San Salvador, El Salvador
“Eso de la tregua con las pandillas es político, es una mentira porque no han dejado de matar gente y siguen extorsionándonos”, expresó con cierto recelo Candelario Borja, un sexagenario taxista que presta sus servicios a los turistas en uno de los hoteles del casco histórico de San Salvador.
El sector del transporte, los comercios y los pequeños y medianos empresarios son los blancos preferidos de las pandillas juveniles que gobiernan barrios enteros de la capital salvadoreña y de comunidades del interior del país.
Borja relató que muchos de sus colegas y los conductores de buses se ven obligados a pagar el impuesto de guerra y no hacerlo implica firmar su sentencia de muerte.
Durante la estadía del equipo de LA PRENSA en San Salvador se suscitaron los asesinatos de un conductor y un cobrador de buses que se negaron a pagar el impuesto de guerra.
Los empleados de buses y microbuses de diferentes rutas de la capital han dejado de darle parcial o totalmente el servicio a la población debido a las amenazas de muerte de los pandilleros.
En otras comunidades cerca de San Salvador, las maras llegan al extremo de prohibir a los buseros y taxistas salir a trabajar en ciertos días y horarios.
“Los pandilleros que están en la calle acataban antes las órdenes de los que están presos, pero hoy ya no es así. Ahora, los de afuera se han rebelado y debemos pagarles a unos y a otros y a veces hasta a cuatro clicas diferentes. Estamos ante una espada de doble filo”, dijo con angustia un propietario de buses que pidió no dar su nombre.
Cifras oficiales
La opinión generalizada de la población y de los empresarios es que la tregua fracasó, pero el Gobierno asegura que en los últimos dos años se lograron reducir ostensiblemente los asesinatos ligados a las maras, pasando de una tasa de 15 a 6 homicidios diarios.
De hecho, el presidente Mauricio Funes enarbola como uno de sus logros la reducción de los homicidios, pero contradictoriamente se ha negado a reconocer públicamente la intervención directa del Gobierno en el pacto.
Cifras de organismos independientes establecen que la guerra entre las pandillas en El Salvador ha cobrado la vida de unas 50 mil personas, la mayoría jóvenes de 17 a 30 años, y ha llevado a la cárcel a más de 10 mil mareros.
La Secretaría de Justicia y Seguridad registró en 2012 al menos 2,175 personas asesinadas, es decir 1,795 menos que en 2011.
Mientras tanto, en 2013 se reportaron 1,894 homicidios, es decir 281 menos que los contabilizados el año anterior, con una tasa promedio de 6.6% en homicidios diarios, versus la tasa de 2012, que fue de 7.5%.
Según las autoridades, esa disminución se debió a la negociación entre los jefes de las pandillas y a la actuación policial.
Empresarios golpeados
Los empresarios salvadoreños han rechazado la tregua entre las maras por estar al margen de la ley y porque las extorsiones contra sus agremiados han mostrado un repunte después de ese pacto.
Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), dijo a LA PRENSA que la seguridad “es preocupante” en El Salvador, por lo que trabajan con la Policía, la Fiscalía y la fuerza armada para reducir las extorsiones contra sus afiliados y los delitos que dañan a sus empresas.
“La pequeña empresa es una de las más perjudicadas por las extorsiones en el país”, aseveró.
Dijo que la Anep no ha respaldado ni acompañado los esfuerzos que se hicieron desde el Gobierno para impulsar la famosa tregua porque no está al margen de la ley y se ha hecho en negociaciones bajo la mesa y sin la transparencia debida ante la población.
Añadió que una política integral de combate contra el delito debe depender de la prevención, la depuración policial, el fortalecimiento de la Fiscalía, la investigación del delito, la correcta aplicación de la justicia y finalmente que las cárceles “no sean una escuela de mañosos, sino centros de rehabilitación”.
Enfatizó: “En ningún momento hemos apoyado la tregua, pero no por eso hemos dejado de apoyar otras acciones que sí creemos que está haciendo bien el Gobierno. Buscamos puntos comunes donde ayudar, pero eso de la tregua no lo compartimos”.
Una encuesta de la Anep reveló que el 70% de los comerciantes y pequeños empresarios han sido víctimas de las extorsiones de las pandillas, principalmente los que tienen negocios en el centro de San Salvador.
Una medida polémica
La famosa tregua entre pandillas se firmó el 11 de marzo de 2012 bajo la mediación de monseñor Fabio Colindres; el excomandante el FMLN, Raúl Mijango; el director de Pre-Paz, Santiago Flores; el entonces viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, y el alcalde de Ilopando, Alfredo Ruano Recinos.
De acuerdo con la información que trascendió en los medios, el pacto contó con el conocimiento y la autorización del entonces ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y del presidente Mauricio Funes, aunque ambos han negado ese extremo.
Analistas locales criticaron que la tregua solo sirvió para dar más privilegios a los jefes de clicas del Barrio 18 y de la mara Salvatrucha que se encontraban presos en las cárceles de máxima seguridad, ya que permitió que muchos de ellos fueran trasladados a otros penales con menores medidas de seguridad, desde donde siguen operando a sus anchas.
Muerta, pero puede resucitarse
El analista Roberto Rubio opinó que la tregua entre las pandillas “fracasó y murió políticamente” por el inadecuado manejo que le dio el Gobierno del presidente Mauricio Funes y por el doble discurso que este mantuvo sobre ese aspecto.
No obstante consideró que fue una buena iniciativa para reducir la violencia después de prácticamente haber ensayado todas las medidas disponibles como la mano dura, la supermano dura y la represión acompañada de prevención.
Consideró que la tregua debe verse desde un ángulo positivo, aunque reconoció que no resuelve integralmente el problema de la violencia en países como El Salvador y Honduras.
El entrevistado expresó que en su momento el acuerdo dio buenos signos, aunque los mareros no se comprometieron a reducir las extorsiones porque es su modus vivendi.
No obstante, deploró que el Gobierno la manejó mal desde un principio, ya que hubo mucha confusión, discursos diferentes, poca transparencia y se pretendió utilizarla parar llevar réditos políticos. Rubio remarcó que la tregua se cayó desde que la población vio que se otorgaron demasiadas concesiones en las cárceles o fuera de ellas a reconocidos líderes pandilleros que antes habían sido el azote de sus comunidades.
“La tregua fue mal manejada y por eso murió políticamente, aunque fue una oportunidad histórica que puede resucitarse políticamente porque está muerta”, concluyó.
Norman Quijano, candidato presidencial de Arena y fuerte opositor de la tregua, dijo que su propuesta de Gobierno contempla la reinserción de los miembros de las maras en la vida productiva, pero bajo el marco legal y no en negociaciones oscuras.
Con las pandillas dijo que será implacable, “no vamos estar buscando privilegios ni otorgando canonjías que se apartan de la Ley Penitenciaria”, afirmó.
