San Pedro Sula, Honduras
“Para la Fiscalía Especial Contra la Corrupción son sospechosos”, declaró ayer el fiscal Ricardo Matute tras tomarles declaración a cuatro de seis ciudadanos implicados en la escandalosa compra de bonos del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) por 250 millones de lempiras.
Los primeros en llegar a declarar fueron el exdirector de Injupemp, Andrés Torres, y el exdirector financiero Carlos Zúniga. Acompañado por su abogado, Torres declaró ante el fiscal durante tres horas y Zúniga tardó unas siete horas.
“Hicimos citaciones a personas relacionadas con una denuncia presentada el 7 de agosto de 2013 por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Las investigaciones iniciaron y hoy les tomamos declaración a Andrés Torres y Carlos Zúniga, como exfuncionarios del Injupemp; a Manuel Barahona como particular, quien es yerno de Andrés Torres; y los señores Iván, Mario Tito y César Antonio, todos de apellidos Díaz García, quienes pertenecen a la sociedad Diazgar”, manifestó el fiscal Matute.
Cuatro de los seis citados por la Fiscalía brindaron declaraciones, con excepción de Iván y Mario Tito Díaz García porque están fuera del país.
Requerimientos
La investigación hecha pública en LA PRENSA desde el 17 de febrero del presente año sobre la irregular compra de bonos por L250 millones por parte del Injupemp ha llevado a que la Fiscalía esté a punto de emitir requerimientos fiscales contra los que resulten involucrados.
“La investigación está muy avanzada. En unas semanas, la Fiscalía revelará si existieron o no hechos penalmente relevantes, en qué delitos se van a configurar dichos hechos y también quiénes son los autores y participantes en ellos. Desde el año pasado estamos en estas diligencias y también estamos cotejando la información que nos ha brindado la sociedad civil sobre este caso”, explicó Matute.
En unos días, la Fiscalía emitirá su juicio, específicamente sobre dos transacciones financieras realizadas en 2011 y 2012 en relación con unos bonos negociados con la Unah. “Las declaraciones que tomamos son sobre esos hechos. Ahora vamos a analizarlas y de eso depende la citación a declarar de más sospechosos. Aún no podemos establecer delitos en este momento. Solo reitero que las investigaciones están muy avanzadas, pero también estamos investigando las otras denuncias sobre Injupemp”, dijo.
Compromiso
El fiscal Matute, encargado de la investigación de las irregularidades en el Injupemp, aseguró que van a llegar hasta a señalar a los principales responsables, sea quienes sean y estén donde estén. “Si encontramos pruebas del hecho delictivo, ya sea en institución pública o privada, tenemos el deber de acusarlos”, prometió el fiscal.
Sobre los dos sospechosos que no comparecieron a la cita, Matute reveló que después de un análisis determinarán si es necesario volverlos a citar y saber cuándo vuelven. “Esta investigación ya está terminando. Estamos hablando de un expediente que tiene tres tomos, que son producto de investigaciones realizadas en los últimos ocho meses. Agradecemos que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) nos haya brindado información que se está cotejando con la nuestra o si existen elementos nuevos”.
Sobre la tardía citación del exdirector Andrés Torres, el fiscal explicó que el proceso lo determina la investigación o la recolección de evidencias en muchas ocasiones. “Lo importante no es si alguien está o no ejerciendo la función pública, sino que, si ha cometido el delito, se le pueda castigar”.
Insiste en inocencia
El exdirector de Injupemp, Andrés Torres, fue de los primeros en declarar ayer en la Fiscalía y al salir reiteró su inocencia y que no participó en la compra de los bonos.
“Ellos (Unah) tienen que saber por qué escogieron el puesto de bolsa de esa naturaleza. No tengo nada que ver con la compraventa de esos bonos. No le corresponde al director ejecutivo autorizar o no la compra o venta de bonos o las inversiones que se hacen en el sistema bancario”, manifestó.
Sobre la denuncia del CNA de que 40 días después de la compra del segundo bono a la Unah, él habría recibido L3.5 millones de comisión, Torres justificó que esa cantidad proviene de sus ganancias anuales. “Yo tengo un bono de L3 millones; mis ingresos son enormes, grandes. Solo en la publicidad de mi programa tengo L1.2 millones anuales, más el sueldo que tenía en Injupemp de L110,000. No sé si esto se trata de política, pero que les aproveche si eso es lo que pretenden”, explicó Torres.
Sobre haber empleado a 16 personas de su familia en el Injupemp, como lo señaló el CNA, el exfuncionario preguntó si eso era un delito. “Entonces comete un delito el presidente de la República que tiene allí a todos sus hermanos y hermanas. Eso no es delito. Además se trata de gente que trabajó en la campaña del expresidente Porfirio Lobo y después en la de Juan Orlando Hernández”.
Intermediario y la Unah
Mientras le pedía a su cliente que no se refiriera a otros temas que no fueran la compra de bonos a la Unah, el abogado de Andrés Torres, Julio César Ramírez, explicó que las transacciones de L250 millones fueron hechas exclusivamente por el comité de inversiones del Injupemp y que los puestos de bolsa son contratados por el ente que vende los bonos, en este caso, la Universidad.
“Quien vende los bonos es la Unah, el intermediario es buscado y contratado por el que vende los bonos. La Unah es la propietaria de los bonos y es la que los coloca. Mi cliente en este momento solo ha sido requerido por la Fiscalía por la compra de los bonos a la Unah. Lo demás es un asunto que lo dice el CNA y no es objeto de investigación aún, por lo que no podemos referirnos a las demás cosas que se señalan”, añadió.
Sobre el supuesto cobro de Torres de L3.5 millones como bonificación por la segunda transacción, el abogado prefirió no referirse a las denuncias del CNA.
Según la investigación de LA PRENSA, el 23 de diciembre de 2011 se emitió un cheque a favor de Diazgar por L1.8 millones y el 23 de agosto de 2012, un segundo cheque por L3.5 millones en comisiones por la transacción.
Según el CNA, Diazgar depositó la primera comisión en una cuenta de Manuel de Jesús Barahona (yerno de Andrés Torres) y la segunda fue transferida al exdirector del Injupemp.
El yerno declara
Evidentemente molesto por la presencia de medios de comunicación abordándolo sobre su presencia en la Fiscalía, el yerno de Andrés Torres, Manuel de Jesús Barahona, implicado en la millonaria transacción, no dio declaraciones y puso a su abogada a justificar por qué ha sido mencionado como sospechoso del escándalo de corrupción en Injupemp.
“Me van a golpear. Estoy enfermo de la vista. Me van a golpear. Déjenme pasar”, fueron las únicas palabras de Barahona, quien, según el CNA, recibió de Diazgar una comisión de L1.8 millones por la compra del primer bono a la Unah.
“No tenemos comentarios al respecto. Las investigaciones continúan. Mi cliente ha manifestado su posición ante el Ministerio Público. No se le ha citado porque esté involucrado en algo, sino por un hecho en general de investigación y por eso vino a brindar su declaración”, explicó la abogada Celeste Cerrato.
La representante legal de Barahona negó rotundamente que su cliente haya laborado en el Injupemp y aseguró que por ser yerno de Andrés Torres, la Fiscalía no ha manifestado que sea una investigación por ese sentido.
“Solo se le informó sobre un hecho general sobre la venta de estos bonos. Está acá por una investigación integral, pero no se le ha señalado que sea por algún parentesco”, puntualizó.
