Tegucigalpa, Honduras
Aunque ya han pasado ocho años desde que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la mayoría de funcionarios hondureños simplemente ignoran su deber de cumplir con esta normativa.
El último informe elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), al que Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo, revela que en el primer trimestre de 2014 hay 52 instituciones del Estado de Honduras que quedaron aplazadas por no cumplir con sus responsabilidades de transparencia.
En total, 15 instituciones están en el nivel malo de la evaluación y 37 hacen un trabajo deficiente de transparencia, que es el calificativo más bajo que hay.
Entre las 52 instituciones aplazadas, incluso hay siete que tienen 0% (porque no hay menos) en el índice de interés de cumplimiento de transparencia, según el IAIP, y estas son la Comisión del Valle de Sula, la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Ferrocarril de Honduras, las alcaldías de Roatán y San Pedro Sula y el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, PNPRRS.
El informe expone que “la gerencia de verificación de transparencia mediante la veeduría de la información que debe ser difundida en los portales de transparencia de instituciones obligadas hizo evidente que en los componentes donde radica el mayor incumplimiento son planeación y rendición de cuentas, así como finanzas”, dice el documento.
La evaluación
Fueron 102 las instituciones verificadas en los primeros tres meses de este año, lo cual significa que más de la mitad no aprobaron la evaluación.
El documento, que será publicado en las próximas semanas, tiene por nombre Informe ejecutivo de verificación de la información de oficio en portales de transparencia de instituciones obligadas a cumplir esta ley.
Lo más preocupante de los resultados de la evaluación es que solo en el primer trimestre de este año ya hay 10 instituciones más que incumplen sus deberes de transparencia, si se comparan con las 42 señaladas en el informe del período de gestión de julio a diciembre de 2013.
En las calificaciones del IAIP hay cuatro categorías, según el desempeño de transparencia de cada institución: excelente, bueno, malo y deficiente.
Los últimos dos calificativos son para aquellas instituciones con las carencias más grandes de transparencia.
La puntuación puede variar de cero a 100%. Mientras más baja sea la calificación de una institución, significa que tiene un peor nivel de cumplimiento de la ley.
No tienen excusa
Doris Madrid, presidenta del IAIP, expresó que ningún funcionario o institución tiene excusa para no cumplir con la Ley de Transparencia, y declaró que ya tienen definidas acciones para impedir que se siga violentando la legislación. “Citaremos a los funcionarios de todas las instituciones que no están cumpliendo con la obligación de transparentar la información”, indicó.
La presidenta del IAIP explicó que aunque algunas de estas instituciones ya tengan nuevas autoridades, igual deben rendir sus informes.
“Es deber de los funcionarios ponerse al día con los portales de transparencia aunque los datos que falten sean de períodos en los que ellos no estuvieron, por ejemplo, del Gobierno pasado. Al asumir los cargos toman esa responsabilidad y si lo hacen, esto puede contribuir a que se descubran posibles casos de corrupción en algunas instituciones del Estado”, afirmó Madrid.
La funcionaria agregó que a pesar de que hay instituciones que ya no existen, hallan cambiado de nombre o se fusionaron, como la Secretaría de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) ahora Insep, siempre se investigará por qué no cumplieron con la Ley de Transparencia durante su período de gestión correspondiente a 2013.
Madrid indicó que toda institución que no cumple con la Ley de Transparencia es motivo de preocupación, pero que en especial lo son aquellas que manejan multimillonarias partidas presupuestarias, pues es una mayor cantidad de recursos los que están siendo utilizados sin seguir un proceso transparente.
Además de algunas de las que tienen 0%, otras instituciones con índices de transparencia extremadamente bajos en 2014 y que manejan grandes presupuestos son la Empresa Nacional Portuaria (ENP) con 27%, la Comisión Permanente de Contigencias (Copeco) con 39%, el Tribunal Supremo Electoral y Casa Presidencial, ambos con 43%, la Secretaría de Salud con 47% y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) con 48%. El comité técnico para el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional apenas tiene 18%.
En la mira
Dagoberto Aspra , jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), expresó que la impunidad es el mejor aliado que tienen los funcionarios que violentan la Ley de Transparencia.
Además detalló que las investigaciones del CNA comienzan revisando la información pública en los portales de transparencia, luego ven partidas presupuestarias, licitaciones, gastos, contrataciones, etcétera, buscando alguna irregularidad. El siguiente paso es pedir y conseguir documentación específica para poder hacer averiguaciones concretas.
Aspra dio a conocer cuáles son los principales casos a los que el CNA está dando atención prioritaria. “Estamos investigando a la Empresa Nacional Portuaria, el Seguro Social, proyecto del Trans 450 en Tegucigalpa, Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y Soptravi”, expresó el jefe de investigación.
Diferencias multimillonarias
En cuanto a la ejecución de presupuesto un buen ejemplo de la falta de transparencia en varias instituciones del Estado es ver las diferencias reflejadas en el informe del IAIP correspondiente al año anterior.
Según el documento, para el año fiscal 2013 la ejecución presupuestaria del Estado ascendió a L163,000 millones y de esa cifra, el IAIP verificó el equivalente a L148,000 millones del total de la ejecución presupuestaria.
El informe señala que la diferencia presupuestaria entre lo ejecutado según la Secretaría de Finanzas y lo verificado por el IAIP es de casi L15,000 millones, mismo que radica en la deuda pública y los servicios financieros de la administración central.
Sí se puede
El mejor ejemplo de que sí es posible cumplir a cabalidad con la Ley de Transparencia son los hechos. El informe destaca a 28 instituciones que obtuvieron un índice de 100% en los primeros tres meses de este año.
Algunas de ellas: Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Procuraduría General de la República (PGR), Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Secretaría de Despecho Presidencial, Secretaría de Relaciones Exteriores y el Cuerpo de Bomberos.
