Tocoa, Colón.
Las invasiones a fincas de palma africana por parte de grupos campesinos han regresado a reavivar el conflicto agrario en una región donde este problema se daba por superado.
Más de mil hectáreas en plena producción de palma africana se encuentran en poder del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), localizadas en la comunidad de Panamá, en la margen izquierda del río Aguán, en el municipio de Trujillo. Son unas 350 familias de esta comunidad que desde el 5 de mayo mantienen tomada esta finca denominada Paso Aguán, propiedad de la Corporación Dinant.
Los invasores están exigiendo al Gobierno que dichas tierras les sean traspasadas para ellos poder trabajarlas. La toma de esta finca ha venido a revivir un conflicto agrario del que se creía que ya se había calmado.
“La situación se ha estabilizado un poco, pero han surgido nuevos problemas en la margen izquierda con esta toma”, informó el coronel René Jovel Martínez, jefe de la Operación Xatruch, que hace cuatro años se encuentra con el propósito de mantener el orden y la tranquilidad en esta región.
Aunque hay una orden de desalojo por parte los tribunales de justicia de Tocoa, los campesinos se resisten en abandonar esta finca. “Se ha estado dialogando con ellos, nosotros solo estamos como mediadores”, indicó el oficial.
Desde la semana pasada, los campesinos ingresaron a la finca, en esta ocasión la toma fue pacífica a pesar que en el lugar había guardias de seguridad. Los celadores para evitar un derramamiento de sangre entregaron sus armas a la Policía y abandonaron sus puestos de vigilancia.
“Cuando entramos a una finca vamos sin armas, dialogamos para que ellos (los campesinos) miren las buenas intenciones que hay de la Fuerza Armadas, porque no es confrontándonos que vamos a solucionar los problemas, sino a través del diálogo”, dijo Martínez.
Solo muertos los sacarán
Primero muertos que abandonar sus tierras. Con esta postura radical, los campesinos se mantienen en el área hasta que el Gobierno les ofrezca una solución.
A pesar de que el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, llegó la semana anterior a la zona para ofrecer una solución, los invasores están pidiendo negociar directamente con el presidente Juan Orlando Hernández.
“Esta reunión ha sido en vano, porque el mensaje es que desalojemos el área, y eso no es posible. Por qué mejor no dicen que nos vayamos a Tegucigalpa o que venga el Presidente y nos sentemos en una mesa de diálogo para buscarle una solución a este problema que ya llevamos años sin respuestas”, reaccionó Jaime Adalid Cabrera, coordinador de Movimiento Campesino Gregorio Chávez.
La propuesta presentada por el presidente de la República a través de su ministro agrario es que no debe haber presiones para dialogar, y el primer paso para ello es que los campesinos abandonen la finca.
“Hemos recogido lo que los campesinos nos han manifestado y lo llevamos al Gobierno para ver qué posibles soluciones tenemos. Pero es difícil cuando no encontramos posiciones de diálogo, aquí podemos estar hablando, pero no llevamos un hecho concreto de la mejoría de la situación”, dijo el ministro del INA.
El funcionario recordó a los agricultores que el Estado está buscando la seguridad jurídica tanto para ellos como para los empresarios.
Las invasiones a fincas de palma africana por parte de grupos campesinos han regresado a reavivar el conflicto agrario en una región donde este problema se daba por superado.
Más de mil hectáreas en plena producción de palma africana se encuentran en poder del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC), localizadas en la comunidad de Panamá, en la margen izquierda del río Aguán, en el municipio de Trujillo. Son unas 350 familias de esta comunidad que desde el 5 de mayo mantienen tomada esta finca denominada Paso Aguán, propiedad de la Corporación Dinant.
Los invasores están exigiendo al Gobierno que dichas tierras les sean traspasadas para ellos poder trabajarlas. La toma de esta finca ha venido a revivir un conflicto agrario del que se creía que ya se había calmado.
“La situación se ha estabilizado un poco, pero han surgido nuevos problemas en la margen izquierda con esta toma”, informó el coronel René Jovel Martínez, jefe de la Operación Xatruch, que hace cuatro años se encuentra con el propósito de mantener el orden y la tranquilidad en esta región.
Aunque hay una orden de desalojo por parte los tribunales de justicia de Tocoa, los campesinos se resisten en abandonar esta finca. “Se ha estado dialogando con ellos, nosotros solo estamos como mediadores”, indicó el oficial.
Desde la semana pasada, los campesinos ingresaron a la finca, en esta ocasión la toma fue pacífica a pesar que en el lugar había guardias de seguridad. Los celadores para evitar un derramamiento de sangre entregaron sus armas a la Policía y abandonaron sus puestos de vigilancia.
“Cuando entramos a una finca vamos sin armas, dialogamos para que ellos (los campesinos) miren las buenas intenciones que hay de la Fuerza Armadas, porque no es confrontándonos que vamos a solucionar los problemas, sino a través del diálogo”, dijo Martínez.
Solo muertos los sacarán
Primero muertos que abandonar sus tierras. Con esta postura radical, los campesinos se mantienen en el área hasta que el Gobierno les ofrezca una solución.
A pesar de que el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, llegó la semana anterior a la zona para ofrecer una solución, los invasores están pidiendo negociar directamente con el presidente Juan Orlando Hernández.
“Esta reunión ha sido en vano, porque el mensaje es que desalojemos el área, y eso no es posible. Por qué mejor no dicen que nos vayamos a Tegucigalpa o que venga el Presidente y nos sentemos en una mesa de diálogo para buscarle una solución a este problema que ya llevamos años sin respuestas”, reaccionó Jaime Adalid Cabrera, coordinador de Movimiento Campesino Gregorio Chávez.
La propuesta presentada por el presidente de la República a través de su ministro agrario es que no debe haber presiones para dialogar, y el primer paso para ello es que los campesinos abandonen la finca.
“Hemos recogido lo que los campesinos nos han manifestado y lo llevamos al Gobierno para ver qué posibles soluciones tenemos. Pero es difícil cuando no encontramos posiciones de diálogo, aquí podemos estar hablando, pero no llevamos un hecho concreto de la mejoría de la situación”, dijo el ministro del INA.
El funcionario recordó a los agricultores que el Estado está buscando la seguridad jurídica tanto para ellos como para los empresarios.
“Y la seguridad jurídica de todos los hondureños, y eso quiere decir que hay que respetar la propiedad privada, los fallos judiciales y todo lo que lleve al ordenamiento y la gobernabilidad de nuestro país” aclaró Lara.
Aunque las muertes violentas por el conflicto agrario han disminuido desde finales de 2013, este problema podría reavivar las luchas antagónicas en este sector que aún reclama justicia por las muertes de campesinos y celadores.
Buscar una salida a este conflicto está en manos del Estado, los campesinos y empresarios que tienen en poder las tierras en disputa.
