Tegucigalpa, Honduras.
La información relativa al patrimonio de los altos funcionarios públicos es el secreto mejor guardado en Honduras y su acceso para la ciudadanía y la prensa está blindado por las propias instituciones y las leyes que dicen promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Mientras Argentina, Estados Unidos, Chile e incluso Costa Rica han abierto sus archivos oficiales para que la sociedad pueda conocer los bienes de sus Presidentes y demás funcionarios públicos, en Honduras, la obtención de esos datos es una tarea imposible.
De hecho, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dispone de un archivo donde guarda celosamente las declaraciones juradas de todos los servidores públicos, incluyendo de los titulares de los tres poderes del Estado, ministros y directores de entes concentrados y desconcentrados, pero su acceso está restringido.
El TSC recoge la declaración patrimonial de todos los servidores públicos con salarios mayores de 30,000 lempiras mensuales, pero esa información se guarda como un secreto de Estado o de seguridad nacional y solamente está disponible para los órganos fiscalizadores y judiciales por orden legal. Debido a los blindajes legales no es posible conocer los ingresos y las propiedades que poseen los jefes de gobierno al entrar a la función pública y mucho menos cuando abandonan el poder. Similar situación ocurre con los secretarios de Estado o cualquier otro funcionario estatal.
Honduras se incorporó en septiembre de 2011 a la Alianza de Gobiernos Abiertos, promovida por el presidente de EUA, Barack Obama, para desbloquear y poner a disposición de la ciudadanía la información oficial.
En esa declaración, el Gobierno hondureño se comprometió a aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales y a promover mayor acceso a la información y divulgación sobre sus acciones en todos los niveles de gobierno.
Esta iniciativa tiene como eje transversal los registros y las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios del Estado, pero en la práctica este pacto no se ha cumplido en Honduras porque sigue habiendo restricciones oficiales y legales para acceder a datos sobre los bienes y posesiones materiales de los servidores del Estado.
El caso de Lobo y Pascua
Un caso de las restricciones que persisten en Honduras es el de una propiedad que compraron el expresidente Porfirio Lobo Sosa - meses antes de entregar el poder- y su esposa Rosa Elena Bonilla en una exclusiva zona del condado de Miami Dade, en el estado de Florida.
El inmueble se encuentra en Doral Breeze, noroeste de la ciudad de Miami, en un área residencial rodeada de lagos artificiales que, según la documentación oficial, fue adquirida por el entonces gobernante y su esposa en mayo de 2013, ocho meses antes de que Lobo entregara el poder.
En 2014, esta propiedad está tasada en 603,725 dólares estadounidenses, es decir 12.7 millones de lempiras al cambio oficial, según consta en la página oficial del condado de Miami.
Otro caso es el del exsecretario de Defensa, Marlon Pascua, quien, según la información en el portal de Internet de Miami Dade, adquirió en noviembre de 2011 una propiedad en la zona residencial de Pinecrest, condado de Miami.
Este inmueble está tasado en un valor comercial de 523,977 dólares, es decir unos 11 millones de lempiras, y en la documentación de la ciudad aparece oficialmente registrada a nombre de Marlon Pascua y de su esposa Elizabeth. Es posible acceder a la información sobre ambas propiedades mediante un programa especial disponible en la página oficial del gobierno local de Miami Dade.
En los dos casos, LA PRENSA pidió información al Tribunal Superior de Cuentas para cotejar si ambas posesiones estaban registradas en la declaración patrimonial de los citados exfuncionarios, pero la solicitud se denegó, pues se adujo que se trata de información confidencial que no está disponible al público por contar con blindajes legales.
Los responsables de la oficina de información indicaron que tales datos no pueden ser divulgados, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del TSC y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
LA PRENSA consultó a Pascua sobre la procedencia de esta propiedad. él manifestó que “es de mis hijos que viven en Miami” y adujo que estaba a su nombre y de su esposa porque ellos no eran sujetos de crédito en aquel país.
“Ellos viven allá hace varios años y no eran sujetos de crédito y nosotros sí; por eso está a nuestro nombre”.
En Honduras solo puede conocerse una declaración jurada de bienes por dos vías: que se concluya una investigación por enriquecimiento ilícito y la persona indagada resulte culpable o que el mismo Presidente decida ser transparente y publique sus bienes.
Comprar propiedades, incluso en Miami, es potestad de quien tiene los fondos y no se trata de ningún delito. Sin embargo, en estos casos se refiere a exfuncionarios cuyos bienes deberían ser públicos para cumplir con la transparencia a que se ha comprometido el país.
Expertos en transparencia consultados por LA PRENSA indicaron que en aras de la rendición de cuentas que debe imperar en la sociedad hondureña esta información debería estar disponible para todos los hondureños interesados en conocer en qué se gastan sus impuestos, como está establecido para los ciudadanos estadounidenses.
Ambos casos demuestran las limitaciones que afrontan los periodistas y la ciudadanía en general para acceder a datos públicos relacionados con los bienes de sus funcionarios.
Información bloqueada
A mediados del año pasado, LA PRENSA presentó al TSC una solicitud de acceso a la información pública, pidiendo las declaraciones juradas de bienes de los presidentes de los tres poderes de Estado, información que fue negada.
En cuanto al expresidente Porfirio Lobo se solicitaron sus declaraciones patrimoniales mientras fungió como gerente en la desaparecida Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) en el gobierno de Rafael Callejas; los cuatro años como presidente del Congreso Nacional y los que estuvo en la Presidencia de la República.
Según la Oficina de Transparencia del TSC, Lobo Sosa solo declaró sus bienes en 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011 y 2012.
El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, desde que funge como diputado por el departamento de Lempira ha declarado sus bienes en 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Mientras tanto, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, como magistrado ha declarado sus bienes desde 1982, 1988, 1994, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. No obstante, el contenido de todas estas declaraciones es desconocido.
Salarios
La única información disponible al público en los portales de transparencia es sobre los salarios de los altos funcionarios públicos. De hecho, LA PRENSA reveló la semana anterior que las principales autoridades de 18 instituciones públicas devengan salarios de más de 100 mil lempiras.
Se conoce por ejemplo que el presidente Juan Orlando Hernández devenga 90,000 lempiras mensuales y Jorge Rivera Avilés gana un sueldo de 185,489.21 lempiras, más 40,000 en gastos de representación.
El salario del diputado presidente Mauricio Oliva Herrera sobrepasa los L93,000. No obstante, los gastos de representación y la partida confidencial de los titulares del Ejecutivo y Legislativo son desconocidos.
Datos recabados por LA PRENSA detallan que los vicepresidentes del Poder Legislativo devengan entre 67,500 y 70,500 lempiras mensuales; los vicepresidentes alternos, 67,300; los secretarios, 64,833; los secretarios alternos, 60,833, y los prosecretarios, 60,833.
Un diputado propietario devenga 55,000 lempiras y un suplente, 20,000, sin contar los subsidios a que tienen acceso para apoyar a sus comunidades y que hasta el año anterior ascendían a un millón de lempiras para los primeros y 500,000 para los segundos.
La información relativa al patrimonio de los altos funcionarios públicos es el secreto mejor guardado en Honduras y su acceso para la ciudadanía y la prensa está blindado por las propias instituciones y las leyes que dicen promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Mientras Argentina, Estados Unidos, Chile e incluso Costa Rica han abierto sus archivos oficiales para que la sociedad pueda conocer los bienes de sus Presidentes y demás funcionarios públicos, en Honduras, la obtención de esos datos es una tarea imposible.
De hecho, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dispone de un archivo donde guarda celosamente las declaraciones juradas de todos los servidores públicos, incluyendo de los titulares de los tres poderes del Estado, ministros y directores de entes concentrados y desconcentrados, pero su acceso está restringido.
El TSC recoge la declaración patrimonial de todos los servidores públicos con salarios mayores de 30,000 lempiras mensuales, pero esa información se guarda como un secreto de Estado o de seguridad nacional y solamente está disponible para los órganos fiscalizadores y judiciales por orden legal. Debido a los blindajes legales no es posible conocer los ingresos y las propiedades que poseen los jefes de gobierno al entrar a la función pública y mucho menos cuando abandonan el poder. Similar situación ocurre con los secretarios de Estado o cualquier otro funcionario estatal.
Honduras se incorporó en septiembre de 2011 a la Alianza de Gobiernos Abiertos, promovida por el presidente de EUA, Barack Obama, para desbloquear y poner a disposición de la ciudadanía la información oficial.
En esa declaración, el Gobierno hondureño se comprometió a aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales y a promover mayor acceso a la información y divulgación sobre sus acciones en todos los niveles de gobierno.
Esta iniciativa tiene como eje transversal los registros y las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios del Estado, pero en la práctica este pacto no se ha cumplido en Honduras porque sigue habiendo restricciones oficiales y legales para acceder a datos sobre los bienes y posesiones materiales de los servidores del Estado.
El caso de Lobo y Pascua
Un caso de las restricciones que persisten en Honduras es el de una propiedad que compraron el expresidente Porfirio Lobo Sosa - meses antes de entregar el poder- y su esposa Rosa Elena Bonilla en una exclusiva zona del condado de Miami Dade, en el estado de Florida.
El inmueble se encuentra en Doral Breeze, noroeste de la ciudad de Miami, en un área residencial rodeada de lagos artificiales que, según la documentación oficial, fue adquirida por el entonces gobernante y su esposa en mayo de 2013, ocho meses antes de que Lobo entregara el poder.
En 2014, esta propiedad está tasada en 603,725 dólares estadounidenses, es decir 12.7 millones de lempiras al cambio oficial, según consta en la página oficial del condado de Miami.
Otro caso es el del exsecretario de Defensa, Marlon Pascua, quien, según la información en el portal de Internet de Miami Dade, adquirió en noviembre de 2011 una propiedad en la zona residencial de Pinecrest, condado de Miami.
Este inmueble está tasado en un valor comercial de 523,977 dólares, es decir unos 11 millones de lempiras, y en la documentación de la ciudad aparece oficialmente registrada a nombre de Marlon Pascua y de su esposa Elizabeth. Es posible acceder a la información sobre ambas propiedades mediante un programa especial disponible en la página oficial del gobierno local de Miami Dade.
En los dos casos, LA PRENSA pidió información al Tribunal Superior de Cuentas para cotejar si ambas posesiones estaban registradas en la declaración patrimonial de los citados exfuncionarios, pero la solicitud se denegó, pues se adujo que se trata de información confidencial que no está disponible al público por contar con blindajes legales.
Los responsables de la oficina de información indicaron que tales datos no pueden ser divulgados, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del TSC y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
LA PRENSA consultó a Pascua sobre la procedencia de esta propiedad. él manifestó que “es de mis hijos que viven en Miami” y adujo que estaba a su nombre y de su esposa porque ellos no eran sujetos de crédito en aquel país.
“Ellos viven allá hace varios años y no eran sujetos de crédito y nosotros sí; por eso está a nuestro nombre”.
En Honduras solo puede conocerse una declaración jurada de bienes por dos vías: que se concluya una investigación por enriquecimiento ilícito y la persona indagada resulte culpable o que el mismo Presidente decida ser transparente y publique sus bienes.
Comprar propiedades, incluso en Miami, es potestad de quien tiene los fondos y no se trata de ningún delito. Sin embargo, en estos casos se refiere a exfuncionarios cuyos bienes deberían ser públicos para cumplir con la transparencia a que se ha comprometido el país.
Expertos en transparencia consultados por LA PRENSA indicaron que en aras de la rendición de cuentas que debe imperar en la sociedad hondureña esta información debería estar disponible para todos los hondureños interesados en conocer en qué se gastan sus impuestos, como está establecido para los ciudadanos estadounidenses.
Ambos casos demuestran las limitaciones que afrontan los periodistas y la ciudadanía en general para acceder a datos públicos relacionados con los bienes de sus funcionarios.
Información bloqueada
A mediados del año pasado, LA PRENSA presentó al TSC una solicitud de acceso a la información pública, pidiendo las declaraciones juradas de bienes de los presidentes de los tres poderes de Estado, información que fue negada.
En cuanto al expresidente Porfirio Lobo se solicitaron sus declaraciones patrimoniales mientras fungió como gerente en la desaparecida Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) en el gobierno de Rafael Callejas; los cuatro años como presidente del Congreso Nacional y los que estuvo en la Presidencia de la República.
Según la Oficina de Transparencia del TSC, Lobo Sosa solo declaró sus bienes en 2002, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011 y 2012.
El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, desde que funge como diputado por el departamento de Lempira ha declarado sus bienes en 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Mientras tanto, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, como magistrado ha declarado sus bienes desde 1982, 1988, 1994, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. No obstante, el contenido de todas estas declaraciones es desconocido.
Salarios
La única información disponible al público en los portales de transparencia es sobre los salarios de los altos funcionarios públicos. De hecho, LA PRENSA reveló la semana anterior que las principales autoridades de 18 instituciones públicas devengan salarios de más de 100 mil lempiras.
Se conoce por ejemplo que el presidente Juan Orlando Hernández devenga 90,000 lempiras mensuales y Jorge Rivera Avilés gana un sueldo de 185,489.21 lempiras, más 40,000 en gastos de representación.
El salario del diputado presidente Mauricio Oliva Herrera sobrepasa los L93,000. No obstante, los gastos de representación y la partida confidencial de los titulares del Ejecutivo y Legislativo son desconocidos.
Datos recabados por LA PRENSA detallan que los vicepresidentes del Poder Legislativo devengan entre 67,500 y 70,500 lempiras mensuales; los vicepresidentes alternos, 67,300; los secretarios, 64,833; los secretarios alternos, 60,833, y los prosecretarios, 60,833.
Un diputado propietario devenga 55,000 lempiras y un suplente, 20,000, sin contar los subsidios a que tienen acceso para apoyar a sus comunidades y que hasta el año anterior ascendían a un millón de lempiras para los primeros y 500,000 para los segundos.
