San Pedro Sula, Honduras
La deuda flotante del Gobierno ascendió a más de 25 mil millones de lempiras a agosto del presente año a raíz de los compromisos con diferentes sectores que incluyen gremios profesionales, empleados por contrato, institutos de previsión, municipalidades, contratistas y pago de títulos valores de corto plazo, entre otros.
En los últimos días, el Gobierno ha enfrentado una ola de demandas salariales de médicos, enfermeras, policías, trabajadores por contrato y docentes, así como el pago de transferencias y compromisos a las municipalidades, contratistas de obras públicas, proveedores del sistema sanitario, droguerías e institutos de previsión social.
Las demandas son permanentes y se han agudizado en la recta final de la administración del presidente Porfirio Lobo ante la caída de los ingresos fiscales y la imposibilidad de acceder a préstamos de los organismos internacionales y de la comunidad cooperante para cumplir con esos saldos.
El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, ratificó que la Administarción central requiere en este momento de unos ocho mil millones de lempiras para poder cuadrar el presupuesto en lo que falta del año. Una opción es la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional por un monto de 250 millones de dólares o aumentar la recaudación fiscal en los próximos meses, medidas que los economistas ven improbables en este momento en virtud de la mala calificación del país.
A los adeudos regulares que tiene que cumplir el Gobierno se suma la demanda de recursos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cumplir con los preparativos de las elecciones generales de noviembre próximo. En este momento, Finanzas adeuda al TSE 448.6 millones de los 786.3 aprobados para ese propósito.
Crecimiento
Según estimaciones del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la deuda flotante del Gobierno ascendió hasta el 30 de agosto del presente año a más de 25 mil millones de lempiras, de los cuales cerca de cinco mil millones se vienen arrastrando de ejercicios anteriores.
Raf Flores, subcoordinador del Fosdeh, explicó a LA PRENSA que la deuda flotante ha experimentado un notable crecimiento y ejemplificó que se vienen arrastrando deudas por más de 4,500 millones de ejercicios anteriores, incluyendo devoluciones de impuestos y emisión de letras de tesorería por motivos de sobregiros.
“A nosotros nos salen 25 mil millones de deuda flotante”, especificó el experto, quien explicó que el Gobierno ha venido pagando esos compromisos a sus proveedores y contratistas a través de la emisión de nuevos bonos; pero estos ya no quieren que se les pague bajo este mecanismo en vista de que el mercado está saturado.
“Lo que hemos sabido es que están pagando en parte con nuevos bonos a los proveedores y contratistas. El problema es que ellos no los están aceptando, porque necesitan liquidez y cuando van al banco les dicen que el mercado está saturado. Por ejemplo, si tienen 100 millones, lo que les compran son 80 millones, entonces es una pérdida para el proveedor y para la empresa”, afirmó.
Dijo que el Gobierno no la toma la deuda flotante como parte de la deuda, pero viene a ser un pasivo más que tiene que pagarse.
Las cuentas por pagar
Hasta el 30 de agosto, el balance de sumas y saldos del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi) registraba cuentas por pagar a contratistas por L992 millones, sueldos, salarios por pagar 192.2 millones, sueldos por pagar a docentes de años anteriores 298 millones, contribuciones patronales del Estado 2,734 millones y donaciones y transferencias a municipalidades 2,273 millones.
A lo anterior se suman las devoluciones de impuestos por 5,620 millones, títulos y valores internos de corto plazo 3,608 millones, cuentas por pagar de ejercicios anteriores 4,458 millones, préstamos de deuda pública interna del sector privado 150 millones y otras cuentas por pagar de 2,407 millones, entre otras más.
Flores explicó que los títulos y valores internos de corto plazo que ascienden a 3,608 millones son una especie de letras de tesorería que se originan en Finanzas y que el Banco Central cubre con la emisión de cheques; pero quedan como una deuda pendiente, que en caso de no pagarse al final del año, se tienen que emitir bonos del Estado. Detalló que solo a los institutos de previsión que incluye el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema), el Gobierno les adeuda alrededor de L3,700 millones en concepto de contribuciones y deducciones patronales.
El informe del Siafi detalla que a la fecha, el saldo adeudado en concepto de títulos y valores de deuda pública interna de largo plazo muestra un monto total de L64,543 millones.
Al respecto, el representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Hugo Noé Pino, alertó sobre el elevado nivel que ha alcanzado la deuda pública del país en este Gobierno, al tiempo que cuestionó la equivocada política de emisión de bonos en virtud que representa más endeudamiento para el país.
“Nunca debimos haber dejado de firmar con el Fondo Monetario Internacional, creo que debimos haber realizado más esfuerzos como Gobierno y como hondureños y si por ahora no se logró, estamos seguros que el próximo Gobierno hará todo lo posible para lograrlo”, dijo.
Consideró que un nuevo acuerdo con el FMI abre las posibilidades para obtener financiamientos blandos y con mejores tasas de interés y de esta forma no seguir con la política de emisión de bonos que ha sido una pesada carga financiera para el Estado por los onerosos intereses que se pagan.
“Sabemos que la emisión de bonos era una salida, pero no fue la mejor”, afirmó el economista.
Ingresos mineros y eliminación de exoneraciones pagarán deuda interna
El Gobierno cuenta con varias opciones para obtener recursos financieros que le permitan afrontar los compromisos financieros que tiene en lo queda del presente año, aseguró Francisco Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional.
Rivera dijo que el Poder Ejecutivo deviene en la obligación de mejorar la recaudación fiscal por la vía del combate a la defraudación, flagelo que está íntimamente ligado a la corrupción y que está conduciendo al país a niveles de ingobernabilidad por la falta de recursos públicos.
En cuanto a la deuda interna, aseveró que hay varias fuentes para pagarla, una de ellas es la Ley de Minería que va a generar recursos importantes para el fisco porque ya hay varios países interesados en explotaciones mineras, y otra es la Ley de Exoneraciones que permitirá la recuperación de miles de millones de lempiras.
“Recuerde que allí son miles de millones de lempiras que vamos a recuperar porque se van a eliminar muchos privilegios que han venido gozando algunos sectores económicos en los últimos 40 años. Lo único que no se toca es la canasta básica que queda totalmente protegida por el Estado”, apuntó.
Dijo que con la entrada en vigor de estas dos normativas, el Estado tendrá recursos adicionales que le permitirán cumplir con sus compromisos financieros y además dejar anualmente una reserva para la cancelación de la deuda interna que a la fecha es de más de L70 mil millones.
El Parlamentario nacionalista aseguró que con todas estas medidas más los incentivos a la producción, el Estado fácilmente podrá pagar la deuda interna en menos de dos ejercicios fiscales.
“Para lograr esto se necesita una decisión de Gobierno porque mientras el Ejecutivo no esté interesado en controlar la defraudación fiscal no lo vamos a hacer, quedemos claro que se requiere de una decisión política, una decisión con valentía y con hombres probos porque es la única forma de sacar adelante el país”, refirió.
Por otro lado, indicó que la resolución de una corte de Estados Unidos que libró al Estado de Honduras a pagar una demanda de 200 millones de dólares entablada contra la estatal Corporación Forestal Industrial de Olancho (Corfino) allana el camino para la colocación de 250 millones de dólares en bonos soberanos, ya que los bancos internacionales miraban con recelo que el Estado perdiera ese litigio.
