San Pedro Sula, Honduras.
Un fallo de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán del 13 de octubre de 2009, que revocó el auto de prisión contra cuatro implicados en el tráfico de 295 kilos de cocaína, causo una investigación de la Inspectoría de Juzgados y Tribunales en 2013.
Los implicados estaban -según expediente- conectados al cartel de los hermanos Miguel, José y Luis Valle, declarados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La investigación del fallo se originó cuando la Corte Suprema de Justicia revocó, en 2012, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones.
El Ministerio Público presentó entonces un recurso de amparo ante la Corte Suprema y confirmó el auto de prisión contra Glendys Herminia Cuestas Valle, Miguel Ángel Espinoza López, Willian Eulises Vargas Reyes y Anael Antonio Chávez Guevara (salvadoreño) el 3 de mayo de 2012, todos procesados en Ocotepeque.
Las irregularidades que se denunciaron en el manejo del caso por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán llevaron a la revisión del expediente No. 72-2009, donde consta que de tres magistrados que conocieron el caso, dos votaron a favor: Rodrigo Humberto Girón Aguirre y Ángel Augusto Morales Villeda, indica el expediente en poder de LA PRENSA.
A dos años que la Corte Suprema confirmara el auto de prisión contra los imputados, hasta ahora no se ha capturado a ninguno de los cuatro imputados, ni se le ha dado continuidad al expediente.
Un fallo de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán del 13 de octubre de 2009, que revocó el auto de prisión contra cuatro implicados en el tráfico de 295 kilos de cocaína, causo una investigación de la Inspectoría de Juzgados y Tribunales en 2013.
Los implicados estaban -según expediente- conectados al cartel de los hermanos Miguel, José y Luis Valle, declarados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La investigación del fallo se originó cuando la Corte Suprema de Justicia revocó, en 2012, la resolución dictada por la Corte de Apelaciones.
El Ministerio Público presentó entonces un recurso de amparo ante la Corte Suprema y confirmó el auto de prisión contra Glendys Herminia Cuestas Valle, Miguel Ángel Espinoza López, Willian Eulises Vargas Reyes y Anael Antonio Chávez Guevara (salvadoreño) el 3 de mayo de 2012, todos procesados en Ocotepeque.
Las irregularidades que se denunciaron en el manejo del caso por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán llevaron a la revisión del expediente No. 72-2009, donde consta que de tres magistrados que conocieron el caso, dos votaron a favor: Rodrigo Humberto Girón Aguirre y Ángel Augusto Morales Villeda, indica el expediente en poder de LA PRENSA.
A dos años que la Corte Suprema confirmara el auto de prisión contra los imputados, hasta ahora no se ha capturado a ninguno de los cuatro imputados, ni se le ha dado continuidad al expediente.
Lea: Todas las mansiones de los hermanos Valle estaban blindadas
Tampoco -según notas adjuntas al expediente- la Corte Suprema ha dado respuesta a la solicitud del 1 de septiembre de 2013 para asignar a un juez con jurisdicción nacional para que lleve el expediente que se encuentra en la etapa intermedia, según el acuerdo No. 07 de fecha 25 de agosto de 2011.
Ante los hechos irregulares encontrados, la Inspectoría de Juzgados y Tribunales anunció que retoma el caso para investigar por qué hasta la fecha ninguno de los imputados ha sido capturado.
El caso
LA PRENSA conoció el expediente en el caso que se sigue en el Juzgado Departamental de Ocotepeque contra Glendys Herminia Cuestas Valle, Miguel Ángel Espinoza López, Willian Eulises Vargas Reyes y Anael Antonio Chávez Guevara (salvadoreño), por tráfico de drogas.
Todo inicia con las investigaciones efectuadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y el Ministerio Público que ejecutaron una operación de vigilancia que permitió capturar infraganti a los detenidos cuando estaba por concretarse la entrega de 295 kilos de cocaína en un sitio montañoso cercano a la aldea San Francisco de Sumpul, municipio de Sinuapa, Ocotepeque, indica el expediente.
La droga -según los investigadores- estaba oculta en el carro en el que viajaban los hombres. En la operación se allanó la vivienda de Raúl Arita Santos, quien resultó muerto en un tiroteo al momento de la intervención.
La droga -según informaciones que acreditó la Fiscalía- era presuntamente propiedad de Luis Valle, primo de Glendys Herminia Valle, la que supuestamente haría la transacción de la compraventa en la aldea El Sumpul.
El 17 de agosto de 2009, Miguel Alberto Pineda, juez de letras titular de Ocotepeque, decretó auto de formal prisión en contra de los cuatro implicados por tráfico de drogas y contra Miguel Ángel Espinoza además por posesión ilegal de armas.
Como pruebas documentales presentaron el dictamen del laboratorio toxicológico en el que indicaba que la cantidad encontrada no es para consumo, acta de allanamiento de la casa de Raúl Arita Santos, adonde se encontraron documentos y un carro; tres actas de inspección de vehículos, acta de incautación de arma de fuego, acta de incineración de la droga y la declaración de testigos.
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Edwin Aguigure Abdul, defensor de los imputados, presentó un recurso en la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, la que basada en la solicitud se reunió el 6 de octubre de 2009 para emitir su resolución en el caso.
Ese tribunal resolvió declarar con lugar el recurso de apelación, revocando el auto de prisión en el que además ordenó devolver los tres carros que fueron decomisados, así como las pertenencias de Glendys Herminia Cuestas Valle.
En la misma resolución ordenaron reformar el auto de prisión dictado contra Miguel Ángel Espinoza por el delito de portación ilegal de armas debiendo dictarle sobreseimiento provisional.
Con la resolución de la Corte de Apelaciones, el abogado Miguel Alberto Pineda Valle, juez departamental de Ocotepeque, les decretó sobreseimiento definitivo a los cuatro imputados el 15 de octubre de 2009. La Corte Suprema fue informada que la redacción del proyecto de sentencia fue elaborada por uno solo de los magistrados y sin integrar al resto lo sometió a consideración.
Y desde esa fecha hasta mayo de 2012 es que la Corte Suprema de Justicia resuelve revocar el fallo por violentar las garantías constitucionales y pide que de nuevo se emitan las órdenes de captura contra los implicados en el tráfico de los 295 kilos de cocaína.
Pese a las irregularidades en la interpretación de derecho que se presentaron en este caso y desde que la misma Inspectoría de Juzgados y Tribunales investigara y remitiera un informe a la Corte Suprema no se han tomado acciones para transparentar el proceso judicial.
Los hilos de los Valle
Esa incautación de 295 kilos de cocaína en Ocotepeque era parte de la evidencia del trasiego de droga de los hermanos Valle en la frontera con El Salvador, un tráfico que -según Estados Unidos- abarcaba a Centroamérica.
Por ejemplo, el proceso judicial 65-2013 contra el salvadoreño Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias Repollo, por cargos de tráfico de drogas en el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, implica a estos hermanos hondureños con una relación de tráfico a ese país que data de unos cinco años.
Los primeros cargamentos que vinculan a los Valle datan de julio de 2008, cuando dos grupos -los Valle y los Ulloa Sibrián- traficaron 270 kilos de cocaína, según consta en el testimonio de un empleado del Repollo que fue capturado en 2011 con un kilogramo de esa droga en una gasolinera de San Juan Opico.
Las órdenes del entonces detenido Ulloa Sibrián eran que Luis o Arnulfo Valle podrían quedarse con la droga de mejor calidad de los embarques que eran trasladados por la red del Repollo hasta La Entrada o hasta El Espíritu, adonde era embodegada por los Valle en espera de que parte de esa droga fuera trasladada a El Salvador.
En algunas ocasiones, Ulloa Sibrián compraba la droga al cartel de los Valle, indica ese expediente. “Un tal Fausto era uno de los encargados de llevar el dinero. Un testigo afirma que en una ocasión Fausto trasladó 800 mil dólares como pago de 90 kilos de coca. Ese dinero habría sido recibido por Arnulfo Valle”.
En otra ocasión, Fausto y el testigo fueron hasta una finca de El Espíritu, propiedad de Arnulfo Valle, a traer 745 kilos de cocaína.
No toda la droga que salía de las bodegas de los Valle se iba de paso a Estados Unidos, también muchos de esos kilos se quedaban para el consumo salvadoreño, agrega el expediente.
Toda la droga que era traída desde las bodegas de los Valle tenía dos destinos en El Salvador. “Algunas veces era descargada en la casa de la madre de Eliseo Dallesandro López, uno de los procesados junto con Ulloa Sibrián”, dice el expediente.
La droga de los Valle -según los documentos resguardados en los juzgados salvadoreños- salía presuntamente de El Espíritu, Copán, y el hallazgo de los 295 kilos en 2009 para la DLCN fue la muestra que desde ese entonces el trasiego de droga de los Valle tomaba fuerza a El Salvador.
