San Pedro Sula, Honduras.
El papel tradicional de los militares en Honduras y el resto de Centroamérica ha dado un giro, ahora su papel se traslada de las fronteras, donde ejercían la defensa y soberanía de los países, para tomar el control del orden interno como el caso de Honduras, donde asumen funciones policiales.
De los gobiernos, el actual ha recurrido a las Fuerzas Armadas con mayor intensidad. No solo los sacaron a las calles para enfrentar el crimen organizado y las maras ante los índices de violencia que ubicaron al país como uno de los más violentos del mundo, también los reequiparon invirtiendo grandes sumas de dinero para ganar la batalla a la criminalidad.
Pero los militares han tomado un papel importante al grado que ante cualquier amenaza o conflicto, son llamados como la solución para retomar el orden y control en el país.
“Las Fuerzas Armadas siempre han significado una obra barata para el Gobierno, debido a que solo gira las instrucciones precisas y cumplimos cualquier tipo de misiones. Además hay un grado de credibilidad en la ciudadanía y por ello nos ubican en cualquier escenario donde se necesite la presencia militar”, explicó German Alfaro, subcomandante de Fusina (Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional).
El papel tradicional de los militares en Honduras y el resto de Centroamérica ha dado un giro, ahora su papel se traslada de las fronteras, donde ejercían la defensa y soberanía de los países, para tomar el control del orden interno como el caso de Honduras, donde asumen funciones policiales.
De los gobiernos, el actual ha recurrido a las Fuerzas Armadas con mayor intensidad. No solo los sacaron a las calles para enfrentar el crimen organizado y las maras ante los índices de violencia que ubicaron al país como uno de los más violentos del mundo, también los reequiparon invirtiendo grandes sumas de dinero para ganar la batalla a la criminalidad.
Pero los militares han tomado un papel importante al grado que ante cualquier amenaza o conflicto, son llamados como la solución para retomar el orden y control en el país.
“Las Fuerzas Armadas siempre han significado una obra barata para el Gobierno, debido a que solo gira las instrucciones precisas y cumplimos cualquier tipo de misiones. Además hay un grado de credibilidad en la ciudadanía y por ello nos ubican en cualquier escenario donde se necesite la presencia militar”, explicó German Alfaro, subcomandante de Fusina (Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional).
VIDEO: Fuerzas Armadas de Honduras se lucen con tradicional show aéreo
Apoyo a la Policía
Un estudio del Banco Mundial revela que el delito cuesta entre 8% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), en América Central, el cual se destina para gastos de represión del delito, seguridad privada y salud.
Si bien los presupuestos de defensa y seguridad pública se asignan por separado, en casi todos los países de la región las Fuerzas Armadas han sido llamadas a participar en tareas de seguridad interior a fin de apoyar a las fuerzas policiales, que han sido sobrepasadas por los desafíos que presenta el crimen organizado.
Ante las amenazas en el país, desde el 2012, el Gobierno creó la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), como una medida para frenar la delincuencia. Mil hombres conformaron los dos primeros batallones, después de dos años suman tres mil efectivos ubicados en seis batallones que en las calles están destinados a recuperar la seguridad.
Los fondos de la tasa de seguridad han proporcionado toda la logística a estas unidades, pero pese a que son efectivos calificados en el rango militar, algunos jefes militares aseguran que son elementos estrictamente de orden policial.
“La Policía Militar no tiene que verse como una unidad exactamente militar porque sus funciones y entrenamiento están orientados para enfrentar las amenazas referentes a la seguridad y no con la defensa del Estado”, explicó el subcomandante de Fusina.
Pero la creación de esta Policía Militar era apenas el comienzo del papel protagónico que los militares tendrían en las tareas de vigilancia y control en el país. Ahora los vemos en hospitales, centros penales, aduanas, instituciones públicas, hospitales y centros de menores.
Los presidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández sacaron a los militares para contrarrestar la creciente ola de criminalidad en el país.
“Se les ha dado un papel central en el combate a la inseguridad, la inversión de recursos debe analizarse versus los resultados que generan para corroborar que la apuesta por esta fuerza ha sido efectiva”, dijo la socióloga Leticia Salomón.
Pero esta medida no solo se ha implementado en Honduras sino también en El Salvador y Guatemala, donde desde hace años, han involucrado a las Fuerzas Armadas directamente en la seguridad.
Presupuesto
Hasta 2012 el presupuesto del Ministerio de Defensa en Honduras se registraba en 188,926,130 dólares, siendo el segundo presupuesto más alto de los países centroamericanos después de Guatemala que en ese año contaba con un presupuesto de 210,816,824 dólares, según el Informe de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina.
Pero el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS), en su informe anual destacó que Centroamérica y México en su gasto militar, frente a toda Latinoamérica, presentaron en 2013 los mayores incrementos en el gasto militar de toda América Latina, que en su conjunto alcanzó el 7%.
Nicaragua aparece como el país centroamericano que más incrementó su gasto militar, con un 27%; en Guatemala y Honduras fue del 18%.
El IISS atribuye el auge en recursos para defensa en México y Centroamérica debido a la creación de nuevas fuerzas de seguridad, como la PMOP en el caso de Honduras; la adquisición de equipos más sofisticados, mejora de sistemas de vigilancia costera (como los patrulleros e interceptores de la holandesa Damen Shipyards que adquirió Honduras y México) y la construcción de nuevas bases para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Ese incremento en el gasto en defensa tanto en México como Centroamérica responde, aseguran oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, a la necesidad de defenderse contra grupos delincuenciales cada vez mejor equipados. Un ejemplo de esas amenazas son las denuncias de un posible repunte en los ataques de las pandillas en el país que estarían siendo entrenadas por sus compinches salvadoreñas utilizando armas de guerra, por lo que la tendencia a seguirse armando en la región está muy lejos de detenerse.
La más reciente muestra de ello es el decreto que el Congreso Nacional de Honduras aprobó el martes pasado para que las Fuerzas Armadas realicen funciones policiales.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) advierte que este hecho contradice lo dispuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al igual que otras acciones y proyectos similares que han sido anunciados recientemente en El Salvador y Guatemala.
“Estamos adiestrando nuevos elementos para que se integren a las Fuerzas Armadas, son elementos que van a las calles para que la sociedad pueda seguir confiando en nuestra noble institución en las tareas de seguridad, protección de bosques, rescate y auxilio en desastres naturales y en tareas de asistencia de salud”, expresó Fredy Díaz Zelaya, Jefe del Estado Mayor Conjunto en Honduras.
No se justifican militares
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional ha mostrado su preocupación por la tendencia de otorgar poderes extraordinarios a las Fuerzas Armadas como parte de las políticas públicas para hacer frente a las amenazas a la seguridad ciudadana en los países del llamado “triángulo norte” centroamericano.
La medida adoptada tanto de Honduras, como Guatemala y El Salvador para que las Fuerzas Armadas ejecuten funciones policiales contradice según Cejil lo dispuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, advirtió que “es indudable que la criminalidad ordinaria por muy grave que sea no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado para que justifique la participación de militares en este tipo de acciones”, revela el informe.
A criterio de las organizaciones defensores de Derechos Humanos estas medidas han resultado ineficaces para combatir la inseguridad ciudadana.
