Los cinco proyectos de infraestructura vial que han adjudicado, más el de la Empresa Nacional Portuaria, representan en inversión extranjera directa más de 850 millones de dólares, dinero que no entra en las arcas del Estado, según José Antonio Pineda, comisionado presidente de la Comisión para la Promoción de Alianzas Público–Privadas (Coalianza), brazo de inversión del Gobierno.
La supuesta falta de transparencia en licitaciones, privatizaciones disfrazadas, entrega de proyectos ya construidos, empresas de maletín y abuso de autoridad son algunos de los señalamientos contra Coalianza.
Pineda conversó con LA PRENSA para desvirtuar la tesis de que la recién creada institución está vendiendo Honduras en pedazos.
-¿Qué hace Coalianza, concesiona, vende o privatiza?
En realidad no hacemos privatización porque esta transfiere los activos o los bienes del Estado a un privado. Eso no lo hacemos. Los bienes siempre son del Estado, los puertos, las carreteras, los aeropuertos. Lo que se hace es un contrato de asociación público-privada (APP), donde un privado invierte capitales en instituciones del Estado, ya que este no tiene capacidad de invertir. Se le permite al inversionista que administre durante un período para que pueda recuperar su inversión.
- ¿Las alianzas son concesiones?
No, son APP. Por ejemplo: el Gobierno pone el aporte público, en este caso el puerto, que es del Estado, y el privado pone el capital para invertir y lo administra unos años para asegurarse de que no solo invertirá el capital, sino que administrara eficientemente. Es un contrato, una figura nueva, porque normalmente el Estado administra. Cuando se termine el contrato, esa estructura se le entrega al Estado.
-¿Coalianza está vendiendo al país en pedazos?
La palabra venta se debe entender conceptualmente. Si usted me entrega una cantidad de dinero y le entrego un bien a cambio, es una venta; pero en ningún momento, en los contratos adjudicados, el Estado ha recibido dinero ni se les ha traspasado una propiedad. Las propiedades y los activos siguen siendo del Estado. Por lo tanto no es venta. La gente dice esto por falta de conocimiento e información y por algunos temas políticos.
-¿Qué gana el Estado de Honduras con estos contratos?
Gana lo que llamamos competitividad y mejor prestación de servicios para la población. El Estado no recibe dinero por estas alianzas. Lo que se busca es que los dineros se inviertan. El Estado no va a recibir ni un peso de los proyectos adjudicados. Por ejemplo, en el corredor logístico, el privado tiene que invertir en la ampliación de cuatro carriles y en el mantenimiento. Ellos van a recuperar esa inversión con el tiempo. Es un riesgo que corren.
-¿Quién corre más riesgo, el Estado o el inversionista?
La mayor cantidad de riesgo es de los privados (inversionistas) porque al principio llegan, ponen el dinero y no van a recibir ni un centavo hasta que el proyecto esté operativo, como el aeropuerto Palmerola. En los primeros años solo corren riesgos y por eso tienen garantías en el contrato, la tranquilidad de que va a estar vigente, que se va a respetar, etcétera.
-¿Por qué los contratos los están otorgando a 20, 30 y hasta 40 años?
Esto depende de los montos de inversiones que hagan, de los volúmenes de tráfico en el aeropuerto y las carreteras o el movimiento en el puerto. Ellos proyectan cómo pueden hacer crecer ese movimiento y, entre mayor volumen haya, más rápido recuperan su inversión. Por eso se les deja administrar también porque desean calidad en sus servicios y que la gente quiera usar las carreteras, aeropuertos y el puerto, por ejemplo.
-¿Qué beneficios hay con las alianzas público-privadas?
Muchos. En lugar de invertir 100 millones de dólares en una carretera, el Estado está obligado a hacer inversiones sociales donde no es atractivo para un inversionista privado.
-¿Entonces empresas como Soptravi y la Portuaria no son competitivas?
No es que no lo sean. No hay dinero, en primer lugar. El problema en la administración pública es mundial. Todos los países tienen períodos de gobiernos de cuatro y cinco años. Cuando cambian no hay continuidad en el mantenimiento de carreteras, aeropuertos y puertos. Los cambios de gobierno dañan muchos proyectos como estos.
-¿Qué pasa si el próximo Gobierno desbarata todo lo que ha hecho Coalianza?
Puede ser. Nada es definitivo. Lo que pasa es que los Gobiernos, por muy distintas que sean sus ideas, deben entender que estos contratos se tienen que respetar y, si no se respetan, vienen las repercusiones para el Estado. Un ejemplo claro es la concesión de InterAirports. Gobiernos posteriores lo han respetado.
-¿Qué garantías hay de que los proyectos ya adjudicados no sean ejecutados por empresas de maletín?
Es bien sencillo. La garantía es qué empresa de maletín tiene 100 millones de dólares. La empresa de maletín puede formarse con dos personas que no tienen capacidad de ejecutar el proyecto y viene el Estado y les entrega el proyecto con los recursos. Se lo puede dar a cualquiera que no tiene capacidad y es un amigo o un conocido. En las APP no puede suceder porque una empresa que tiene 600 millones de dólares no es de maletín. El dinero no lo pone el Estado. Esa es la gran diferencia.
-¿Quién supervisa las obras?
Todas las obras tienen contratos de supervisión. Coalianza ha procedido a hacer las licitaciones de las supervisiones de los contratos porque, si el proyecto no tiene supervisión, la obra puede arrancar hasta en dos o tres años.
-En el corredor logístico y turístico, ¿por qué Soptravi no lleva a cabo la supervisión?
Perfectamente pudieron hacerlo, pero en ese momento entendimos que Soptravi no tenía “buena vibra”, si así lo queremos llamar, sobre las APP. Ellos querían seguir con el esquema de obras públicas y las licitaciones. No estaban muy anuentes a que se implementaran las APP. Entonces, si dejábamos en manos de Soptravi la supervisión, podíamos correr el riesgo de que el proyecto no se ejecutara.
-¿Qué les dice a los críticos que señalan que Coalianza es un poder absoluto en la administración pública?
Que están completamente equivocados porque, si Coalianza es un poder absoluto, ¿cómo llamamos a la Secretaría de Finanzas? Finanzas consigue créditos para todos los proyectos del Estado. Entonces es un poder absoluto. Coalianza es la contraparte de Finanzas porque cualquier proyecto que se quiera financiar del Estado cuando no hay recursos, vienen a Coalianza -que es la otra fuente de financiamiento- y busca al privado para que invierta.
-¿Por qué se concedieron obras ya construidas como el corredor logístico y turístico?
Por una sencilla razón. Al final de cuentas, estos proyectos dependen de cómo se va a recuperar la inversión para el privado. Hay tramos que ya están construidos, como el de Comayagua a Tegucigalpa, pero la recta del Lago de Yojoa tiene que ampliarse a cuatro carriles y de San Pedro Sula a Puerto Cortés está en malas condiciones. Al inversionista no se le adjudican tramos, sino todo el corredor. Es importante entender que les darán mantenimiento a las carreteras.
-¿Qué pasó con Hondutel?
Ahora no tenemos nada que ver. En algún momento se consideró, se evaluó ayudar al Presidente si él nos lo pedía o la junta interventora. Eso nunca sucedió formalmente. Se tuvieron algunas ideas, pero al final no sucedió. No estábamos estructurando algo.
-¿Cuánto llevará el rescate de la Enee a través del contrato de los servicios de iluminación, transmisión y despacho?
Tenemos un cronograma de que estos programas le traerán un ahorro a la Enee en las pérdidas. A unos tres, cuatro años, como máximo, una vez que se inicien los proyectos, podría llegar a un punto de equilibrio.
-¿Qué sigue para Coalianza?
En licitación tenemos el proyecto del aeropuerto de Palmerola. Los demás ya están en ejecución. Vienen unas licitaciones para la Enee que se derivan de los fideicomisos que se van a desarrollar. El proyecto más importante para el país y para Coalianza es el de la Enee. Esta empresa tiene 5,000 millones de lempiras de déficit anual y esa cantidad la debe tener todos los años el Estado para cubrir las pérdidas en sus redes. Esto no lo tiene la Portuaria; por eso, el proyecto de la Enee es el de más impacto positivo.
En 2010
El Congreso por medio de la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada (Decreto Legislativo No.143-2010) crea la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada.
Tres
Comisionados, electos por el Congreso por períodos de siete años, conforman Coalianza. Pueden ser reelegidos.
