Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró responsabilidades penales y civiles en la compra ilegal de bonos por L250 millones en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), confirmó en exclusiva a LA PRENSA una fuente del organismo contralor.
Esta es una de las conclusiones preliminares del informe de auditoría practicado en el Injupemp y cuyos resultados serán elevados en los próximos días a consideración del Ministerio Público y de las máximas autoridades del Injupemp a fin de deducir las responsabilidades civiles, administrativas y penales en contra de los implicados en este presunto acto de corrupción.
La investigación del TSC confirma las publicaciones de Diario LA PRENSA que develaron la irregular transacción de bonos entre diciembre de 2011 y agosto de 2012.
Una fuente del ente contralor informó que el documento investigativo ya está concluido y que los resultados serán notificados oficialmente a los organismos competentes para que formulen las correspondientes acciones de índole penal y civil. También se librarán los pliegos de responsabilidades a los involucrados.
La fuente que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizada a proporcionar la información aseguró a LA PRENSA que como resultado de las indagaciones efectuadas en lo interno de la institución se logró comprobar que los principales responsables en las transacciones cometieron abuso de autoridad, entre otros ilícitos.
El TSC arrancó las indagaciones el 22 de julio de 2013, luego que la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS) detectó la adquisición anómala de los bonos, saltándose el reglamento de inversiones y la autorización del Comité de Inversiones, que en ese momento era encabezado por el exdirector Andrés Torres y su asistente Martha Doblado.
La compra de los referidos títulos valores se efectuó incumpliendo la normativa legal aplicable en este tipo de casos.
Por este hecho se responsabiliza al exdirector Andrés Torres Rodríguez, al exgerente financiero Carlos Zúniga, al extesorero Mario Ramón Córdova y a otros miembros del Comité de Inversiones que por acción u omisión permitieron la compra anómala de los títulos valores.
Según el TSC, la compra se realizó a través de una comisionista, que de acuerdo con la CNBS, no se encuentra inscrita en el Registro Público de Mercado de Valores como casa de bolsa, ni estaba autorizada como empresa para la intermediación de valores.
La referida casa de inversión no podía presentar ofertas de mercado secundario canalizadas por las respectivas casas de bolsa o intermedias financieras.
Contrataciones millonarias
Paralelamente, el organismo contralor abrió otra investigación por el “mal manejo de fondos” relacionados con el pago de honorarios profesionales derivados de demandas incoadas contra esa institución de previsión social.
En este caso se logró detectar que en los últimos años se efectuaron millonarios pagos a profesionales del derecho que laboraban fuera del Injupemp, con el agravante que existen abogados en el área legal de la propia institución.
“En el Injupemp existe una división de servicios legales, conformado por un jefe que coordina las actividades de esta división, asistido por una cantidad de profesionales del derecho para los actos administrativos y de procuración judicial; sin embargo, se contrataron profesionales externos sin la debida justificación”, reza la denuncia presentada por el Sintrainjupemp en el Ministerio Público.
Esta denuncia en poder de la Fiscalía detalla que por ese concepto se erogaron millonarias cantidades de dinero y ponen como ejemplo el pago de L7 millones a un abogado como anticipo del 35% de un contrato de L24 millones para recuperar un predio conocido como San Roque y actualmente con el nombre de El Trébol.
El Injupemp también enfrenta una demanda de L90 millones por honorarios profesionales dejados de pagar a otro abogado, quien fungió como jefe de servicios legales, pero tras salir de la institución fue recontratado para llevar la demanda legal de los proyectos Tapia I y Tapia II, mejor conocidos como Ciudad Mateo.
Esta investigación se encuentra en su etapa final y únicamente se está a la espera de información por parte de la junta directiva del Injupemp para elaboración del informe final y los correspondientes pliegos de responsabilidades.
Investigaban desde 2013
Las graves irregularidades que se venían cometiendo en el Injupemp no solo se limitaron a la contratación anómala de procuradores y la compra ilegal de bonos, sino que abarcaron otras actividades dentro de la institución, según se colige de un oficio remitido por el Ministerio Público en octubre de 2013 al entonces jefe de la división de servicios legales Ramón Echeverría López.
En este oficio, al cual la PRENSA tuvo acceso, la fiscal contra la Corrupción María Auxiliadora Sierra pidió al jefe legal que le remitiera toda la información de otras transacciones e inversiones efectuadas por la institución durante las gestiones del entonces director Andrés Torres y del exdirector de la institución Lucio Izaguirre.
Puntualmente, la fiscal pidió los detalles de una inversión de $50 millones realizada por el Injupemp en el bono regional número 4341 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como la relación de intereses devengados en los 10 años que dicho monto estuvo depositado en el organismo financiero regional.
También pidió los pormenores de los certificados de depósitos número 400432491, 400432501 y 400432511 en BAC Honduras y en las subastas de letras de cambio del Banco Central de Honduras números 1871 y 1872. En este último caso, la Fiscalía solicitó las cuentas bancarias en donde fueron depositados estos valores y en qué se utilizaron.
Asimismo, la Fiscalía pidió que se le informase del destino de $37.3 millones correspondientes a los seis bonos en dólares de la Secretaría de Finanzas y se le facilitara la documentación soporte del depósito de L100 millones en el BCIE aprobado en la gestión de Lucio Izaguirre, los detalles de los intereses y las cuentas en donde se depositaron.
Entre otras cosas más, la Fiscalía contra la Corrupción investigaba los pagos efectuados en concepto de publicidad y propaganda en los que incurrió la administración del Injupemp, la documentación soporte de los empleados despedidos entre 2010 y 2013, la situación de las demandas laborales, los pagos de procuradores y los gastos efectuados en la sala de velatorio de los jubilados.
La fiscal amparó su petición de información con base en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público a efecto de cubrir diligencias investigativas de la denuncia 2013-4462.
