San Pedro Sula, Honduras.
La reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal que elimina las medidas alternas a la prisión preventiva en más de 21 delitos ha incrementado la población carcelaria en los 24 centros penales del país. El extremo supera los 14 mil reclusos, según un informe presentado por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev).
En diciembre de 2012 había 12,186 reclusos. En 2013, el número de privados de libertad era 13,425, lo que representó un aumento de 10.17%.
Los jueces de ejecución aseguran que el hacinamiento en las cárceles del país se ha disparado en 300% debido a la elevada demanda carcelaria.
Un promedio de 20 personas son enviadas a diario a la cárcel y unas siete quedan en libertad.
“El hacinamiento se ha incrementado y al ritmo que va no habrá más espacio. De 13 mil privados de libertad que teníamos a julio de 2013, hoy rebasamos los 14 mil. Pero las decisiones que toma el Estado tienen que ver con la construcción de más cárceles.
Se han decidido por una política de encarcelamiento y deben tomar otras medidas para la prevención. Pero la gran propuesta es la represión del delito, el encarcelamiento”, indica Odalis Nájera, comisionada del Conaprev.
Con las cifras que manejan los jueces, unos 7 mil nuevos internos ingresan cada año a las 24 cárceles del país y solo 2,500 salen de ellas.
Al 28 de mayo de 2014, el Instituto Penitenciario informaba un registro de 14,007 reclusos.
La realidad
La capacidad de las prisiones en Honduras es de 8,500 internos. Sin embargo, la sobrepoblación actual supera el 57%.
Un aspecto no menor es que los reos se enfrentan también a la infraestructura dañada y la insalubridad. Además de estar hacinados, mendigan la alimentación, según Nájera.
El presupuesto diario de cada uno equivale a 11 lempiras, lo que significa L3.66 por tiempo.
“Erróneamente se piensa que se reprime el delito endureciendo penas, creando más figuras delictivas o suprimiendo medidas alternas a la prisión preventiva, lo que no es cierto. Está comprobado que entre más personas se mandan a la cárcel sin posibilidad de rehabilitarse, más se deteriora el tejido social”, explica Nájera.
A un año de que el Congreso Nacional ampliara el catálogo de delitos para que los jueces no dicten medidas cautelares a quienes cometan delitos que conlleven penas superiores a los cinco años de prisión, el otorgamiento de esta figura disminuyó en más del 50%, asegura el Poder Judicial.
Dicha situación disparó la cifra de reclusos que ahora tiene a punto de estallar los penales.
Delitos exentos de medidas
Los delitos a los que los jueces no pueden aplicar las medidas sustitutivas son asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de monedas de billetes de banco, robo en todas sus modalidades, magnicidio de jefes de Estado o de Gobierno nacional o extranjero.
Tampoco gozarán de medidas cautelares los acusados de genocidio, asociación ilícita, delitos relacionados con armas de guerra, terrorismo, contrabando y defraudación fiscal, delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, lavado de activos y prevaricato.
De acuerdo con las estadísticas que maneja la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), por cada 10 personas que son enviadas a los juzgados, solo a dos se les otorga una medida cautelar. En tanto, el resto es enviado a la cárcel.
“Se deben buscar otras decisiones que hagan contra peso al crimen. Por ejemplo, la ley de excarcelación por condiciones humanitarias puede contrarrestar el hacinamiento. Otra normativa que ayudaría es la de reducción de penas. Estas son las alternativas que debería tener el Estado para contrarrestar la política de internamiento. Si no adoptan correctivos, lo que vamos a tener son más problemas, más de lo mismo”, dice la comisionada de Conaprev.
Hay temor
Las medidas para neutralizar las operaciones de los criminales que continúan delinquiendo porque los jueces les otorgaban medidas distintas a la prisión provocan reacciones de los defensores privados, quienes aseguran que los jueces tienen temor por las acciones del Consejo de la Judicatura.
“El Poder Judicial impone penas por delitos que no se configuran. Todos los casos que llegan, por ejemplo, al juez con jurisdicción nacional son condenados o con auto de formal procesamiento. Hay un juez nacional que nunca ha emitido un sobreseimiento provisional o definitivo en su vida”, denuncia un afectado.
Paulina Pérez, directora de la Defensa Pública, informa que los juzgados hondureños han dictado 4,958 medidas sustitutivas en lo que va de 2014.
“Hay que acreditar requisitos. Para que pueda obtenerse la aplicación de una medida sustitutiva distinta de la prisión preventiva en los delitos que lo permiten hay que acreditar que no hay peligrosidad de la persona que se está enjuiciando”, indica la defensora.
Al comparar las medidas sustitutivas que se dictaron en los primeros cinco meses de 2013 se observa que se otorgaron más de 15 mil, por lo que Pérez considera que en 2014 la cantidad se ha reducido dramáticamente.
La reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal que elimina las medidas alternas a la prisión preventiva en más de 21 delitos ha incrementado la población carcelaria en los 24 centros penales del país. El extremo supera los 14 mil reclusos, según un informe presentado por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev).
En diciembre de 2012 había 12,186 reclusos. En 2013, el número de privados de libertad era 13,425, lo que representó un aumento de 10.17%.
Los jueces de ejecución aseguran que el hacinamiento en las cárceles del país se ha disparado en 300% debido a la elevada demanda carcelaria.
Un promedio de 20 personas son enviadas a diario a la cárcel y unas siete quedan en libertad.
“El hacinamiento se ha incrementado y al ritmo que va no habrá más espacio. De 13 mil privados de libertad que teníamos a julio de 2013, hoy rebasamos los 14 mil. Pero las decisiones que toma el Estado tienen que ver con la construcción de más cárceles.
Se han decidido por una política de encarcelamiento y deben tomar otras medidas para la prevención. Pero la gran propuesta es la represión del delito, el encarcelamiento”, indica Odalis Nájera, comisionada del Conaprev.
Con las cifras que manejan los jueces, unos 7 mil nuevos internos ingresan cada año a las 24 cárceles del país y solo 2,500 salen de ellas.
Al 28 de mayo de 2014, el Instituto Penitenciario informaba un registro de 14,007 reclusos.
La realidad
La capacidad de las prisiones en Honduras es de 8,500 internos. Sin embargo, la sobrepoblación actual supera el 57%.
Un aspecto no menor es que los reos se enfrentan también a la infraestructura dañada y la insalubridad. Además de estar hacinados, mendigan la alimentación, según Nájera.
El presupuesto diario de cada uno equivale a 11 lempiras, lo que significa L3.66 por tiempo.
“Erróneamente se piensa que se reprime el delito endureciendo penas, creando más figuras delictivas o suprimiendo medidas alternas a la prisión preventiva, lo que no es cierto. Está comprobado que entre más personas se mandan a la cárcel sin posibilidad de rehabilitarse, más se deteriora el tejido social”, explica Nájera.
A un año de que el Congreso Nacional ampliara el catálogo de delitos para que los jueces no dicten medidas cautelares a quienes cometan delitos que conlleven penas superiores a los cinco años de prisión, el otorgamiento de esta figura disminuyó en más del 50%, asegura el Poder Judicial.
Dicha situación disparó la cifra de reclusos que ahora tiene a punto de estallar los penales.
Delitos exentos de medidas
Los delitos a los que los jueces no pueden aplicar las medidas sustitutivas son asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de monedas de billetes de banco, robo en todas sus modalidades, magnicidio de jefes de Estado o de Gobierno nacional o extranjero.
Tampoco gozarán de medidas cautelares los acusados de genocidio, asociación ilícita, delitos relacionados con armas de guerra, terrorismo, contrabando y defraudación fiscal, delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, lavado de activos y prevaricato.
De acuerdo con las estadísticas que maneja la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), por cada 10 personas que son enviadas a los juzgados, solo a dos se les otorga una medida cautelar. En tanto, el resto es enviado a la cárcel.
“Se deben buscar otras decisiones que hagan contra peso al crimen. Por ejemplo, la ley de excarcelación por condiciones humanitarias puede contrarrestar el hacinamiento. Otra normativa que ayudaría es la de reducción de penas. Estas son las alternativas que debería tener el Estado para contrarrestar la política de internamiento. Si no adoptan correctivos, lo que vamos a tener son más problemas, más de lo mismo”, dice la comisionada de Conaprev.
Hay temor
Las medidas para neutralizar las operaciones de los criminales que continúan delinquiendo porque los jueces les otorgaban medidas distintas a la prisión provocan reacciones de los defensores privados, quienes aseguran que los jueces tienen temor por las acciones del Consejo de la Judicatura.
“El Poder Judicial impone penas por delitos que no se configuran. Todos los casos que llegan, por ejemplo, al juez con jurisdicción nacional son condenados o con auto de formal procesamiento. Hay un juez nacional que nunca ha emitido un sobreseimiento provisional o definitivo en su vida”, denuncia un afectado.
Paulina Pérez, directora de la Defensa Pública, informa que los juzgados hondureños han dictado 4,958 medidas sustitutivas en lo que va de 2014.
“Hay que acreditar requisitos. Para que pueda obtenerse la aplicación de una medida sustitutiva distinta de la prisión preventiva en los delitos que lo permiten hay que acreditar que no hay peligrosidad de la persona que se está enjuiciando”, indica la defensora.
Al comparar las medidas sustitutivas que se dictaron en los primeros cinco meses de 2013 se observa que se otorgaron más de 15 mil, por lo que Pérez considera que en 2014 la cantidad se ha reducido dramáticamente.
La cárcel no es la mejor solución
Hay un fenómeno muy grave en Latinoamérica y es lo que se llama expansión del derecho penal, que se busca para que sea la solución de casi todas las situaciones.
Se ha establecido por experiencia que la cárcel no es la mejor solución ni la que evita conflictos. Deben buscarse medidas alternativas.
En Honduras se está haciendo lo contrario. Se están creando nuevos tipos penales, aumentando penas, suprimiendo las medidas cautelares y procurando que este tipo de situaciones encuentren en la restricción de la libertad una solución para la violencia y la falta de convivencia pacífica.
Hoy se habla, incluso, que Honduras no es el país con mayor población, pero sí el que tiene más presos. Se llega al extremo de hablar de habilitar unidades militares para guardar los presos.
Honduras debe reducir los delitos y dejar la cárcel solo para delitos graves. No estamos en la ruta correcta y buscar en el derecho penal una solución de los problemas es un gran error.
