Tegucigalpa, Honduras.
Un préstamo hipotecario por 2.4 millones de lempiras y otro personal por 300,000 lempiras, se aprobó la directora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Martha Doblado Andara, violentando el reglamento interno de la institución, sorteando los controles regulares y valiéndose de su condición privilegiada de autoridad de ese ente.
Los detalles de estas presuntas irregularidades están plasmados en documentos oficiales a los cuales LA PRENSA tuvo acceso.
Un préstamo hipotecario por 2.4 millones de lempiras y otro personal por 300,000 lempiras, se aprobó la directora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Martha Doblado Andara, violentando el reglamento interno de la institución, sorteando los controles regulares y valiéndose de su condición privilegiada de autoridad de ese ente.
Los detalles de estas presuntas irregularidades están plasmados en documentos oficiales a los cuales LA PRENSA tuvo acceso.
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La Fiscalía Especial Contra la Corrupción ya tiene la información en su poder e inició las averiguaciones para determinar posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, fraude, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y falsificación de documentos, entre otros.
El Injupemp actualmente está bajo una amplia investigación del Ministerio Público a raíz de una serie de irregularidades cometidas durante la administración del exdirector Andrés Torres Rodríguez (2010-2014), del cual Doblado Andara era su asistente personal y ostentaba el cargo de subdirectora.
Durante la gestión de Torres Rodríguez se realizaron diversas transacciones reñidas con la ley, una de ellas fue la compra irregular de bonos del Estado por 250 millones de lempiras a través de un bróker fantasma, al cual se le pagaron un total de 5.4 millones de lempiras en comisiones, que, según las investigaciones, fueron a parar a cuentas personales del exfuncionario y de su yerno Manuel de Jesús Barahona.
También la Fiscalía investiga la transacción sobrevalorada de un terreno, el millonario pago de publicidad a periodistas, la compra de regalos suntuosos, el pago de contratos millonarios a procuradores externos, la contratación de personal supernumerario y la compra de viviendas en el fallido proyecto habitacional Rosa Elena de Lobo.
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Este nuevo escándalo viene a salpicar la deteriorada imagen de esa institución y abre una nueva línea de investigación para los agentes del Ministerio Público.
Mientras decenas de afiliados al sistema de pensiones tienen que pasar por engorrosos trámites administrativos y cumplir infinidad de gestiones legales para acceder a un préstamo personal o de vivienda, la actual titular del Injupemp se aprobó los créditos monetarios a la velocidad del rayo, en franca violación a la ley y con el contubernio de empleados afines.
De acuerdo a la información, las gestiones para acceder a dichos préstamos estuvieron plagadas de irregularidades en vista que se obviaron disposiciones contenidas en el reglamento interno del Injupemp y además se manipularon y adulteraron documentos e informes internos para facilitar la aprobación y el posterior otorgamiento de los fondos.
Los hechos anómalos
El primer caso se trata de un financiamiento para liberar dos propiedades situadas en El Tablón, El Pilinguín, jurisdicción del Distrito Central, por un monto exacto de 2,376,600 lempiras.
Este préstamo hipotecario fue aprobado por la junta directiva del Injupemp el 17 de enero de 2014, según consta en el punto de acta número 1,301.
Según los datos recabados, este millonario financiamiento fue otorgado violentando el reglamento de préstamos de la institución.
Para favorecer a la funcionaria se modificó el valor de la valuación de las propiedades, según consta en el dictamen número 030-2014-DIP del 21 de enero de 2014 emitido por la división de ingeniería y proyectos y validado por el departamento de préstamos de vivienda.
Por disposiciones internas un avalúo cuya valoración sea superior al monto máximo asignado en el programa de análisis de crédito, que en este caso es de 6 millones de lempiras máximo, no puede ser grabado en el sistema. Pero en vista que el monto de las propiedades superaba esa cantidad de dinero se manipuló el software para favorecer a Doblado.
Así quedó plasmado en el memorando 0218-DPV-2014 del 17 de enero de 2014 en el que la jefa de préstamos para vivienda ordena al asistente de la unidad técnica de informática que proceda a modificar el sistema AS/400 para que el parámetro fuese modificado o extendido de 6 millones a 10 millones de lempiras exactos.
Tres días después, es decir el 20 de enero, la misma funcionaria envía otra circular al jefe de informática del Injupemp pidiéndole la autorización para acceder al sistema y grabar la información de la beneficiaria, pero ahora con la nueva cantidad.
“Por medio de la presente solicito a usted el acceso para grabar análisis de la participante: Martha Vicenta Doblado Andara, cotizante número 04039384 y número de préstamo asignado 2014-0026, número del préstamo anterior es 1992-0154. La señora Doblado está solicitando nuevo financiamiento para adquisición de vivienda. Actualmente se le generó un nuevo número de préstamo, pero al momento de querer grabar en el sistema de informática AS/400 no le aparece el valor de la valuación que da la división de ingeniería”, cita la nota.
Se adulteraron fechas
Llama la atención que todas estas gestiones se hicieron justamente después de que el préstamo fue aprobado por la junta directiva del Injupemp, es decir, que el financiamiento se validó tres días antes sin tener a mano el expediente que contenía los informes legales y técnicos correspondientes.
Una fuente del Injupemp confió a LA PRENSA que el expediente se debió someter a todos los controles como regularmente se hace con todos los participantes del sistema y sin privilegios para nadie, pero en el caso de Doblado Andara se obviaron todos esos controles en un claro abuso de autoridad de la funcionaria y sus subalternos.
En este caso quedó constancia escrita en el libro de control de salida que el informe de avalúo de las propiedades se remitió al departamento de vivienda el mismo viernes 17 de enero a las 2:12 de la tarde, razón por la cual se deduce que el financiamiento por 2.4 millones se aprobó sin el debido documento, violentando el reglamento de préstamos para vivienda.
Ordinariamente cualquier préstamo tiene que seguir un riguroso procedimiento que implica que, una vez que es aprobado por el comité de crédito, posteriormente debe ser turnado con ocho días de anticipación a la junta directiva para que lo conozca y lo refrende.
Contrariamente, el préstamo otorgado a la ahora directora del Injupemp se gestionó y aprobó en un mismo día, el 17 de enero de 2014, justamente en la última sesión a la que asistió el entonces titular de la institución Andrés Torres Rodríguez, antes de dejar el cargo.
El caso cobra ribetes de ilegalidad porque en un intento de tapar estas anomalías se adulteraron o cambiaron las fechas de algunos de los expedientes para que coincidieran con el 17 de enero, fecha en que la directiva aprobó el préstamo, pero lo que no tomaron en cuenta los involucrados es que los sellos digitales estampados en los documentos consignan el 21 de enero como la fecha de recibido.
“Con esto se pretendió ocultar que dicho expediente no siguió todo el procedimiento establecido por el instituto, lo que conlleva a un fraude procesal, procedimental y de fondo”, cita el documento en poder del Ministerio Público.
Préstamo personal
Por otro lado, la Fiscalía contra la Corrupción tiene en su poder la documentación que establece que a la citada funcionaria también se le aprobó un financiamiento personal por un monto de 300,000 lempiras, que al igual que el anterior, no cumplió con las disposiciones legales que establece la institución para este tipo de transacciones.
La irregularidad consiste en que la funcionaria no estaba facultada para acceder a un financiamiento personal en vista que recién había retornado al sistema que debía cumplir con diversos requisitos y esperar un plazo mínimo de seis meses para ser sujeta a un crédito.
Además debió enterar en su totalidad las cotizaciones que había retirado en septiembre de 2006, cuando salió del servicio público. En aquella oportunidad laboraba como funcionaria de la desaparecida Secretaría de Gobernación y Justicia.
Según datos del sistema de cotizaciones del Injupemp, Doblado salió como participante activa del Injupemp en febrero de 2006, y de manera definitiva el 3 de septiembre del mismo año mediante el retiro de todas sus aportaciones.
El 23 de febrero de 2010 la funcionaria retornó al servicio público como asistente del entonces director ejecutivo del Injupemp Andrés Torres Rodríguez, y por tal motivo reingresó automáticamente al sistema de jubilaciones y pensiones.
De acuerdo a las disposiciones reglamentarias del Injupemp, Doblado debió devolver todas las aportaciones retiradas, ya sea en su totalidad o mediante un arreglo de pago, para volver a gozar de los beneficios y luego esperar un plazo de seis meses.
No obstante, dos meses después de haber ingresado al sistema, doblado solicitó un financiamiento de 300,000 lempiras, sin haber cumplido ninguno de los requisitos anteriores, según consta en la documentación en poder del Ministerio Público.
A pesar de no cumplir con los requerimientos legales, la junta directiva aprobó en abril de 2010 el préstamo por la referida cantidad de dinero, haciéndole la primera deducción de 10,695.82 en mayo del mismo año para la amortización del financiamiento referido y otra por 5,801.16 correspondiente a la devolución de las aportaciones.
El reglamento interno del Injupemp dispone que todo participante que regrese al servicio activo y haya suscrito un convenio de reingreso de sus cotizaciones y transcurrido un mínimo de seis meses de cotización efectiva, tendrá derecho a obtener un préstamo por una suma igual a los valores devueltos más las nuevas cotizaciones.
Para realizar este acto, según la denuncia, existió el concurso de otros funcionarios de la institución para manipular el sistema de cómputo y que éste aceptara la inadecuada transacción.
“Nos preocupa la vulnerabilidad del sistema de cómputo en el sentido que pueda manipularse para realizar actos reñidos con la ley y que se pueda llegar al punto de borrar cantidades que adeudan los participantes del sistema, lo que generaría enormes perjuicios económicos a la institución”, apuntó la fuente.
