Choloma, Cortés, Honduras.
Varias denuncias y meses de investigaciones llevaron al Ministerio Público a intervenir la Municipalidad de Choloma en el departamento de Cortés y a allanar dos residencias del alcalde Leopoldo Crivelli en Quintas San Miguel y Versalles en este municipio, explicaron las autoridades.
“Hay una serie de denuncias contra el alcalde de Choloma por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y por ende el Ministerio Público está investigando todo el núcleo que gira en torno al alcalde, familiares, empleados y particulares”, explicó Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público.
La operación denominada Sindaco, palabra italiana que significa alcalde, originó la movilización de cinco fiscalías: Crimen Organizado, Corrupción, Delitos Comunes, Derechos Humanos y del Consumidor y la Tercera Edad. Las Fiscalías fueron apoyadas por tres unidades de la Policía entrenadas por la Embajada de Estados Unidos, entre ellas el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (Goet), Unidad Transnacional de Investigación Criminal (Utic) y Tigres.
Esta es la segunda operación en menos de un mes contra un alcalde. El 28 de julio pasado, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y miembros de la Fusina arrestaron al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, en un sorpresivo allanamiento en el que le aseguraron 10 bienes. El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó ayer auto de formal procesamiento al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, y sus hermanos Miguel Ángel y Mario Roberto Urbina Soto. Los tres hermanos fueron remitidos al presidio sampedrano por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, posesión ilegal de armas comerciales y prohibidas.
Los allanamientos
A las 9:00 am, el desplazamiento de varios carros blindados con policías se dirigió a las dos residencias del alcalde Crivelli y a la alcaldía municipal, donde intervinieron todos los departamentos en búsqueda de información que confirme o no las denuncias por acciones irregulares que el alcalde habría ejecutado con fondos de la Municipalidad cholomeña.
“Toda la Municipalidad, todos sus departamentos, se investigan en vista que también se indica que desde la Municipalidad se han hecho construcciones enormes, donde además del alcalde, se han beneficiado personas particulares y familiares y a todos se les va a requerir para verificar que es lo que tienen, explicó Guzmán.
Dentro de la documentación que fue encontrada en la Municipalidad figura una lista de personas, donde hay hasta periodistas que recibían dinero de la comuna cholomeña.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado, basada en las investigaciones que realiza y con la información recabada, informó que establecerá si algunos bienes provienen o no de acciones que puedan vincularse con el crimen organizado.
Las investigaciones
Un proceso de investigación que se profundizó desde este año llevó a la intervención de la Municipalidad de Choloma y con ella los allanamientos en las viviendas del alcalde y de su familia, donde se buscaba información, evidencias que vincularan al jefe edilicio con acciones irregulares.
La tarea de análisis que tienen fiscales e investigadores implica evaluaciones de las obras que se han ejecutado en el municipio para verificar el uso de los fondos de la comuna.
Esta investigación incluye además revisión de los contratos emitidos, pagos realizados, revisión de auditorías y verificar todos los documentos que ayer fueron decomisados.
“Esta semana se han ampliado las investigaciones y se obtuvieron elementos que motivaron la intervención. Se inspeccionan las obras, recursos humanos contratados, auditorías, y se verifica el trabajo en todos los departamentos de la Municipalidad de Choloma”, dijo el vocero de la Fiscalía.
Pero las investigaciones llegaron hasta el Instituto de la Propiedad donde los fiscales tomaron información de las propiedades ligadas al alcalde y aseguraron que hay algunas de ellas inscritas a nombre de terceros.
“Hay propiedades inscritas en el Instituto de la Propiedad y los nombres que aparecen son supuestamente de testaferros. La investigación que culmine es la que va a establecer la vinculación que han tenido tanto empleados municipales como personas fuera de la Municipalidad en los actos irregulares, afirmó Guzmán.
Ayer, después de seis horas de inspección de archivos y documentos, los fiscales determinaron decomisar toda la documentación encontrada en el registro. Solo de la oficina del alcalde, las autoridades extrajeron documentos contenidos en tres cajas. En total, el decomiso fue de 40 cajas de documentos y 50 computadoras, las cuales serán analizadas para determinar con la información si hay actos irregulares, como han sido denunciados.
Se defienden
El hijo del alcalde Leopoldo Crivelli Junior, quien se mostró sereno, aseguró que allanar las vivienda fue un atropello y que no sabía qué buscaban en las residencias.
“No sabemos qué buscaban. Tenemos sentimientos de enojo, indignación, risa o cólera porque no era la manera de hacer las cosas. Si tenían algún problema, estaba el Tribunal Superior de Cuentas que podía citarnos por la vía administrativa o penal. Al final todo va a quedar en un escándalo. La familia está consternada pero tranquila, el que nada debe, nada teme. Mi papá se comunicó conmigo temprano, para ver lo que estaba sucediendo. Está indignado y no sabe qué es lo que está pasando. Lo que no sabemos es por qué y por quién lo hacen”, dijo Crivelli.
Varios empleados municipales ayer lamentaban las acciones contra el alcalde.
Varias denuncias y meses de investigaciones llevaron al Ministerio Público a intervenir la Municipalidad de Choloma en el departamento de Cortés y a allanar dos residencias del alcalde Leopoldo Crivelli en Quintas San Miguel y Versalles en este municipio, explicaron las autoridades.
“Hay una serie de denuncias contra el alcalde de Choloma por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y por ende el Ministerio Público está investigando todo el núcleo que gira en torno al alcalde, familiares, empleados y particulares”, explicó Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público.
La operación denominada Sindaco, palabra italiana que significa alcalde, originó la movilización de cinco fiscalías: Crimen Organizado, Corrupción, Delitos Comunes, Derechos Humanos y del Consumidor y la Tercera Edad. Las Fiscalías fueron apoyadas por tres unidades de la Policía entrenadas por la Embajada de Estados Unidos, entre ellas el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (Goet), Unidad Transnacional de Investigación Criminal (Utic) y Tigres.
Esta es la segunda operación en menos de un mes contra un alcalde. El 28 de julio pasado, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y miembros de la Fusina arrestaron al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, en un sorpresivo allanamiento en el que le aseguraron 10 bienes. El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó ayer auto de formal procesamiento al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, y sus hermanos Miguel Ángel y Mario Roberto Urbina Soto. Los tres hermanos fueron remitidos al presidio sampedrano por lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, posesión ilegal de armas comerciales y prohibidas.
Los allanamientos
A las 9:00 am, el desplazamiento de varios carros blindados con policías se dirigió a las dos residencias del alcalde Crivelli y a la alcaldía municipal, donde intervinieron todos los departamentos en búsqueda de información que confirme o no las denuncias por acciones irregulares que el alcalde habría ejecutado con fondos de la Municipalidad cholomeña.
“Toda la Municipalidad, todos sus departamentos, se investigan en vista que también se indica que desde la Municipalidad se han hecho construcciones enormes, donde además del alcalde, se han beneficiado personas particulares y familiares y a todos se les va a requerir para verificar que es lo que tienen, explicó Guzmán.
Dentro de la documentación que fue encontrada en la Municipalidad figura una lista de personas, donde hay hasta periodistas que recibían dinero de la comuna cholomeña.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado, basada en las investigaciones que realiza y con la información recabada, informó que establecerá si algunos bienes provienen o no de acciones que puedan vincularse con el crimen organizado.
Las investigaciones
Un proceso de investigación que se profundizó desde este año llevó a la intervención de la Municipalidad de Choloma y con ella los allanamientos en las viviendas del alcalde y de su familia, donde se buscaba información, evidencias que vincularan al jefe edilicio con acciones irregulares.
La tarea de análisis que tienen fiscales e investigadores implica evaluaciones de las obras que se han ejecutado en el municipio para verificar el uso de los fondos de la comuna.
Esta investigación incluye además revisión de los contratos emitidos, pagos realizados, revisión de auditorías y verificar todos los documentos que ayer fueron decomisados.
“Esta semana se han ampliado las investigaciones y se obtuvieron elementos que motivaron la intervención. Se inspeccionan las obras, recursos humanos contratados, auditorías, y se verifica el trabajo en todos los departamentos de la Municipalidad de Choloma”, dijo el vocero de la Fiscalía.
Pero las investigaciones llegaron hasta el Instituto de la Propiedad donde los fiscales tomaron información de las propiedades ligadas al alcalde y aseguraron que hay algunas de ellas inscritas a nombre de terceros.
“Hay propiedades inscritas en el Instituto de la Propiedad y los nombres que aparecen son supuestamente de testaferros. La investigación que culmine es la que va a establecer la vinculación que han tenido tanto empleados municipales como personas fuera de la Municipalidad en los actos irregulares, afirmó Guzmán.
Ayer, después de seis horas de inspección de archivos y documentos, los fiscales determinaron decomisar toda la documentación encontrada en el registro. Solo de la oficina del alcalde, las autoridades extrajeron documentos contenidos en tres cajas. En total, el decomiso fue de 40 cajas de documentos y 50 computadoras, las cuales serán analizadas para determinar con la información si hay actos irregulares, como han sido denunciados.
Se defienden
El hijo del alcalde Leopoldo Crivelli Junior, quien se mostró sereno, aseguró que allanar las vivienda fue un atropello y que no sabía qué buscaban en las residencias.
“No sabemos qué buscaban. Tenemos sentimientos de enojo, indignación, risa o cólera porque no era la manera de hacer las cosas. Si tenían algún problema, estaba el Tribunal Superior de Cuentas que podía citarnos por la vía administrativa o penal. Al final todo va a quedar en un escándalo. La familia está consternada pero tranquila, el que nada debe, nada teme. Mi papá se comunicó conmigo temprano, para ver lo que estaba sucediendo. Está indignado y no sabe qué es lo que está pasando. Lo que no sabemos es por qué y por quién lo hacen”, dijo Crivelli.
Varios empleados municipales ayer lamentaban las acciones contra el alcalde.
