Tegucigalpa, Honduras.
La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) logró su primera victoria legal al derogar y dejar sin efecto uno de los tres multimillonarios contratos suscritos durante la gestión del prófugo exdirector Mario Roberto Zelaya Rojas, que llevaron a esa entidad a la crisis y la insolvencia financiera.
Se trata del convenio número 047-210 con la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L. (Cosem), cuyos supuestos socios eran Óscar Roberto Laínez Reina, Óscar Roberto Laínez Cornavaca, Rodrigo Laínez Cornavaca, Jorge Daniel Herrera, Daniel Alberto Herrera Sánchez, Ester Isabel Sánchez Coello y Elena María Cornavaca Paz.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), varios de los personajes antes mencionados formaban parte de la red de corrupción y testaferrato que tejió Mario Zelaya en el Seguro Social entre 2010 y 2013 y que condujo al lavado de decenas de millones de lempiras en lujosas viviendas, haciendas, joyas, autos y viajes.
Las indagaciones de ambos entes establecen que este contrato fue el punto de partida y el que originó la estructura delictiva montada para lavar los dineros del IHSS por diversas vías ilegítimas.
Valores inflados
Este acuerdo fue rubricado el 6 de diciembre de 2010 por Zelaya y los representantes de Cosem bajo la denominación “Consultoría de servicios profesionales de organización, digitalización, digitación, depuración, automatización, sistematización de archivos y bases de datos de planillas y tarjetas de afiliación de la cuenta individual del IHSS”.
Solo por este contrato y una adenda aprobada posteriormente con el visto bueno de la junta directiva, el IHSS pagó una factura global de 24.7 millones de dólares, es decir 518.8 millones de lempiras, según el primer informe de la interventora.
No obstante se constató que el referido convenio estaba sobrevalorado en más del 100% con el agravante de que los millonarios pagos a Cosem se efectuaron antes de la implementación y el funcionamiento del sistema informático.
El informe de los interventores concluyó que en la suscripción de este contrato hubo violaciones de la Ley de Contratación del Estado, la Ley del Presupuesto y otras normas de control interno, lo que derivó en un grave perjuicio para las finanzas de la institución.
Durante su gestión, Zelaya suscribió tres convenios de servicios y suministros médicos con las empresas Distribuidora Metropolitana, S.A. (Dimesa), Sociedad Sistemas Abiertos, S.A., y Cosem, que en conjunto sumaron 187.6 millones de dólares, o sea unos 4,000 millones de lempiras, de los cuales 1,600 eran precios sobrevalorados.
Roberto Carlos Salinas, miembro de la interventora del IHSS, confirmó a LA PRENSA que luego de los análisis legales y contractuales se logró derogar el contrato suscrito con Cosem y ahora van por los dos convenios restantes que han representado un alto perjuicio para la institución en prestación de servicios y dotación de medicamentos.
Salinas manifestó que se pretende recuperar el dinero pagado irregularmente a Cosem por medio de la subasta de las numerosas propiedades aseguradas en los últimos meses por el Ministerio Público, la Unidad de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi). “El dinero del Cosem proviene de las incautaciones más una garantía que la compañía tiene a favor del IHSS del 20% del contrato, o sea que ahí vamos a salir bien y recuperaremos el dinero perdido porque con las incautaciones se está redimiendo un 80% de los fondos, más el 20% de la garantía. Creo que se va a recuperar la totalidad o un poco más”, explicó.
Con respecto al contrato con Dimesa, el interventor precisó que se estudian dos vías legales: la primera es lograr una conciliación para que el contrato quede sin valor ni efecto porque se ha establecido que a la fecha se pagó la totalidad del mismo, pues este contrato está sobrevalorado en más de 62 millones de dólares. Si no se alcanza un acuerdo por la vía de la conciliación y el arbitraje, se denunciará el contrato y pedirá su anulación definitiva al Congreso Nacional.
“La conciliación depende de revisar los montos de ese contrato porque hasta ahorita se ha pagado prácticamente lo que valen los suministros y equipos médicos proporcionados por Dimesa.
Entonces, el resto (de la deuda) ya no se pagaría y así se alivia al IHSS de pagar por la sobrevaloración de los equipos”.
Aclaró que si no se llega a la conciliación con la empresa, “la otra alternativa es que el Congreso lo derogue para que no tengamos que seguir pagando y evitar una demanda”.
Sobre el contrato de administración hospitalaria, gestión del paciente y clínica del IHSS, mejor conocido como Mofihs, suscrito con la Sociedad Sistema Abiertos, dijo que también está en proceso de análisis legal, pero en los próximos días podría resolverse.
Se basó en la ley
German Leitzelar, miembro de la interventora del IHSS, explicó que la resolución legal que deroga el contrato con Cosem se hizo siguiendo todos los canales y procedimientos jurídicos para evitar una demanda contra la institución.
“En el caso de Dimesa también ya tenemos los dictámenes finales y solo estamos en proceso de darle una respuesta definitiva porque esos son los contratos que nos tienen ahorcados, pues solo a Dimesa le pagamos 1.2 millones de dólares mensuales mediante un fideicomiso, pero además tenemos que contar con 1.2 millones de dólares adicionales para garantizar las cuotas siguientes”, dijo.
Indicó que los contratos con Cosem, Dimesa y Sistemas Abiertos, S.A., comprometieron el 32% del patrimonio histórico del instituto y casi significó su liquidación.
La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) logró su primera victoria legal al derogar y dejar sin efecto uno de los tres multimillonarios contratos suscritos durante la gestión del prófugo exdirector Mario Roberto Zelaya Rojas, que llevaron a esa entidad a la crisis y la insolvencia financiera.
Se trata del convenio número 047-210 con la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L. (Cosem), cuyos supuestos socios eran Óscar Roberto Laínez Reina, Óscar Roberto Laínez Cornavaca, Rodrigo Laínez Cornavaca, Jorge Daniel Herrera, Daniel Alberto Herrera Sánchez, Ester Isabel Sánchez Coello y Elena María Cornavaca Paz.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), varios de los personajes antes mencionados formaban parte de la red de corrupción y testaferrato que tejió Mario Zelaya en el Seguro Social entre 2010 y 2013 y que condujo al lavado de decenas de millones de lempiras en lujosas viviendas, haciendas, joyas, autos y viajes.
Las indagaciones de ambos entes establecen que este contrato fue el punto de partida y el que originó la estructura delictiva montada para lavar los dineros del IHSS por diversas vías ilegítimas.
Valores inflados
Este acuerdo fue rubricado el 6 de diciembre de 2010 por Zelaya y los representantes de Cosem bajo la denominación “Consultoría de servicios profesionales de organización, digitalización, digitación, depuración, automatización, sistematización de archivos y bases de datos de planillas y tarjetas de afiliación de la cuenta individual del IHSS”.
Solo por este contrato y una adenda aprobada posteriormente con el visto bueno de la junta directiva, el IHSS pagó una factura global de 24.7 millones de dólares, es decir 518.8 millones de lempiras, según el primer informe de la interventora.
No obstante se constató que el referido convenio estaba sobrevalorado en más del 100% con el agravante de que los millonarios pagos a Cosem se efectuaron antes de la implementación y el funcionamiento del sistema informático.
El informe de los interventores concluyó que en la suscripción de este contrato hubo violaciones de la Ley de Contratación del Estado, la Ley del Presupuesto y otras normas de control interno, lo que derivó en un grave perjuicio para las finanzas de la institución.
Durante su gestión, Zelaya suscribió tres convenios de servicios y suministros médicos con las empresas Distribuidora Metropolitana, S.A. (Dimesa), Sociedad Sistemas Abiertos, S.A., y Cosem, que en conjunto sumaron 187.6 millones de dólares, o sea unos 4,000 millones de lempiras, de los cuales 1,600 eran precios sobrevalorados.
Roberto Carlos Salinas, miembro de la interventora del IHSS, confirmó a LA PRENSA que luego de los análisis legales y contractuales se logró derogar el contrato suscrito con Cosem y ahora van por los dos convenios restantes que han representado un alto perjuicio para la institución en prestación de servicios y dotación de medicamentos.
Salinas manifestó que se pretende recuperar el dinero pagado irregularmente a Cosem por medio de la subasta de las numerosas propiedades aseguradas en los últimos meses por el Ministerio Público, la Unidad de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi). “El dinero del Cosem proviene de las incautaciones más una garantía que la compañía tiene a favor del IHSS del 20% del contrato, o sea que ahí vamos a salir bien y recuperaremos el dinero perdido porque con las incautaciones se está redimiendo un 80% de los fondos, más el 20% de la garantía. Creo que se va a recuperar la totalidad o un poco más”, explicó.
Con respecto al contrato con Dimesa, el interventor precisó que se estudian dos vías legales: la primera es lograr una conciliación para que el contrato quede sin valor ni efecto porque se ha establecido que a la fecha se pagó la totalidad del mismo, pues este contrato está sobrevalorado en más de 62 millones de dólares. Si no se alcanza un acuerdo por la vía de la conciliación y el arbitraje, se denunciará el contrato y pedirá su anulación definitiva al Congreso Nacional.
“La conciliación depende de revisar los montos de ese contrato porque hasta ahorita se ha pagado prácticamente lo que valen los suministros y equipos médicos proporcionados por Dimesa.
Entonces, el resto (de la deuda) ya no se pagaría y así se alivia al IHSS de pagar por la sobrevaloración de los equipos”.
Aclaró que si no se llega a la conciliación con la empresa, “la otra alternativa es que el Congreso lo derogue para que no tengamos que seguir pagando y evitar una demanda”.
Sobre el contrato de administración hospitalaria, gestión del paciente y clínica del IHSS, mejor conocido como Mofihs, suscrito con la Sociedad Sistema Abiertos, dijo que también está en proceso de análisis legal, pero en los próximos días podría resolverse.
Se basó en la ley
German Leitzelar, miembro de la interventora del IHSS, explicó que la resolución legal que deroga el contrato con Cosem se hizo siguiendo todos los canales y procedimientos jurídicos para evitar una demanda contra la institución.
“En el caso de Dimesa también ya tenemos los dictámenes finales y solo estamos en proceso de darle una respuesta definitiva porque esos son los contratos que nos tienen ahorcados, pues solo a Dimesa le pagamos 1.2 millones de dólares mensuales mediante un fideicomiso, pero además tenemos que contar con 1.2 millones de dólares adicionales para garantizar las cuotas siguientes”, dijo.
Indicó que los contratos con Cosem, Dimesa y Sistemas Abiertos, S.A., comprometieron el 32% del patrimonio histórico del instituto y casi significó su liquidación.
