Unos 400 indígenas miskitos hondureños han muerto y 4.200 han quedado discapacitados por la pesca de la langosta, que se realiza buceando en condiciones extremas, denunciaron este lunes activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Los miskitos no son entrenados adecuadamente, usan un equipo obsoleto y no reciben tratamiento médico oportuno ante las frecuentes secuelas, como el síndrome de descompresión, que puede ser letal, afirmaron las organizaciones de derechos humanos.
'El Estado hondureño no ha cumplido con sus obligaciones y ha dejado a las víctimas en la desprotección frente a los empresarios' de la industria de la langosta, afirmó Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, durante una audiencia en la CIDH.
Honduras aprobó en 2001 un reglamento de seguridad para la pesca submarina y en 2004 nombró una comisión para reducir los accidentes, sin avances concretos, afirmaron los abogados de CEJIL.
En la audiencia, declaró Amisterio Vans, un miskito que sufrió descompresión y recibió atención médica recién cuatro días después del accidente, lo que le dejó secuelas permanentes que le impiden caminar y escuchar correctamente.
Las cámaras hiperbáricas que se usan para tratar la descompresión son escasas en la costa hondureña, donde trabajan unos 1.700 miskitos en la pesca de langosta.
Vans presentó una demanda laboral en 2001 para solicitar compensación, pero dijo que la abandonó cuando fue amenazado de muerte.
'Estoy en una vida muy pobre, puedo decir la verdad, que vivo con mi familia que me mantiene. (...) Yo no puedo hacer un trabajo', dijo Vans.
La procuradora general Ethel Deras defendió en la audiencia los logros de su gobierno para mejorar la situación de los buzos miskitos.
'Han habido avances significativos' dijo. Se han instalado nuevos centros de salud y se han lanzado planes para brindar a los miskitos alternativas de trabajo, aunque admitió que ha sido difícil 'ejecutar los fallos judiciales' a su favor.
Deras indicó que el gobierno hondureño quiere un acuerdo amistoso para resolver el caso de los buzos, actualmente en trámite en la CIDH.
Pero los indígenas esperan 'una propuesta concreta, con un cronograma y presupuesto definidos', luego de varios 'esfuerzos aislados desde el 2001' que no han sido efectivos, agregó Marcia Aguiluz, de CEJIL.
