Diversas muestras de rechazo ha generado la decisión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, en no respetar la precedencia y cambiar las coordinaciones en la Sala Constitucional y Civil.
La presidenta del Poder Judicial hizo oficial este día cómo serán manejadas las Salas y, en el caso de la Constitucional, ha generado más polémica.
Para el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, “en ningún momento se había visto tal desparpajo a nivel de la Corte Suprema de Justicia ya que la Corte siempre ha sido un santuario donde el pueblo espera que haya transparencia y dejar a un lado el tema de los partidos políticos. Creo que es un zarpazo desde el hecho que se especulaba con las rotaciones y ahora por un capricho político venir y no respeta la precedencia”.
El profesional del derecho consideró que “no ven el problema que están causando y aquí lo que están haciendo en violar el reglamento interno de la Corte”.
En tanto, el abogado Rafael Jerez, asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), fue del criterio que “Rolando Argueta hizo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia una sucursal del Partido Nacional. Parece que usted (Rebeca Ráquel Obando) va por el mismo camino, solo cambió el color. Las mismas prácticas para politizar la justicia”.
Dentro del Partido Liberal aseguran que no están de acuerdo pese a que la coordinación de la Sala Constitucional ahora está siendo entregada a Wagner Vallecillo, de afiliación liberal.
“Hablé con Wagner (Vallecillo) sobre la procedencia de la Corte Suprema de Justicia y dijo que respetaría la ley. No estamos de acuerdo que se cambie el orden de precedencia de los magistrados en las salas, por lo que esperemos que esto se respete”, adujo Yani Rosenthal, presidente del Partido Liberal.
Mientras tanto, el designado presidencial, Salvador Nasralla, opinó que es “otra ilegalidad, ni siquiera recurrieron a la votación para cambiar el reglamento vigente de rotaciones de la presidencia de la Sala Constitucional de la Corte, como no pudieron comprar los tres votos de los magistrados del Partido Nacional decidieron violentar la ley”.
Finalmente, el capitán Santos Rodríguez Orellana fue del criterio que se hizo un “golpe institucional que se fraguó en la Corte al violentar la precedencia de la Sala. Es la Corte Suprema la llamada a respetar la ley y ahora es ejemplo de cómo violentarla por intereses políticos. Lo sufrí en carne propia”.
