El Gobierno de Honduras rechazó y restó importancia al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que establece que han existido abusos en el marco del estado de excepción, así como violaciones a la libertad de expresión y considerables niveles de corrupción gubernamental en el país.
Este documento también plasma debilidad en el Poder Judicial y que continúa la persecución de activistas comunitarios y de la diversidad sexual.
Una de las funcionarias que rechazó el informe fue Angélica Álvarez, ministra de Derechos Humanos, quien adujo que ha existido avances. “Rechazamos enfática y categóricamente el informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras elaborado por el Departamento de Estado. Este instrumento niega nuestros avances en materia de derechos económicos, sociales, políticos, culturales”, dijo.
El vicecanciller Gerardo Torres fue del criterio que “nosotros respetamos la opinión de Estados Unidos, no están por encima de ningún otro Estado, así que agradecemos y respetamos su opinión, pero lo tomamos como la opinión de un Estado más”.
El informe del Departamento de Estado denuncia “asesinatos arbitrarios o ilegítimos; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes gubernamentales”, durante el estado de excepción. A su vez, “intervención del gobierno de Honduras ante los abusos de derechos humanos y corrupción. El sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas”, acotaron.
