Tegucigalpa, Honduras
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción citó para hoy a los primeros cinco exfuncionarios del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), implicados en la compra irregular de bonos por L 250 millones, entre ellos, al exdirector Andrés Torres y al exjefe de finanzas, Carlos Zúñiga.
A Zúñiga se le entregó la cita tras comparecer en el programa Frente a Frente para que declare está mañana sobre su participación en la anómala transacción. Al resto de involucrados también se les hizo la misma notificación.
Los fiscales se presentaron al programa de televisión, ya que en varias ocasiones habían intentado localizar a Zúñiga sin éxito.
Con estas acciones el Ministerio Público inicia las primeras diligencias para llevar ante la justicia a los presuntos responsables de diversos actos de corrupción cometidos en el Injupemp en la pasada administración.
Nuevos indicios
El jefe de la unidad de investigación y análisis de casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Dagoberto Aspra, comentó que nuevos indicios revelan la vinculación directa de Andrés Torres en la operación fraudulenta.
“La información ya la hemos compartido con la Fiscalía, como que el señor Carlos Zúñiga y Mario Córdoba (extesorero del Injupemp) llegaron al instituto por recomendación de Andrés Torres.
Ellos afectan todas las cuentas del Injupemp y logran conseguir los L. 152 millones para efectuar la primera compra de bonos”, manifestó.
Según documentos en su poder, Aspra señaló que a Torres se le comunicó sobre la intención de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de vender esos bonos.
“Lejos de comunicar al comité de inversiones, Torres pone en escena a Carlos Zúñiga, él no aparece solo viendo que la oportunidad de hacer la compra de bonos a espalda de las autoridades, no, lo hace bajo instrucciones de Andrés Torres”, reveló.
Vínculos
Aspra explicó cómo se da el vínculo del yerno de Andrés Torres, Manuel de Jesús Barahona en la negociación de la compra de bonos a la UNAH. “El yerno de Torres no es funcionario del Injupemp, pero la comisión de L. 1.8 millones que da la UNAH por el corretaje que interviene la firma Diazgar, ese cheque fue endosado por el gerente de esta empresa y depositado en la cuenta del yerno de Andrés Torres”, argumentó.
Según el CNA, la participación de Barahona solo pudo ser autorizada por Torres. “En la segunda compra de bonos, la comisión que recibe Diazgar es de L. 3.5 millones, los que fueron retirados de inmediato en efectivo por el representante legal de la empresa. 40 días después de esta transacción, Andrés Torres abre un certificado de depósito por el orden de L. 3.5 millones en una compañía financiera”, expuso Aspra.
El CNA aseguró que todos los nuevos indicios están en poder de la Fiscalía, como también las pruebas de que Andrés Torres puso como beneficiarios del certificado de depósito a su hija, esposa de Barahona y el hijo de ambos.
“La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) detecta que la comisión de la segunda operación fue para Andrés Torres. Esto es una prueba indiciaria y circunstancial, pero vemos que la participación de Torres está allí claramente en la operación porque sino, no se justifica la presencia del yerno, ya que este no es funcionario del Injupemp”, agregó.
Nepotismo
Otra línea de investigación que expuso el CNA es el nepotismo que existía en la administración del Injupemp con Andrés Torres a la cabeza. La directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, reveló que al principio creían que sólo eran cinco o seis parientes de Torres, los que laboraban en la institución.
“Son 16 personas las que hemos encontrado que tienen parentesco consanguíneo o por afinidad con Andrés Torres. Solo esta planilla familiar era de L. 450,000 según los nuevos indicios que hemos encontrado”, explicó Castellanos.
Según el CNA, los parientes de Torres que aún laboran en el Injupemp son Carlos Cruz Torres (sobrino) como jefe de servicios generales con un salario de L. 40,000; Nancy Figueroa (sobrina), asistente de la división legal con un sueldo de L. 48,000; Kelly Ortiz, (nuera de Mario Torres, hermano de Andrés Torres), procuradora de servicios legales con L.30,000 y algunos parientes que tomaron prestaciones antes que Torres dejara la dirección del Injupemp. Entre los parientes que fueron cesanteados está Ana Melissa Rodríguez (sobrina) procuradora de servicios legales con un salario de L. 25,000; Osmán Castro Torres (sobrino) relacionador público, L. 52,000; Wendy Castro (sobrina) unidad de desarrollo institucional con L. 20,000 y José Fernando Rodríguez (sobrino) en servicios generales con L. 2,000. Asimismo, Yesenia Turcios Rodríguez (sobrina) laborando en archivo con un salario de L. 10,000.
Más irregularidades
Otra de las irregularidades en el caso de nepotismo que imperaba en el Injupemp según el CNA, es la contratación de Aníbal Bendezú, esposo de una nieta de Andrés Torres como jefe de división financiera devengando L. 87,268.
“Así vemos que la familia de la cónyuge de Andrés Torres laboraba en el Injupemp, algunos lo siguen haciendo.
También hemos conocido de un bus de la institución que viajaba todos los días a Pespire, Choluteca a recoger y llevar gente contratada de ese lugar para trabajar en Injupemp. Esto es dramático”, expresó Castellanos.
Entre otras cosas la funcionaria reveló el pago de publicidad y propaganda desmedida por parte del Injupemp.
“Hay dos listados, uno está correcto que asciende a más de L. 800,000 y era necesaria para la institución, pero luego la otra es a personas particulares, entre ellos, ocho periodistas conocidos. Se pagó de manera personal L. 4.3 millones lo que nos llama poderosamente la atención”, indicó.
Respuesta a acusaciones
Sobre las declaraciones de Andrés Torres, de que Castellanos está emprendiendo una persecución contra él por cuestiones personales, la directora del CNA le aclaró públicamente que es lamentable que se escude en situaciones de familia que ocurrieron hace más de 17 años, cuando miembros de su familia tuvieron una relación.
“Gabriela Castellanos no tiene nada en contra suya a título personal, pero Gabriela Castellanos como directora ejecutiva del CNA, estoy en la responsabilidad y en el compromiso básicamente de señalar, de denunciar los actos de corrupción y por supuesto situaciones irregulares que se dieron bajo su administración”, aseguró.
De la misma manera, Andrés Torres arremetió contra Aspras, pidiendo que se le investigara. Sin embargo, Aspra aclaró que en 2002 cuando era magistrado denunció a otro colega por haber recibido un pago por parte de los interesados, lo que provocó que lo llamaran a una audiencia de descargo y posteriormente su separación de la Corte.
Las operaciones se hicieron por unanimidad del directorio: Zúñiga
El exdirector de finanzas de Injupemp, Carlos Zúñiga, quien supuestamente recomendó a la UNAH que negociará con Diazgar los bonos adquiridos por la institución, explicó que todo ha sido una campaña de desprestigio y amarillismo.
“Todo se hizo bajo norma. Para decir este es malo es de lo más fácil. Tengo que ver toda la documentación para argumentar mis declaraciones. Se dice que las operaciones fueron abuso de autoridad pero fueron realizadas por unanimidad por parte del comité”, explicó Zúñiga.
Sobre la grabación en poder del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en donde Zúñiga asegura que Andrés Torres lo autorizó a hacer las operaciones, el exfuncionario pidió escuchar las grabaciones para reconocer la autenticidad. “Nadie puede alegar amnesia o que hubo presión, tenemos que validar esa grabación si se mantiene integra a un 100% y si no ha sido modificada”, cuestionó Zúñiga sobre la grabación que asegura el CNA, el exfuncionario pidió que se apagara para validar la operación de la compra de bonos.
Zúñiga trató de comprobar la estabilidad de los fondos del Injupemp y aseguró a los jubilados y pensionados que todo está bajo orden. Sin embargo, mostró pocas argumentaciones sobre las acusaciones que el CNA junto con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y ahora la Fiscalía, hacen en su contra.
Zúñiga junto al extesorero Mario Ramón Córdova se les señala de haber negociado los bonos con la Unah sin la debida autorización del Comité de Inversiones.
