleno corporativo”.
Señaló que siempre se ha manejado que desechos sólidos es una dependencia que trabaja con déficit y como corporativos nunca han recibido un informe, por lo que es importante investigar todas estas denuncias porque, si los contratistas prestan un servicio, no tienen por qué estar pagando cuotas para otros fines.
Reacciona el alcalde
El alcalde Juan Carlos Zúniga reaccionó molesto con LA PRENSA por la publicación. Dijo que se le tomaba la palabra al regidor Aguilar e invitaba a la Fiscalía a que investigue.
“Vamos a ser concretos y explícitos. Hay entes que tiene el Gobierno para hacer estas investigaciones y se les dice a los entes que investiguen de oficio. Sabemos de antemano que tenemos un rotativo que circula en la ciudad que ha sido un enemigo contundente de esta administración y prueba de ello es que no me publican las noticias positivas”.
Aclaró que no tiene nada que ocultar ni por qué agachar la cabeza. Que vengan los entes controladores del Estado y hagan las investigaciones correspondientes y que no sea el alcalde ni el regidor el que rinda el informe, sino la Fiscalía.
El alcalde dijo que, si hay actos que se deben tomar en cuenta o aplicarles la ley, que se les aplique, “voy a ser responsable de las cosas buenas que se hayan hecho y de las malas, pero, si alguno de los mandos intermedios han hecho cosas malas, entonces que se aplique la ley porque no vamos a defender a nadie. Vamos a esperar que la Fiscalía investigue y dé a conocer lo que este medio escrito, que está completamente en contra de nosotros porque ha sido más que evidente y obvio, porque creo que no es político, sino personal, entonces son los fiscales los que deben dar el informe”.
Zúniga indicó que actualmente les deben a los contratistas y calificó las denuncias como un reflejo del malestar que sienten por el retraso en los pagos. “Les debemos unos meses atrás, pero les hemos estado pagando. Estamos en un proceso de pago de mes por mes. Establecimos un plan de pago y se está cumpliendo. Ellos están haciendo su trabajo”.
Detalló: “No se puede obviar que hay política de por medio porque un regidor salió hablando de que hay gente que tiene familia en desechos sólidos y en efecto tenemos un señor que es de apellido Caballero, que es de la Resistencia y que por años ha tenido más de seis carros en desechos sólidos y por ser liberales no lo vamos a sacar porque ha sido el patrimonio por más de una década.
También está Jorge Martínez, alias Tiburón, de quien ha sido su modus vivendi. él es nacionalista y por eso no los vamos a sacar”.
Al referirse a las declaraciones del jefe de desechos sólidos, Jesús Paz, dijo que hay que preguntarle sobre ellas. “Soy responsable por mis declaraciones. Si él dice eso, que responda por sus cosas. él es un mando intermedio en la alcaldía”, finalizó el alcalde Zúniga.
Sulambiente, un problema que no se acaba
La Municipalidad sampedrana todavía no ha resuelto el problema legal con la empresa Sulambiente.
El juez dictó sentencia para que se pagaran 38 millones de lempiras, pero las partes apelaron el fallo.
Está pendiente la sentencia que emitirá la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa.
El contrato está pendiente de ser firmado porque la sentencia judicial manda el pago de la indemnización por daños y perjuicios y las costas del juicio. Lo anterior se ha cumplido, con excepción de la firma del contrato.
El alcalde Juan Carlos Zúniga debe firmar el contrato de servicios de recolección, manejo y disposición de los desechos sólidos y limpieza vial de San Pedro Sula con Sulambiente porque es una orden judicial, dijo el exprocurador Gustavo Erazo. Según el exfuncionario, si la Municipalidad no firma el contrato, incurriría en desobediencia judicial. Además debe ser firmado de acuerdo con las bases de licitación y luego enviarlo al Congreso Nacional para que este lo apruebe o desapruebe.
En manos del Congreso está si se aprueba o no el contrato que la Municipalidad está obligada a firmar.
