Tegucigalpa, Honduras
La Corte Suprema de Justicia espera “mayor respaldo” de Estados Unidos para garantizar la seguridad y la vida de los jueces y fiscales que estarán a cargo del proceso de extradición de hondureños a esa nación. En caso contrario, este mecanismo podría demorar un tiempo hasta que se cuente con las debidas garantías para los operadores de justicia.
Eso fue lo que declaró a diario LA PRENSA una magistrada del alto tribunal de justicia que por motivos de seguridad pidió que se omitiera su nombre pero aclaró que la extradición es un punto sin retorno al que el Poder Judicial le hará frente con toda la responsabilidad patriótica.
Adelantó que en las próximas reuniones del pleno se conocerán formalmente los siete expedientes de los “extraditables” presentados por el Gobierno norteamericano a la Cancillería hondureña para ir avanzando en el proceso.
El 9 de mayo pasado, el Poder Judicial aprobó el “auto acordado” que viabiliza el procedimiento de la extradición de nacionales implicados en delitos de tráfico de estupefacientes, terrorismo o crimen organizado, y que reglamenta la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, con el que se allanó la expatriación de hondureños reclamados por la justicia de otro país.
División del pleno
En un amplio diálogo con LA PRENSA, la fuente judicial informó que las opiniones de los magistrados sobre la aplicabilidad de esa figura están divididas en vista de que los miembros de la Sala Penal y otros de sus colegas han expresado su desacuerdo con empezar la extradición sin que antes el Estado otorgue todas las garantías a los fiscales y jueces que estarán involucrados en el proceso, así como a sus familias.
La posición de este grupo quedó plasmada durante la reunión del pleno de la Corte, celebrado el 8 de mayo pasado, en el que se aprobó el instructivo o auto acordado que reglamenta el procedimiento de extradición.
En esa reunión, los togados expusieron su desacuerdo con que se proceda a aplicar esta figura legal sin hacer un análisis de las capacidades del país para afrontar a los capos de la droga que sean sometidos a este proceso y se establezcan los mecanismos de protección de todos los involucrados.
“Lo que ocurrió en ese pleno es que muchos opinaron y la mayoría fue concluyente en el sentido de que esperarían que, para aplicar este tema, primero debían tener seguridad, especialmente de los jueces que iban a conocer del asunto, y luego una seguridad integral de todos los operadores de justicia”, dijo.
La Sala Penal del Poder Judicial está compuesta por los magistrados Carlos David Cálix Vallecillo, en su condición de coordinador, Jacobo Antonio Cálix Hernández y Raúl Antonio Henríquez Interiano.
Una muestra de la discordancia surgida en esa sesión del alto tribunal de justicia quedó reflejada en la resolución final, ya que el auto acordado fue aprobado por mayoría de votos y no por unanimidad, es decir, que muchos se abstuvieron o votaron en contra.
La presión fue tanta que al final se agregó un inciso al acuerdo, que manda literalmente “que a cada magistrado designado como juez natural para conocer de una o más extradiciones, antes de su primera actuación, se le deberá brindar la seguridad que el caso amerite”.
Sin esa protección, los operadores de justicia no están dispuestos a emprender una “tarea suicida” y poner en peligro su integridad y la de sus cercanos parientes, dado el alto nivel de infiltración que tienen en el aparato estatal y en los cuerpos de seguridad las organizaciones criminales que operan en el país, afirmó el magistrado.
Urgen apoyo de EUA
En este proceso tiene un papel vital el Gobierno de Estados Unidos, ya que es el país más interesado en que se proceda a la expatriación de varios hondureños implicados en actividades ligadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
“Esperamos mayor respaldo de Estados Unidos para crear la infraestructura necesaria que permita dar seguridad a los jueces y fiscales que conocerán los casos de extradición, porque el problema es que pondremos los muertos si no existe la adecuada protección”, dijo categóricamente la informante.
Varios de los magistrados opinaron que la extradición debía reglamentarse mediante una normativa aprobada por el Congreso Nacional y no bajo la figura del instructivo, ya que este tiene carácter temporal y no permite crear otras figuras legales para la protección de los jueces.
“Los que votaron en contra de la creación del instructivo estiman que para un asunto tan delicado debió haberse creado otra figura que no fuera un auto acordado o un simple instructivo, sino algo más formal, como un decreto propiamente dicho”, indicó.
