Tocoa, Colón, Honduras.
Las perforaciones de balas en muros y portones de hierro y barricadas levantadas con sacos de arena siguen recordando el pasado reciente cuando las armas fueron parte inevitable de la solución del conflicto agrario en esta zona.
Las espesas fincas de palma africana han sido escenarios de batallas entre campesinos y guardias de seguridad, en los que la vida humana quedó relegada a un segundo plano.
Bajo un cuadro de violencia, sus principales actores reclamaban derechos y defendían intereses. Aunque ya los tiempos de tensión han bajado, aún persiste el miedo y la desconfianza de quienes vigilan las fincas que han quedado en manos privadas, como de los que trabajan en las fincas recuperadas en poder de los campesinos.
“Siempre vivimos con miedo; ya uno no está confiado y más con esto que ha vuelto a suceder nos preocupa”, relató un guardia de seguridad que vigila parte de la finca Lempira, que en el pasado fue punto de enfrentamientos armados.
“Uno camina con miedo y desconfianza por lo que ha sucedido, aunque las cosas han cambiado”, cuenta en una plática informal un cortador de esta fruta en una finca propiedad de los campesinos.
A pesar de que el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Marca) se encuentran establecidos parcialmente en las áreas que reclamaban hace años, todavía persisten nuevos grupos que están reclamando tierras en la margen izquierda del río Aguán.
Fincas como la Paso Aguán, propiedad de la Corporación Dinant en el sector de Panamá, y La Consentida, propiedad de la empresa Colón Fruit Company (Cofrutco) en la comunidad de Rigores, están siendo reclamadas por campesinos de ambas comunidades.
Menos hechos violentos
Desde diciembre del año 2013 no se reportan muertes violentas relacionadas con el conflicto agrario en el Bajo Aguán. Según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, desde 2008 a 2013 se han reportado las muertes de 123 personas y seis supuestas desapariciones forzadas.
Entre las víctimas de esta lucha agraria están 90 campesinos, 14 guardias de seguridad, 15 personas pertenecientes al grupo de apoderados legales y víctimas ajenas al conflicto agrario, un militar, un policía y siete terratenientes.
La última muerte ocurrida en el lado del campesinado fue en octubre de 2013 y desde entonces no han habido más hechos violentos. “Las muertes han bajado en los últimos meses, las confrontaciones las hemos sabido manejar. Hay muertes que se dan por confrontaciones de personas, venganzas entre familias, esas son las amenazas que tenemos en menor escala”, explicó el coronel René Jovel Martínez, jefe de la Operación Xatruch en esta región.
La delegación regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras maneja una estadística de más personas muertas en el conflicto agrario desde 2009 a 2013. “En 2009, 2010 y 2011 fueron los años cuando se registraron más muertes violentas. En los últimos dos años, la problemática ha bajado. Pero en algunos sectores el narcotráfico y el crimen organizado es lo que nos está poniendo en mal”, expresó Juan Fraño, delegado regional del Conadeh en Colón.
Aidé Saravia, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa), señaló que ha habido avances sustanciales a las respuestas de la temática agraria en la región.
Vitalino álvarez, vocero del Muca, explicó que el Gobierno aún no ha cumplido con las necesidades de salud, educación vivienda y apoyo técnico. “Solo se nos han entregado cuatro mil hectáreas de tierras cultivadas”, aseguró.
Después de las negociaciones, los campesinos se instalaron en los asentamientos de La Concepción, La Isla, La Aurora, La Confianza y El Marañón, donde residen unas dos mil familias.
