Empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería operaban en contubernio con una red de tráfico de menores e indocumentados que tramitaba pasaportes y otros documentos para que los infantes pudieran salir por las aduanas del país a Estados Unidos, según investigaciones de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
Este hallazgo aceleró la decisión del presidente Juan Orlando Hernández de suprimir esa entidad responsable de la política migratoria del país y sustituirla por el nuevo Instituto Nacional de Migración (INM), que será dirigido por una comisión compuesta por Ever Danilo Mejía, Antonio Melgar Urbina y Miguel Ángel García Padgett.
La decisión oficial se dio el mismo día en que la primera dama Ana García de Hernández rindiera un dramático informe sobre las condiciones infrahumanas de miles de niños hondureños detenidos en estaciones migratorias de Estados Unidos, lo que ha causado una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera entre México y EUA.
El pasado 11 de junio, el presidente Hernández ordenó intervenir la Dirección General de Migración y Extranjería y con base en las investigaciones se decidió suprimirla y reestructurar su personal, para lo cual se evaluarán y certificarán los empleados y se contratarán nuevos oficiales migratorios.
La noche del lunes, el Presidente anunció la creación del Instituto Nacional de Migración como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con independencia administrativa, funcional y presupuestaria.
Esta instancia tiene efectos inmediatos y estará compuesta por el titular de Defensa, Samuel Reyes; el secretario de la Presidencia, Reinaldo Sánchez; la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva; el director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Julián Pacheco; y el portavoz y asesor presidencial Ebal Díaz.
Mafia operaba en Migración
Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron a LA PRENSA que la decisión presidencial estuvo motivada por un informe de la DNII que reveló la existencia de una organizada red de contrabando y tráfico de menores y de migrantes que operaba con el apoyo de empleados de la fenecida institución. Ebal Díaz, secretario del Consejo de Ministros, dijo que se descubrió “toda una mafia” que documentaba, sacaba pasaportes y facilitaba la actividad de los traficantes de personas, cuyos cabecillas y colaboradores ya han sido identificados y contra quienes se emprenderán las acciones judiciales correspondientes.
“La Dirección de Investigación e Inteligencia hizo seguimiento e indagaciones. Se le informó al Presidente que hay una red de tráfico de menores y de personas con vínculos en la Dirección General de Migración y Extranjería”, reveló.
Puso como ejemplo que solo a una persona se le otorgaron más de 50 pasaportes y lo mismo se hizo con otros individuos que no tenían ningún vínculo o relación con los niños a los que se les tramitaba el documento de salida del país.
El funcionario reveló que la tarjeta de identidad de una sola persona servía para tramitar y retirar dos o más pasaportes de modo que el tráfico de infantes y de personas en general “ha contado con la complicidad de muchos funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería”.
Se estima que solo en Honduras la industria del tráfico de personas genera capitales ilícitos de unos 600 millones de dólares, es decir 12,600 millones de lempiras. Díaz indicó que un estudio determinó que la composición de la Dirección General de Migración y Extranjería no corresponde a lo que debe ser una institución encargada de velar por la seguridad en la emisión de pasaportes y la documentación de los hondureños que salen del país, así como el control migratorio de las personas que ingresan a nuestro territorio.
Añadió que concluyeron que en dicha entidad hay muy poco que salvar porque el personal no es adecuado, hay empleados calificados que no están en las áreas de su competencia y otros ocupan puestos de responsabilidad, pero no tienen el perfil profesional para hacerlo.
Explicó que el aspecto migratorio es bastante delicado si se considera que de mayo a la fecha, más de 13,000 niños hondureños han migrado a Estados Unidos y hay casos de ciudades como Siguatepeque, donde prácticamente se están quedando sin niños porque están emigrando para encontrarse con sus padres, con el riesgo de sufrir abusos e incluso morir.
Por esta situación, el titular del Poder Ejecutivo determinó suprimir esa dependencia y crear el Instituto Nacional de Migración y Política Migratoria, con la orden expresa de cancelar el personal y contratar nuevos empleados, pero con rigurosos estándares de evaluación y selección.
“Se ordenó contratar con estándares especializados para que haya personal con otra formación y que obviamente pueda responder a una verdadera política migratoria”, afirmó.
El proceso de transición al nuevo ente llevará un plazo de dos meses para tener a punto la nueva institucionalidad.
Dijo que se harán exámenes de evaluación y de confianza a todo el personal y el que no reúna las condiciones y no pase las evaluaciones será cesanteado y se le pagarán las prestaciones.
La Dirección de Migración opera con 427 empleados, 187 de ellos por contrato, y tiene 34 delegaciones a escala nacional.
Evade responsabilidad
Venancio Cervantes, hasta ayer director de Migración y Extranjería, recibió con tranquilidad la resolución ejecutiva y dijo que está listo para entregar el cargo y la documentación que requieran las nuevas autoridades de la institución recién creada.
“La intención de esto es fortalecer las labores migratorias con el nuevo instituto y mejorar el personal que trabaja en los puntos de migración”, dijo. Cervantes reconoció que la institución requiere personal profesional y mejor calificado para las labores de seguridad nacional que les competen.
Declaró que el nuevo instituto es resultado de la intervención ordenada por el presidente de la República a principios de junio de este año.
El funcionario evadió cualquier responsabilidad en el tráfico de inmigrantes e indocumentados y dijo que hasta ahora no se ha probado que personal de Migración esté implicado en eso.
“No es Migración responsable de eso. Estamos establecidos en puntos fijos donde hacemos los controles. Si ahí hay alguien que trabaja al margen de la ley, eso ya es otra cosa, que es lo que estamos investigando”.
Incertidumbre
En San Pedro Sula, el personal de las oficinas de la Dirección Regional de Migración y Extranjería trabajaba normalmente, aunque con incertidumbre tras el anuncio del presidente Juan Orlando Hernández del cierre de la dirección de esa dependencia y la creación del instituto.
Los empleados prefirieron no hablar, pero el jefe regional Xavier Salgado afirmó que todos los trámites se estaban realizando normalmente.
“No hemos interrumpido nuestras acciones. Tenemos citas programadas de pasaporte desde hace mucho tiempo. Por lo tanto no puede detenernos en ese sentido porque no hay ninguna contraorden”, dijo.
Salgado opinó que lo que cambiará es la manera de administración porque ya no formaría parte del Ministerio del Interior.
Actualmente tienen lugar 300 trámites diarios en oficinas que se ha convertido en un infierno por la falta de aires acondicionados, con temperaturas que superan los 35 grados. La regional tiene 27 empleados y el departamento de extranjería únicamente siete.
