Tegucigalpa, Honduras.
En el Ministerio Público (MP) aseguran haber logrado documentar los millonarios pagos de sobornos a tres exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recientemente acusados en los tribunales de justicia.
Se acusó a dos exdirectivos del IHSS, Carlos Montes Rodríguez, exviceministro de Trabajo, y a Javier Pastor Vásquez, exviceministro de Salud; asimismo, a Mario Zelaya, exdirector de dicho centro asistencial, por suponerlos responsables de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio.
En la acusación presentada ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional los ahora acusados exigieron a una empresa privada el pago de “beneficios” (coimas) por la agilización en la tramitación de pagos a los representantes de dicha compañía por los contratos que en su momento suscribieron con el Seguro Social, a razón de la adquisición de bienes o prestación de servicios.
“Se identificó que alrededor de 150,000 dólares fueron trasladados al pecunio del señor Carlos Montes, más de 235,000 dólares al pecunio del señor Javier Rodolfo Pastor. En esa misma línea, en esa misma acusación, está nuevamente acusado el señor Mario Zelaya que recibió más de un millón de dólares en ese mismo concepto”, informó Roberto Ramírez Aldana, jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del MP.
En total el soborno ascendería a 1,385,000 mil dólares, que se convierten en alrededor de 29 millones de lempiras, al cambio local de la moneda.
Aseguró que esos recursos fueron y están plenamente identificados a través de evidencias que el MP tiene en su poder, que fueron solicitados a personas que tenían negocios lícitos con el Seguro Social. Las pruebas las presentarán los fiscales en la audiencia del viernes.
“Dentro de las líneas de investigación se encontraron transferencias, toda la investigación financiera y patrimonial que conlleva a la investigación del caso del Seguro Social, algunos depósitos de alto valor que llegaron a las cuentas de ambos imputados”, indicó.
También se utilizaron mecanismos como lo establece la Ley de Lavado de Activos para ocultar tanto el origen como el destino de esos recursos. “Ese es un mecanismo típico, es un modus operandi de las personas que de alguna manera están involucradas en esta actividad”, explicó Ramírez Aldana.
Según el MP, los imputados formaron parte del Comité de Inversiones del IHSS, instancia en la cual se tomaba la decisión de priorizar pagos, condición que, supuestamente, fue aprovechada por los procesados para obtener ventajas económicas ilegales, las cuales una vez obtenidas eran ocultadas para disimular su procedencia ilícita y darle apariencia de legalidad una vez incorporadas al sistema financiero a través de cheques y transferencias que les fueron librados y enviadas a nombres de terceras personas.
Asimismo, integraron el Comité de Seguimiento en cumplimiento al contrato. Ya fueron requeridos quienes efectuaron los supuestos sobornos, quienes ofrecieron información relevante. No excluye que también sean acusados. Descartó que otros exdirectivos del IHSS estén vinculados al lavado de activos y cohecho, en este caso específico. Sobre Jorge Herrera, cuyo nombre aparece consignado en el requerimiento, lo identificó como una persona que está vinculada a una de las empresas que desarrolló algunos negocios con el Seguro Social.
El fiscal prefirió mantener en reserva otros detalles del requerimiento fiscal, para no entorpecer otras diligencias que aún se siguen sobre este caso.
Ante la consulta si habrá incautación de bienes, dijo que “es un trabajo que estamos coordinando y no quisiera dar mayores detalles”.
Lo que sí explicó Aldana es que “se puede proceder y en todo caso las personas que han sido acusadas aún y cuando el Ministerio Público haya identificado bienes activos, financieros, una vez, que entraron en investigación, aún cuando las personas puedan traspasarlo, el Ministerio Público puede proceder al aseguramiento y las personas que se deciden hacer negocios con ese tipo de bienes se exponen a que sean defraudados”.
Organizado
La línea de investigación sobre lavado de activos es amplia, el caso se dividió en sublíneas de investigación en las cuales están involucradas 320 personas.
“En el Seguro Social no había una estructura organizada para cometer actos de corrupción, había por lo menos tres estructuras diferentes e independientes entre sí que se dedicaban, con tres cabezas diferentes, a desarrollar todo lo que hoy se conoce”, expuso.
Sobre las acusaciones interpuestas y capturas ejecutadas dijo que “debe servir como un precedente, un cambio de conducta, de actitud, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde este lugar, pero cada hondureño debe hacer cosas diferentes.
En el Ministerio Público (MP) aseguran haber logrado documentar los millonarios pagos de sobornos a tres exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recientemente acusados en los tribunales de justicia.
Se acusó a dos exdirectivos del IHSS, Carlos Montes Rodríguez, exviceministro de Trabajo, y a Javier Pastor Vásquez, exviceministro de Salud; asimismo, a Mario Zelaya, exdirector de dicho centro asistencial, por suponerlos responsables de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio.
En la acusación presentada ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional los ahora acusados exigieron a una empresa privada el pago de “beneficios” (coimas) por la agilización en la tramitación de pagos a los representantes de dicha compañía por los contratos que en su momento suscribieron con el Seguro Social, a razón de la adquisición de bienes o prestación de servicios.
“Se identificó que alrededor de 150,000 dólares fueron trasladados al pecunio del señor Carlos Montes, más de 235,000 dólares al pecunio del señor Javier Rodolfo Pastor. En esa misma línea, en esa misma acusación, está nuevamente acusado el señor Mario Zelaya que recibió más de un millón de dólares en ese mismo concepto”, informó Roberto Ramírez Aldana, jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del MP.
En total el soborno ascendería a 1,385,000 mil dólares, que se convierten en alrededor de 29 millones de lempiras, al cambio local de la moneda.
Aseguró que esos recursos fueron y están plenamente identificados a través de evidencias que el MP tiene en su poder, que fueron solicitados a personas que tenían negocios lícitos con el Seguro Social. Las pruebas las presentarán los fiscales en la audiencia del viernes.
“Dentro de las líneas de investigación se encontraron transferencias, toda la investigación financiera y patrimonial que conlleva a la investigación del caso del Seguro Social, algunos depósitos de alto valor que llegaron a las cuentas de ambos imputados”, indicó.
También se utilizaron mecanismos como lo establece la Ley de Lavado de Activos para ocultar tanto el origen como el destino de esos recursos. “Ese es un mecanismo típico, es un modus operandi de las personas que de alguna manera están involucradas en esta actividad”, explicó Ramírez Aldana.
Según el MP, los imputados formaron parte del Comité de Inversiones del IHSS, instancia en la cual se tomaba la decisión de priorizar pagos, condición que, supuestamente, fue aprovechada por los procesados para obtener ventajas económicas ilegales, las cuales una vez obtenidas eran ocultadas para disimular su procedencia ilícita y darle apariencia de legalidad una vez incorporadas al sistema financiero a través de cheques y transferencias que les fueron librados y enviadas a nombres de terceras personas.
Asimismo, integraron el Comité de Seguimiento en cumplimiento al contrato. Ya fueron requeridos quienes efectuaron los supuestos sobornos, quienes ofrecieron información relevante. No excluye que también sean acusados. Descartó que otros exdirectivos del IHSS estén vinculados al lavado de activos y cohecho, en este caso específico. Sobre Jorge Herrera, cuyo nombre aparece consignado en el requerimiento, lo identificó como una persona que está vinculada a una de las empresas que desarrolló algunos negocios con el Seguro Social.
El fiscal prefirió mantener en reserva otros detalles del requerimiento fiscal, para no entorpecer otras diligencias que aún se siguen sobre este caso.
Ante la consulta si habrá incautación de bienes, dijo que “es un trabajo que estamos coordinando y no quisiera dar mayores detalles”.
Lo que sí explicó Aldana es que “se puede proceder y en todo caso las personas que han sido acusadas aún y cuando el Ministerio Público haya identificado bienes activos, financieros, una vez, que entraron en investigación, aún cuando las personas puedan traspasarlo, el Ministerio Público puede proceder al aseguramiento y las personas que se deciden hacer negocios con ese tipo de bienes se exponen a que sean defraudados”.
Organizado
La línea de investigación sobre lavado de activos es amplia, el caso se dividió en sublíneas de investigación en las cuales están involucradas 320 personas.
“En el Seguro Social no había una estructura organizada para cometer actos de corrupción, había por lo menos tres estructuras diferentes e independientes entre sí que se dedicaban, con tres cabezas diferentes, a desarrollar todo lo que hoy se conoce”, expuso.
Sobre las acusaciones interpuestas y capturas ejecutadas dijo que “debe servir como un precedente, un cambio de conducta, de actitud, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde este lugar, pero cada hondureño debe hacer cosas diferentes.
