Tegucigalpa, Honduras.
El exdirector del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) Andrés Torres Rodríguez y los exmiembros de la junta directiva de esa entidad incurrieron en responsabilidades civiles y penales al adjudicar y avalar millonarios contratos a procuradores externos que provocaron un enorme perjuicio económico a la institución.
Esta es una de las conclusiones preliminares de una investigación efectuada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) relativa a la contratación de litigantes privados durante la administración de Torres Rodríguez en el período 2010-2014, confirmó a LA PRENSA una fuente oficial de este organismo contralor.
El informe de auditoría está bastante avanzado y en las próximas semanas será notificado a las autoridades del Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que emprenda las acciones penales y civiles en contra de los responsables de este nuevo escándalo de corrupción.
Este caso es una de las 14 líneas de investigación que ha abierto el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Un primer informe del TSC confirmó la compra irregular de bonos del Estado por parte de las anteriores autoridades de ese instituto de previsión que implicó un perjuicio económico al Estado de 5.4 millones de lempiras pagados en comisiones a una empresa o “bróker” fantasma, vinculados a Andrés Torres y su yerno Manuel de Jesús Barahona.
En este caso los órganos investigadores lograron confirmar que una parte de las bonificaciones fueron depositadas en una cuenta personal de Barahona y el resto en una financiera a nombre del exdirector del Injupemp.
Por este caso, la Fiscalía logró aportar las pruebas que permitieron recluir al exgerente financiero de la institución Carlos Humberto Zúniga, acusado por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa y violación a los deberes de los funcionarios.
Directiva lo avaló
En lo concerniente a la contratación de abogados, el TSC estableció que hubo responsabilidad solidaria de la junta directiva, que en ese momento presidía el exministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez, quien actualmente está acusado por los delitos de cohecho y lavado de activos provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Por su parte, Torres Rodríguez actuaba en condición de secretario del directorio, que además integraban los representantes de las secretarías de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas, Interior y Población, la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) y la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (Anjuppeh).
Los profesionales fueron contratados para recuperar varios predios y proyectos propiedad de la institución que estaban en litigio.
De acuerdo al TSC, la contratación se hizo sin el debido respaldo presupuestario, con el agravante que se pagaron millonarios anticipos sin que hubiesen concluido las gestiones legales y se haya logrado sentencia.
Preliminarmente se logró detectar que los responsables incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude, en vista que el Injupemp contaba con un departamento legal que podía encargarse de judicializar los casos en los tribunales competentes.
El exdirector del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) Andrés Torres Rodríguez y los exmiembros de la junta directiva de esa entidad incurrieron en responsabilidades civiles y penales al adjudicar y avalar millonarios contratos a procuradores externos que provocaron un enorme perjuicio económico a la institución.
Esta es una de las conclusiones preliminares de una investigación efectuada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) relativa a la contratación de litigantes privados durante la administración de Torres Rodríguez en el período 2010-2014, confirmó a LA PRENSA una fuente oficial de este organismo contralor.
El informe de auditoría está bastante avanzado y en las próximas semanas será notificado a las autoridades del Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que emprenda las acciones penales y civiles en contra de los responsables de este nuevo escándalo de corrupción.
Este caso es una de las 14 líneas de investigación que ha abierto el Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Un primer informe del TSC confirmó la compra irregular de bonos del Estado por parte de las anteriores autoridades de ese instituto de previsión que implicó un perjuicio económico al Estado de 5.4 millones de lempiras pagados en comisiones a una empresa o “bróker” fantasma, vinculados a Andrés Torres y su yerno Manuel de Jesús Barahona.
En este caso los órganos investigadores lograron confirmar que una parte de las bonificaciones fueron depositadas en una cuenta personal de Barahona y el resto en una financiera a nombre del exdirector del Injupemp.
Por este caso, la Fiscalía logró aportar las pruebas que permitieron recluir al exgerente financiero de la institución Carlos Humberto Zúniga, acusado por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa y violación a los deberes de los funcionarios.
Directiva lo avaló
En lo concerniente a la contratación de abogados, el TSC estableció que hubo responsabilidad solidaria de la junta directiva, que en ese momento presidía el exministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez, quien actualmente está acusado por los delitos de cohecho y lavado de activos provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Por su parte, Torres Rodríguez actuaba en condición de secretario del directorio, que además integraban los representantes de las secretarías de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas, Interior y Población, la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) y la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo de Honduras (Anjuppeh).
Los profesionales fueron contratados para recuperar varios predios y proyectos propiedad de la institución que estaban en litigio.
De acuerdo al TSC, la contratación se hizo sin el debido respaldo presupuestario, con el agravante que se pagaron millonarios anticipos sin que hubiesen concluido las gestiones legales y se haya logrado sentencia.
Preliminarmente se logró detectar que los responsables incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude, en vista que el Injupemp contaba con un departamento legal que podía encargarse de judicializar los casos en los tribunales competentes.
Además: Medidas sustitutivas para el yerno del exdirector de Injupemp, Andrés Torres
Los contratos
Una de las dos líneas de investigación emprendida por el TSC se centró en la adjudicación de un contrato por un valor de 24 millones de lempiras a un reconocido procurador privado de la capital para que recuperara un terreno de 21 manzanas, localizado en el sector conocido como San Roque en la intersección de El Trébol al sur de la ciudad.
De acuerdo al contrato firmado el 30 de mayo de 2012 por el entonces director del Injupemp, el abogado recibiría 24 millones de lempiras en concepto de honorarios profesionales por las acciones judiciales pagados de la siguiente forma: 8.4 millones al momento de la firma del documento, 4.8 millones por la presentación de las demandas, 3.6 por la contestación de las mismas y 7.2 millones al dictarse la sentencia definitiva.
Días después de suscribirse el contrato se efectuó el pago del anticipo por 8.4 millones de lempiras, pero, según los órganos investigadores, el caso quedó en el limbo y no se materializó la recuperación del bien inmueble, por lo que la institución sufrió una significativa pérdida económica.
Una fuente del TSC confió a LA PRENSA que concretamente en este caso la investigación está casi terminada, únicamente los auditores están por definir si las responsabilidades se aplican por el valor global del contrato de 24 millones o en base a los 8.4 millones que se pagaron al asesor legal como anticipo.
El otro contrato de servicios legales vinculado a este mismo caso se adjudicó a otro reconocido profesional del derecho por un monto de 90 millones de lempiras para recuperar los proyectos conocidos como Tapia I y Tapia II, del tristemente célebre complejo residencial de Ciudad Mateo, pero el acuerdo fue incumplido y luego se adjudicó a otra persona afín a Torres Rodríguez. Eso motivó al litigante a entablar una demanda en contra del Injupemp por 90 millones de lempiras, de modo que la institución resultó afectada, tanto por la demanda civil, como por los pagos que se hicieron al otro profesional del derecho para llevar el caso.
La fuente informó que por estos casos ya existen indicios concluyentes de responsabilidades penales y civiles porque el Injupemp tenía su propia unidad de abogados y no era necesario contratar litigantes privados.
“En uno de los casos la parte de responsabilidades penales iría en función de que contrataron estos abogados sin haber un renglón presupuestario para ese gasto”, dijo.
El informante confirmó que por estos hechos se deducirá responsabilidades civiles a la junta directiva de la institución que fungió en ese momento, pero corresponderá a la Fiscalía determinar contra quién se entablarán las acciones penales.
En su informe el CNA concluyó que el Injupemp adquirió compromisos por 82.1 millones de lempiras en contrataciones de abogados, y se pagaron abonos y anticipos que no estaban estipulados en los contratos por 23.4 millones de lempiras.
