Tegucigalpa, Honduras
La cuestionada depuración de la Policía Nacional les costó a los contribuyentes hondureños en los últimos dos años más de 57 millones de lempiras y, a pesar de esa millonaria inversión, los frutos no se ven todavía.
Las cifras revelan que la depuración transitó demasiado lento y no avanzó con la efectividad que la ciudadanía esperaba después de los hechos de octubre de 2011 que dieron lugar a la intervención del estamento policíaco y al surgimiento de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Los lentos y exiguos resultados, la opacidad de las autoridades de Seguridad y la falta de voluntad política al más alto nivel para sanear la cúpula de la Policía vinculada a actividades ilícitas son los principales elementos que han hecho fracasar hasta ahora el proceso de limpieza institucional, indicaron expertos en el tema.
Las cifras de la depuración
La DIECP surgió en noviembre de 2011 tras el repudiable asesinato de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos David Pineda por agentes de la Policía, con la expectativa ciudadana de que contribuiría a adecentar una institución con altos niveles de corrupción y arraigados vínculos con el crimen organizado.
No obstante, los resultados se han quedado cortos. Entre 2012 y 2013, la DIECP efectuó 7,145 pruebas de confianza a 4,349 miembros de la Policía que fueron sometidos a las evaluaciones psicométricas, toxicológicas, polígrafo e investigaciones patrimoniales.
De ese universo de evaluados se remitieron 447 resoluciones vinculantes a la Secretaría de Seguridad, se efectuaron 239 audiencias de descargo, se entregaron 125 expedientes al Ministerio Público y se elevaron nueve investigaciones patrimoniales de miembros de la cúpula policial ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Pero después de todo ese proceso, a esta fecha solo siete policías fueron dados de baja, aunque el secretario de Seguridad, Arturo Corrales, afirmó recientemente, sin ofrecer mayores detalles, que unos 400 agentes y oficiales fueron cesanteados, empero ninguna institución ha certificado esa información, lo cual genera dudas sobre su veracidad.
Tampoco hubo avances visibles en los expedientes remitidos al Ministerio Público, que contienen investigaciones por los delitos de detención ilegal, violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, daños, lesiones, hurto agravado, robo y cohecho, entre otros ilícitos que se imputan a 125 servidores policiales de las diferentes escalas de la Policía.
Organismos independientes consultados por LA PRENSA disienten sobre las cifras ofrecidas por el titular de Seguridad y señalaron que no hay información fehaciente que certifique esos datos debido a la falta de transparencia y la censura mediática que el funcionario impuso en la institución desde que asumió el cargo.
De hecho, LA PRENSA solicitó al secretario de Seguridad a través de los canales oficiales información sobre los policías cesanteados en los últimos dos años, pero tras varias llamadas y consultas la respuesta fue que hasta después se referiría al caso.
Fuentes relacionadas con el tema indicaron que los pobres resultados obedecen a que en estos dos años no hubo verdadera voluntad política de depurar la institución y la DIECP falló en su papel de dar seguimiento y asegurarse de que las resoluciones cursadas a la secretaría del ramo y a la Dirección de la Policía Nacional se cumplieran.
El costo de la depuración
A los mediocres resultados se suma que la depuración ha sido un proceso altamente costoso para los contribuyentes hondureños, en vista de que ha requerido millonarios recursos públicos del erario para su sostenimiento, sin que los frutos sean los más deseados. Datos recabados por LA PRENSA detallan que a la DIECP se le aprobó en 2012 un presupuesto de L30 millones, pero de esos fondos solo se asignaron y ejecutaron L25.1 millones para contratación de personal, equipamiento y compra de materiales para la realización de las pruebas de confianza.
En 2013 se le asignó un presupuesto de L54.7 millones, de los cuales, al final del período, el ente solo pudo ejecutar 31.9 millones. Para este año se está solicitando una cantidad similar a la concedida el año recién pasado.
Con base en esos datos se colige que, entre 2012 y 2013, la institución encargada de la depuración gastó un total de 57 millones en pago de personal y gastos operativos.
La DIECP cuenta con una planilla de 79 empleados a escala nacional, entre personal gerencial y administrativo, investigadores y empleados de servicios generales que consumen un presupuesto de L1.5 millones mensuales.
Policía sigue infiltrada
Josué Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, organización no gubernamental que monitorea las políticas de seguridad pública, objetó que en más de dos años solamente nueve miembros de la cúpula policial fueron investigados por enriquecimiento ilícito, cuando es sabido que muchos de los altos mandos están coludidos con el crimen organizado.
En ese sentido dijo que se ha fallado estrepitosamente porque la depuración no comenzó de la cabeza a la base, es decir que primero debió investigarse y aplicar las pruebas de confianza a los altos mandos jerárquicos y después a los miembros de la escala intermedia y básica.
“La depuración es un proceso que debería llevarnos al perfeccionamiento de una institución que ha entrado en decadencia. Desafortunadamente ha sido una depuración a medias porque no ha sido descendente y profesional”, indicó.
Recordó que la investigación de algunos jefes policiales comenzó hasta que la Alianza por la Paz y la Justicia denunció en el Congreso Nacional que solo se estaba investigando a los miembros de la escala básica.
Deploró que, después de dos años de haber iniciado este proceso, las cúpulas policiales involucradas en actividades criminales no han sido indagadas, perseguidas y castigadas; por ende, la justicia ha fallado en la sanción de estas personas que tuvieron la conducción de la Policía Nacional y que por sus acciones u omisiones permitieron el ingreso del narcotráfico y el crimen organizado.
Murillo estuvo de acuerdo con la aplicación de las pruebas científicas, como el polígrafo y los exámenes toxicológicos, para evaluar al personal policial, pero estimó que el Estado debió centrar sus esfuerzos en las investigaciones patrimoniales de los jefes policiales porque ahí determinará el enriquecimiento ilícito.
“Si usted quiere saber quiénes son corruptos en este país, vaya a ver sus cuentas bancarias, vea su estilo de vida, los vehículos y las haciendas que poseen y si no concuerdan con lo que perciben ellos o sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o si no han recibido donaciones o herencias, hay un problema que el Estado está en la obligación de investigar”, acotó.
Murillo dijo que la sociedad está demandando una depuración descendente, profesional y científica, pero focalizada en la investigación patrimonial porque en la Policía sigue habiendo millonarios que incurren en acciones delictivas, asociados con grupos que operan en la oscuridad.
“Hay bandas criminales dentro de la Policía Nacional que no se han desarticulado por falta de voluntad política. La DIECP debe ser el órgano de control interno de la Policía y a estas alturas de su existencia es inexcusable que no tengamos una Policía depurada”.
El coordinador de la Alianza por la Justicia alabó la trayectoria profesional del actual director de la DIECP, pero dijo que lamentablemente ha fracasado en su responsabilidad de depurar el estamento policial.
“Necesitamos nuevas autoridades en la DIECP o la creación de un órgano que supervise permanentemente a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial; de lo contrario vamos a perder la institucionalidad”.
Murillo denunció que la intención del nuevo Gobierno de fortalecer y ampliar las atribuciones de la recién creada Policía Militar de Orden Público (PMOP) tiene como único propósito debilitar la Policía Nacional y hacerla desaparecer gradualmente para que esta nueva entidad asuma sus responsabilidades.
“La falacia de que se requieren dos policías conviviendo de manera simultánea y actuando de forma conjunta ha sido desmitificada por los expertos en ciencias policiales, que saben que la tendencia es militarizar la sociedad, contraviniendo los tratados internacionales ratificados por Honduras, que tienden a la desmilitarización”.
No habrá certificación
Matías Funes, miembro de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), encargada legalmente de certificar el proceso de depuración policial, deploró la falta de transparencia en el proceso y dijo que es muy poco lo que podría aportar sobre el tema porque les carecen de información oficial de este trabajo.
Indicó que en los próximos días solicitarán un informe al secretario de Seguridad, Arturo Corrales, para verificar las acciones adoptadas con los 447 expedientes enviados a su despacho por la DIECP, para luego pronunciarse sobre el tema.
“Es un considerable número de casos y por eso estaríamos solicitándole a él la información y en función de eso ya con más seguridad diríamos cómo avanza la depuración, si está bien o se encuentra estancada o si no existe ninguna”, acotó.
No obstante lo anterior, indicó que los resultados concretos en términos de depuración efectiva no se ven aún, de modo que las interrogantes que se formulan son qué está pasando y dónde están las fallas.
Funes coincidió con otros entrevistados en que la prueba patrimonial para los miembros de la cúpula policial es la que más luces puede darles a los órganos investigativos para determinar si existe corrupción o no dentro del cuerpo policial.
Finalmente estimó que dos años han sido suficientes para que la sociedad pueda ver avances significativos en este campo y puso como ejemplo que en países vecinos la depuración avanzó con más celeridad, al contrario de lo ocurrido en Honduras, donde “los resultados son escasos”.
