No es legal. Nadie lo regula. Es el método de seguridad implementado en más de 30 barrios y colonias de San Pedro Sula, que en muchas ocasiones afecta la circulación de otros.
El uso de las trancas y portones inició en zonas residenciales, pero se ha extendido hasta los barrios de la periferia.
Los sampedranos dicen que hacen un esfuerzo económico extra para hacerse cargo de su seguridad. Algunos están a favor y otros en contra. Lo que dicen es que la medida es la única alternativa que han encontrado los ciudadanos para blindarse contra la delincuencia.
“Se ha controlado la delincuencia, habían muchos robos”, expresó un vecino de la colonia Sandoval. Ahí casi todos los pasajes tienen un portón instalado.
Los sacrificados
En este sector cada vecino debe pagar 200 lempiras mensuales para ajustar el salario de los guardias de seguridad.
Otras colonias como Ciudad Nueva, Satélite, Guadalupe, Ideal, Modelo, San Carlos de Sula, San José de Sula, La Sabana, entre otras, ya implementaron también esta medida.
En la colonia Ideal los vecinos pagan 300 lempiras mensuales por guardias de seguridad. Además del dinero que a cuotas deben cancelar por la instalación de portones.
“Hemos hecho actividades para recoger dinero y estamos pagando por partes lo que se ha gastado”, comentó una vecina de la colonia Ideal.
Aunque la instalación de portones ha bajado las ventas en su pulpería, admite que ha reducido la delincuencia, pero no está de acuerdo con el cierre total de la calle. “Creo que suficiente con la tranca para controlar el ingreso de particulares. Los portones sellan el paso totalmente y eso perjudica los negocios que están dentro”, manifestó la afectada.
Afectados
Semanalmente en las oficinas del Juzgado Municipal se reciben denuncias de vecinos afectados por el uso de trancas y portones, ya que en ocasiones como sucedió en la Altamira, sin consultar a los vecinos de la Altiplano, instalaron portones en algunas avenidas.
Jeovany Paz, subdirector de Justicia Municipal, argumentó que, aunque no es legal la medida, no pueden quitarle el derecho de resguardarse a los ciudadanos.
“Cualquier sello de calle no es legal, lo que sucede es que se está viendo el interés general. Todas las vías que se han cerrado han sido sin autorización de la Municipalidad”, aseveró Paz.
Señaló que no autorizan permisos; sin embargo, están analizando solicitar que se promueva una ley para tener un procedimiento a seguir.
“Hay vías públicas de bastante circulación que no se puede permitir que se cierren. Estamos tratando de regular está situación y ya nos ha tocado ir a quitar candados”, dijo Paz.
Saúl Romero, superintendente municipal, señaló estar de acuerdo con lo que están haciendo los sampedranos.
“Es justo que la gente se cuide si la Policía no lo hace. El problema es que hay muchas calles cerradas, pero el ciudadano tiene derecho a protegerse”, expresó.
